¿Por qué nadie quiere encargarse del Registro Civil?
Nadie quiere hacerse cargo del Registro Civil. Ni el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) ni los registradores de la propiedad están dispuestos a gestionar este servicio público. Los trámites son una obligación legal de los ciudadanos, que deben consignar nacimientos, matrimonios, defunciones o nuevas nacionalidades. Sólo en 2012 los registros españoles hicieron 1.307.027 operaciones, de las que más de 450.000 fueron nacimientos y unas 402.000 defunciones.
Pero no está claro quién será el que gestione toda esta documentación. El Ministerio de Justicia decidió pasarla a los registradores de la propiedad, pero la pelota regresó de estos otra vez al Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón, y desde allí pasó otra vez al registro, ahora en concreto a los registradores dedicados a lo mercantil. Y en medio de este traspaso de patata caliente están los ciudadanos, que no tienen más remedio que acudir al registro y que, a pesar de que el ministro lo ha negado, ven en este tema la sombra del copago.
Y además están los trabajadores de los registros civiles, que no saben dónde acabarán o si, simplemente, serán despedidos. Los sindicatos calculan “una gran pérdida de empleo”. Aseguran que no menos de 5.000 puestos estarán afectados, de los que “al menos el 50% son funcionarios interinos cuyas plazas se perderán” al pasar el servicio a oficinas con personal privado. Eso dejaría, según estos cálculos, a más de 2.000 personas en la calle.
El Ministerio ha asegurado el trabajo para los funcionarios de su competencia “fijos o interinos”, pero la gran mayoría de este cuerpo de los registros depende de las comunidades autónomas, no del Gobierno central. María Novoa, de CCOO, pone el ejemplo del Registro Central de la calle Pradillo, “donde la interinidad llega al 60%”. Todos esos puestos pueden amortizarse “más los que tengan que salir despedidos para acoger a los fijos cuyo puesto en el registro se esfume”, subraya.
Gratis, no
Una ley orgánica aprobada en 2011 sacaba los registros civiles del ámbito de los jueces y consignaba esta labor a los secretarios judiciales o “funcionarios de carrera del Subgrupo A1 que tengan la licenciatura en Derecho o la titulación universitaria que la sustituya”. Pero el actual Ministerio de Justicia tomó la decisión de librarse de este cometido y encomendárselo a los registradores de la propiedad a finales de 2012. La ley debía activarse en julio de este año, pero ya está previsto su retraso.
“Los registradores nos dijeron finalmente que no lo harían gratuitamente”, cuentan ahora fuentes del Ministerio. Así que se desistió de ese proyecto que para haber cuajado necesitaba culminarse como una suerte de privatización: que los usuarios pagaran por los trámites para compensar a los registradores. Pero no se abandonó la idea de deshacerse del servicio. El martes pasado, Gallardón se desmarcó con un nuevo movimiento: los registradores de lo mercantil también lo serán de lo civil. Suman unas 120 oficinas en toda España.
Así que un grupo de registradores de la propiedad en el ámbito mercantil ha decidido que sí asumirá este trabajo sin recibir nada a cambio, aducen ahora en Justicia. Pero el Colegio Oficial lo rechaza de plano y dice que “el Registro Civil es demasiado y su costo, ni el propio Gobierno sabe cuál es”. Además, se atreven a vaticinar que “el Ejecutivo pretende que esta carga tremenda la soporten los registradores o, de manera indirecta, los usuarios del Registro Mercantil”. Es decir, que barruntan que se suba el precio a esos trámites.
Trasladada la cuestión al Ministerio de Justicia, un portavoz ha contestado a eldiario.es que “no está previsto subir aranceles” para los trámites habituales del Registro Mercantil y no se piensa trasvasar una partida económica compensatoria. “El volumen de negocio de los mercantiles es más constante, menos sujeto a vaivenes de crisis económica”, analizan fuentes del Ministerio para explicar por qué podrían asumir las labores de Registro Civil sin compensación. “La inmensa mayoría de los registrados no quieren esta función”, responde el decano del Colegio Oficial, Gonzalo Aguilera.
Al final del túnel, lo que sospechan los trabajadores del Registro Civil con los que ha consultado eldiario.es es que “los primeros registros serán gratuitos y lo que se haga electrónicamente también, pero terminarán por pasar una tasa por otros trámites”. En esa línea, el colectivo de registradores ve “razonable un sistema mixto” en el que algunas cosas no se cobren y otras sí.
Lucha interna de registradores
Tras el anuncio del ministro en el Senado esta semana, el Colegio Oficial de Registradores ha entrado en erupción: “No queremos el registro y la mayoría de los colegiados así lo han expresado”, ha reiterado el decano Aguilera. ¿Y los registradores que han impulsado el proyecto en el Ministerio? “Son un grupo minoritario”, ha contrapuesto Aguilera. El propio decano ha hablado de “posible cisma en el colectivo”. De hecho, no existe un grupo independiente de mercantiles. Son todos registradores de la propiedad cada uno con una función.
Lo cierto es que en el colegio hay una tensión interna entre los que quisieron hacerse con el Registro Civil y los que no aceptaron gestionarlo “gratis”. Esta división se trasladó a las últimas elecciones del colegio, en las que se impuso la mayoría del 'no' al registro. Pero los movimientos subterráneos no se han detenido, a la luz de la reforma ahora anunciada por el Ejecutivo.
Para completar el poliedro, Justicia estima que “habrá mucho menos trabajo con la digitalización general”. Hasta un 85% menos de certificaciones, dicen. “Los nacimientos y defunciones las harán los médicos y forenses automáticamente”, ha asegurado un portavoz.
Estas intrigas de carácter casi palaciego podrían parecer inocuas si no fuera porque en el extremo final está un servicio público, obligatorio para los ciudadanos, con miles de trabajadores en el alero y montones de dinero público ya invertidos en la renovación del Registro Civil.
