“Una buena regulación de la dación en pago no lleva a ningún banco a la quiebra”

Miquel Sàmper (Terrassa, 1966) es decano del Colegio de Abogados de Terrassa y adjunto a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española. Además, es el gran impulsor de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, un servicio gratuito que la Abogacía y una veintena de ayuntamientos ofrecen para facilitar la comunicación entre las entidades financieras y las familias que no pueden pagar sus préstamos de vivienda o que ya se encuentran en un proceso de ejecución hipotecaria.

El proyecto nació en enero de 2012 en Terrassa y se ha ido extendiendo a todo el territorio español: Jerez, Cádiz, Granada, Almería, Córdoba, Girona, Manresa, Granollers, Ourense, Pontevedra, Zaragoza, Valencia, Castellón, Mataró, Antequera, Gijón, Málaga, Teruel, Pamplona y Jaén ya se encuentran en funcionamiento. Y Barcelona, Tarragona y Salamanca están gestionando su puesta en marcha.

Según sus propios datos, las Oficinas de Intermediación han conseguido acuerdos entre las partes en más de la mitad de los casos. El coste medio de cada expediente cerrado ha sido de 166 euros (que en ningún caso paga el usuario del servicio) frente a los 3.000 euros de coste del proceso judicial hipotecario y los otros 3.000 que el expediente judicial supone al Estado.

Las Oficinas de Intermediación Hipotecaria han conseguido, de media, un 60% de acuerdos. ¿Eso quiere decir que hay posibilidad de entendimiento entre bancos y familias?

Claro que la hay. Mucho más de lo que se piensa. Nuestro objetivo es conseguir una solución que perjudique lo menos posible a la familia. Por eso, lo primero que hacemos es un diagnóstico de la solvencia presente y futura del deudor. No es lo mismo una familia en la que ella está pendiente de conseguir una plaza de profesora y él es un aparejador en paro que un matrimonio en el que él es peón de la construcción desempleado y ella trabajadora doméstica. Hay gente que va a tener muchísima dificultad para reincorporarse al sistema productivo y es mucho más vulnerable.

¿Cuáles son las soluciones más frecuentes?

En los casos más difíciles sólo cabe la dación en pago que cancela la deuda y el establecimiento de un alquiler social de no más de 200 euros. En todos los demás se evalúan las posibilidades de refinanciamiento del préstamo y la deuda. Se revisan plazos y condiciones, e incluso se establecen periodos de carencia por los que se deja de pagar durante tres y hasta cinco años, porque se entiende que la situación de insolvencia es transitoria. Si después esa familia no se recupera, el acuerdo se puede revisar.

¿Ha mejorado la actitud de los bancos para intentar evitar los desahucios?

Los bancos siguen estando muy duros. Pero de a poco su muro de hormigón se va resquebrajando. Un poco por los cambios legales que, aunque insuficientes, ha ido introduciendo el Gobierno, y por los exhortos que ha hecho la Unión Europea para adaptar la normativa española y eliminar cláusulas abusivas. Pero sobre todo por la presión social, que es cada vez más grande. En cualquier caso, no se puede confiar en la bondad de la entidad bancaria para solucionar el problema de un impago. Por eso en Bruselas está preparando un documento en el que aconseja que antes de iniciar una ejecución hipotecaria se exija un acto de conciliación, como ocurre por ejemplo en las demandas laborales.

¿Hay que ampliar las facultades de los jueces en materia de desahucios, como opina la Defensora del Pueblo?

Si se readapta realmente la normativa a la de la UE, esto no es necesario, porque los jueces sólo tendrían que aplicar la ley. Ahora el marco normativo es patético y está en discordancia con la situación que vivimos. Esto hace que muchos jueces, echándole valor, lleguen a suspender desahucios tirando de jurisprudencia. Aquí el paso valiente lo tiene que dar el Gobierno.

¿Qué opina de la ley sobre desahucios aprobada en el Congreso?

Creo que se queda corta en muchos aspectos. Para empezar, no hace una interpretación que podamos llamar brillante del tema de las cláusulas abusivas y, sobre todo, no ahonda en la búsqueda de soluciones. Debería institucionalizar un cauce para acercar las posiciones negociadoras de las partes. Por otra parte, se queda corta en cuanto a la dación en pago, que se reserva a casos extremos. El Gobierno ha dado pasos: el código de buenas prácticas, el fondo social de viviendas, esta ley sobre desahucios. Pero son pasos tremendamente insuficientes.

¿Hay algún tipo de acercamiento del Gobierno a la actividad que llevan a cabo las Oficinas de Intermediación Hipotecaria?

El martes le presentamos el proyecto al ministro de Economía. Ya lo habíamos hecho hace tiempo con la oficina de Terrassa, pero entonces la agenda estaba marcada por el déficit y la deuda, y no nos sentimos escuchados. La última reunión fue más positiva. Entienden que es buena la figura de un letrado que busque una solución equidistante y abren la puerta a institucionalizar el sistema, aunque siguen sin ver claro temas como el de la dación en pago. En fin, hay un atisbo de esperanza.

