Los escándalos que no conocerías si se prohibieran las filtraciones a la prensa

El ministro de Justicia ha reabierto la polémica sobre si los medios están legitimados para publicar documentos que están bajo secreto o custodia judicial. Rafael Catalá sugirió este miércoles que no hay que descartar que se estudien sanciones a los periódicos, radios o televisiones que publiquen informaciones sobre investigaciones en curso. Unas palabras que coinciden con la celebración el próximo domingo del Día Internacional de la Libertad de Prensa y que han escandalizado al sector de los medios de comunicación, al calificarlas de “censura”. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha calificado la medida de “barbaridad”. Y que han sido rechazadas hasta por el PP, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. De nada le ha servido al ministro rectificar diciendo que su propuesta solo era una “reflexión” que “nada tiene que ver con sancionar a los medios de comunicación”.

De aplicarse esta “reflexión” de Catalá, los medios tendrían que responder ante las administraciones e incluso los jueces por publicar información que en la mayoría de ocasiones ha servido para destapar los entresijos de casos muy graves. Y que incluso han servido a los partidos para descubrir cuáles de sus miembros se encontraban implicados en ciertas causas. Una paradoja de cara a las consecuencias que tienen estas filtraciones en la esfera pública, ya que no son pocos los políticos que aseguran que se enteran de casos que afectan a sus ámbitos próximos por la prensa.

Las manifestaciones del titular de Justicia no fueron concretas. La ambigüedad de Catalá no permite aclarar si el ministro propone abrir el debate de las sanciones a los que publiquen filtraciones sobre causas que están judicializadas y bajo secreto de sumario o si se refería a cualquier tipo de revelación. La Ley ya contempla que miembros de la administración respondan ante la justicia si revelan información de la que disponen, por medio del delito de revelación de secretos contemplado en el Artículo 197 del Código Penal.

¿Cuáles serían los casos destapados por la prensa que, según la postura de Catalá, deberían contemplar una sanción solo por publicarse?

Caso Gürtel

La investigación de la trama corrupta liderada por Francisco Correa fue iniciada por la Fiscalía Anticorrupción y acabó en manos del juez Garzón cuando aún era titular del juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional. Las filtraciones del sumario a la prensa comenzaron en febrero de 2009 y permitieron saber quiénes eran los principales implicados en el caso. Las informaciones publicadas por El País o El Mundo desvelaron, por ejemplo, la implicación del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. El también dirigente del PP acabó dimitiendo por las acusaciones de haber recibido dádivas de la trama, de las que finalmente fue absuelto en la conocida 'causa de los trajes'. El caso tuvo su otro foco principal en la Comunidad de Madrid, salpicando a alcaldes y diputados autonómicos de los 'populares'.

Caso ERE

El diario ABC publicó unas grabaciones en las que se escuchaba a dos directivos de Mercasevilla extorsionar a unos empresarios para que les diesen 450.000 euros a cambio de una subvención de 900.000 euros otorgada por la Junta de Andalucía para así poder abrir una escuela de Hostelería. Fue en 2009, y esto dio origen al caso de los ERE fraudulentos en la comunidad andaluza y al caso Mercasevilla. Estas grabaciones llegaron al gobierno andaluz que presidía Manuel Chaves, que las entregó a la Fiscalía. Otra de las revelaciones conocidas gracias a la prensa fue que el exdirector de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero gastó 25.000 euros de fondos de los ERE en cocaína. La causa sigue en instrucción en los juzgados de Sevilla y ha llegado hasta el Tribunal Supremo, tras la imputación, entre otros, de los expresidentes Chaves y José Antonio Griñán por su supuesta implicación.

