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La Policía multa a 30 personas al día por “faltas de respeto” a los agentes desde que entró en vigor la Ley Mordaza

Manifestantes en la protesta Rodea el Congreso de 2012.

Raúl Sánchez

Desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, se han tramitado 6.217 sanciones por “faltar el respeto a los miembros de las fuerzas de seguridad”. Esto supone una media de 29,4 sanciones al día entre el 1 de julio de 2015, cuando entró en vigor la ley, y el 28 de enero de 2016, según datos obtenidos por eldiario.es a través de una petición de información al Ministerio de Interior.

Desde entonces, las faltas de respeto se han convertido en el segundo motivo de sanción impuesta por la aplicación de la Ley Mordaza, solo por debajo del consumo o tenencia de drogas en lugares públicos, que acumula 18.000 sanciones desde julio.

Los datos proporcionados a eldiario.es son los de expedientes sancionadores tramitados por la Administración General del Estado a través del Ministerio de Interior. Estos datos no incluyen las denuncias de las fuerzas de seguridad que todavía no han sido elevadas o fueron desestimadas por el órgano sancionador. Tampoco incluyen las de las policías autonómicas independientes, como la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra. Por tanto, los datos de Cataluña y País Vasco están infrarrepresentados.


Sanciones tramitadas en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana

Incluye los datos de sanciones tramitadas por las Delegaciones del Gobierno desde julio de 2015 hasta el 28 de enero de 2016

Fuente: Ministerio de Interior | gráfico: Raúl Sánchez

El artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana establece como infracción leve “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones”, con multas de entre 100 y 600 euros. Las multas impuestas por este motivo desde la llegada de la Ley Mordaza promedian 145 euros por sanción, según los datos analizados por eldiario.es.

“Ahora el Gobierno es juez y parte sobre una serie de infracciones que antes estaban en manos de jueces independientes”, explica Joaquin Bosch, portavoz de Jueces por la Democracia. El artículo 52 de la ley establece que la “denuncia” del agente constituirá “base probatoria suficiente” para adoptar la resolución que proceda. “En el ámbito judicial la palabra del agente no es suficiente, hay que probarlo”, critica Bosch.

Gracias a estas sanciones, el Gobierno podría recaudar más de 900.000 euros con las sanciones impuestas por “faltar el respeto” a las fuerzas de seguridad. Un cálculo que no tiene en cuenta los posibles pagos voluntarios de los ciudadanos, que solo abonarían el 50% si lo hacen antes de los 15 días de conocer la sanción, o las denuncias presentadas que todavía no han sido elevadas.


Cuantía de las sanciones tramitadas en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana

Incluye los datos de sanciones tramitadas por las Delegaciones del Gobierno desde julio de 2015 hasta el 28 de enero de 2016

Fuente: Ministerio de Interior | gráfico: Raúl Sánchez

Radiografía de siete meses de Ley Mordaza

Desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, casi la mitad (47%) de los expedientes tramitados estuvieron relacionados con drogas. Prácticamente todos esos expedientes estaban motivados, concretamente, por consumo o tenencia de drogas en lugares públicos. Las multas por este motivo suman los 9,5 millones de euros.

Hasta el 28 de enero se han tramitado en España más de 40.000 sanciones en virtud de la nueva normativa. La recaudación por esas sanciones podría alcanzar los 18,3 millones de euros solo en los últimos siete meses.


Distribución de las sanciones según el tipo de infracción

Incluye los datos de sanciones tramitadas por las Delegaciones del Gobierno desde julio de 2015 hasta el 28 de enero de 2016

Fuente: Ministerio de Interior | gráfico: Raúl Sánchez

Por comunidades, Cantabria se alza con el mayor número de sanciones por habitante, según los datos suministrados por las delegaciones del Gobierno. Desde julio se tramitaron más de 551 sanciones cada 100.000 habitantes por infringir la Ley de Seguridad Ciudadana. De lejos le siguen Castilla y León y Canarias, con 213 y 205 sanciones por cada 100.000 ciudadanos.


Sanciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, por comunidad autónoma

Los datos se muestran por cada 100.000 habitantes. Incluye los datos de sanciones tramitadas por las Delegaciones del Gobierno desde julio de 2015 hasta el 28 de enero de 2016

Fuente: Ministerio de Interior | gráfico: Raúl Sánchez

Respecto a otros artículos polémicos y contestados de la ley, hay 18 sanciones por utilizar fotos de policías o de objetos que puedan identificar a un miembro de las fuerzas de seguridad. Además, se han puesto 71 sanciones por obstruir a la autoridad en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales, que incluye, por ejemplo, las personas que traten de impedir un desahucio.

“España es uno de los países menos violentos de la UE”, argumenta Alba Villanueva, portavoz de la plataforma No Somos Delito, que agrupa a más de 70 organizaciones de activistas, ciudadanos y juristas. Denuncia que con la nueva ley de seguridad ciudadana muchas conductas que antes iban por la vía penal -donde hay un juez- ahora pasan o se duplican en la vía administrativa -son los funcionarios los que valoran-.


Sanciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, por provincias

Los datos se muestran por cada 100.000 habitantes. Incluye los datos de sanciones tramitadas por las Delegaciones del Gobierno desde julio de 2015 hasta el 28 de enero de 2016. Datos de la provincia de Badajoz no disponibles

Fuente: Ministerio de Interior | gráfico: Raúl Sánchez

Desde el 1 de julio de 2015 se han tramitado 3.700 sanciones por desobediencia o resistencia a la autoridad o por negarse a identificarse. Villanueva critica que este artículo, al no especificar, permite sancionar conductas de resistencia pasiva, por ejemplo, en sentadas de protesta. “Ahora las sanciones no son resueltas por un juez imparcial sino por un Gobierno que puede tener intereses políticos ante protestas sobre su gestión”, sentencia Joaquim Bosch.

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