¿Ampliar los supuestos de la dación en pago pondría en peligro el acceso al crédito, como sostiene el Gobierno?

La banca es tremendamente fuerte. No hay que tener miedo de dañarla. Si la dación en pago se regula correctamente, no va a llevar a ningún banco a la quiebra. Y no nos engañemos, las familias no acceden al crédito desde hace tiempo. Pero la dación es una solución más, no la única.

¿Ha llegado el momento de regular el concurso de particulares?

Es fundamental. No es justo que las personas no tengan derecho a reiniciar su vida después de una crisis económica o familiar y sí lo tengan los empresarios. Un empresario puede presentarse a concurso de acreedores y que su empresa quiebre y al año siguiente abrir otra sin que nadie lo discuta. De hecho, que abra otra es la esperanza que tenemos para que la economía se recupere. El impago de deudas y la dación en pago están reguladas para las empresas. Todo esto es igual de legítimo a título colectivo como individual.

¿Cree que los bancos han asumido su responsabilidad en la crisis? ¿De su gestión como entidades o de los riesgos que asumieron?

Hay una responsabilidad que no ha sido ni asumida ni reconocida. Una responsabilidad descaradamente destacada por parte de las administraciones públicas y de los bancos, que daban créditos hasta por teléfono. Que pretendían una sociedad de tipo americana en la que las familias iban pagando mes a mes la lavadora, los viajes, la casa, el coche… Y los Gobiernos lo permitían, tanto del PSOE como del PP. Nosotros somos los terceros en la línea de culpabilidad, pero muy lejos de los anteriores.

¿Qué le parece la medida de la Junta de Andalucía de expropiar temporalmente las viviendas a los bancos o de gravar sus pisos vacíos?

También lo está haciendo Cataluña, que ha dicho que va a aumentar los impuestos a las viviendas vacías. Es una forma de presionar para que estos pisos se destinen a alquileres sociales. Algo que, por otra parte, si se explicara bien, tendría más aceptación de los propietarios. Porque en definitiva obtienen una renta que no tenían y se aseguran un mantenimiento del inmueble. Todos ganan. Incluso el banco, que no quiere tener ese piso a la venta porque el mercado está parado y porque, entre otras cosas, vale la mitad de lo que lo había tasado.

¿Qué papel cree que ha jugado la PAH en hacer visible el problema de los desahucios?

Su papel de concienciación no tiene precio. Han tenido una dedicación y un valor que ha convertido a los desahucios en una prioridad de la agenda pública, aunque no tanto de la agenda política del Gobierno. Han conseguido que su iniciativa popular llegara al Congreso y fuera apoyada por todos los grupos menos el PP. Y si multiplicamos esos representantes que dijeron sí a la ILP por la cantidad de gente que los ha votado deducimos que hay una parte muy importante de los españoles que no esta de acuerdo con lo que está haciendo el Gobierno.

¿Qué opina de los escraches?

Agradecer los aplausos y soportar los abucheos son parte del trabajo de un político. Cualquier reivindicación o discordancia me parece aceptable y necesaria para la salud democrática. Pero que esto ocurra en el domicilio de alguien me crea jurídicamente muchas dudas, porque cruza la barrera de lo personal, del honor y el derecho a la privacidad. No dudo de que los fines de la PAH son absolutamente pacíficos. Pero, como abogado, creo que no es correcto pasar ciertas fronteras de riesgo.

¿Por qué cree que esta legislatura hay un enfrentamiento tan frontal entre el Gobierno y el mundo de la Justicia?

La leyes tienen que ser administradas en beneficio de la comunidad y adecuarse a las necesidades del momento social. Cuando están desfasadas hay que cambiarlas. Y la judicatura, la abogacía y la fiscalía ven que las leyes no se están adaptando con la velocidad o en el sentido que deberían. No es una reacción en absoluto gremial, sino inspirada por la necesidad social. Acabamos de presentar un manifiesto a favor de acondicionar la normativa hipotecaria pensando en los más vulnerables firmado por jueces, abogados, fiscales… Nosotros no queremos hacer ruido. Queremos elementos para trabajar. Cuando hacemos ruido es porque algo no va bien.

¿La modificación de las leyes del aborto o del Código Penal responden a esa necesidad de adaptación o de corrección de un desfase?

No me gusta que las reformas que se impulsan se deban a ideologías y no a las realidades que se viven en la calle. Es legítimo que un partido pretenda instaurar cambios de acuerdo con sus ideas, y nadie duda de lo que piensa el ministro Alberto Ruiz-Gallardón de la reinserción o del aborto. Pero la realidad manda estar a otras cosas. Con el mismo argumento con el que se pide a Cataluña que antes de hablar de independencia hable de su situación económica se puede pedir al Gobierno que hable –y legisle– sobre de lo que realmente preocupa a los ciudadanos.