Caso Cooperación

La desviación de fondos públicos destinados al tercer mundo por la consejería de Solidaridad de la Generalitat Valenciana fue otro de los casos destapados gracias a una filtración a la prensa. Rafael Blasco, consejero de Francisco Camps entre 2008 y 2010, autorizó adjudicaciones por 1,66 millones a la Fundación Cyes para hacer trabajos de cooperación en Nicaragua. Solo 43.000 euros de todo el dinero llegaron a América Latina y el resto fue utilizado para adquirir suelo y garajes en Valencia. Dos diputadas de PSOE y Compromís lo denunciaron ante la Fiscalía, iniciándose el también conocido como 'caso Blasco'. El Tribunal Superior de Justicia valenciano condenó al exconseller en 2014 a ocho años de cárcel y veinte años de inhabilitación absoluta por delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y delito continuado de falsedad en documento oficial.

Los papeles de Bárcenas

Los apuntes del extesorero del PP Luis Bárcenas revelaron que el partido del Gobierno dispuso de una contabilidad paralela alimentada por donaciones de empresarios y que servía para pagar sobresueldos a los dirigentes de la formación. Los papeles de Bárcenas fueron destapados por el diario El País y dispararon las sospechas sobre la cúpula del PP. Finalmente, el caso Bárcenas acabó siendo una pieza separada de la causa de Gürtel, donde el exsenador también estaba imputado. Durante la instrucción del juez Pablo Ruz, la prensa difundió los informes policiales de la causa, que confirmaban la caja B de Génova, 13. Esa financiación irregular durante dos décadas ha sido acreditada finalmente por el juez de instrucción.

Los correos de Blesa

eldiario.es publicó la correspondencia a través de email que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa mantuvo con directivos de la entidad o empresarios durante su gestión al frente de la caja. La filtración de estos correos permitió conocer que Blesa avaló la comercialización de las preferentes, el dispendio en viajes con dinero de la entidad o que los consejeros y directivos de Caja Madrid disponían de una tarjeta en negro a efectos fiscales. Esto último dio pie a una pieza separada del caso Bankia en octubre de 2014.

Las tarjetas 'black'

La existencia de una tarjeta 'black' a efectos fiscales fue conocida gracias al contenido de uno de esos correos de Blesa publicado en exclusiva por eldiario.es. Los extractos de las tarjetas no declaradas a Hacienda de políticos y sindicalistas que cobraban de la caja desvelaron la vida de lujo que llevaban muchos de ellos. Entre los gastos había joyas, hoteles, viajes, alcohol, fiestas o ropa. Todo a espaldas de la Agencia Tributaria. Otro de los usos que le dieron a la 'black' los implicados fue el de sacar dinero de los cajeros automáticos. El más 'destacado' en este aspecto fue José Antonio Moral Santín, que en sus últimos meses en la entidad sacaba 600 euros a la semana. El otro que más gastó fue el director financiero de la caja, Ildefonso Sánchez-Barcoj. Rodrigo Rato, que afronta actualmente investigaciones por su patrimonio no declarado, pagó una cena con su 'black' el mismo día que se anunció el rescate de Bankia.

La trama Púnica

El mismo día que Rafael Catalá expuso su “reflexión” se difundieron datos relevantes de la investigación sobre la trama de corrupción Púnica. Estas informaciones se conocieron a las pocas horas de que las decenas de imputados tuvieran acceso a la causa. Esta causa, en la que el juez Eloy Velasco investiga las adjudicaciones de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales, supuso la entrada en prisión preventiva del ex número 2 de Aguirre en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, por “pertenencia a una organización criminal”. También están implicados varios alcaldes de distintos municipios madrileños, como Parla o Collado Villalba, además de empresarios y cargos municipales.

Entre las dimisiones o renuncias por el caso está la del consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, que no va en la listas del PP a las municipales después de que un imputado le vinculase al caso cuando el sumario aún era secreto. Las ramificaciones de la trama también llegaron a Castilla y León y Murcia, donde se produjeron detenciones. Los interrogatorios a los imputados y testigos, publicados por varios medios, permitieron conocer el contenido de la declaración del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, o el control que el empresario David Marjaliza tenía sobre varios pueblos de Madrid. O incluso cómo los pliegos de los contratos municipales venían redactados por las propias compañías de Marjaliza.