Los recortes en sanidad abren el camino al sector privado y cargan el copago de las familias
La aportación pública al sistema sanitario desciende año a año dejando cada vez más hueco al gasto privado. Según la última edición del Sistema de Cuentas de Salud de 2012, editada el pasado agosto por el Ministerio de Sanidad, la inversión pública cayó en 3.903 millones de euros: pasó de 72.500 a 68.600. Un 5,3% menos. En 2009 esa partida fue de 75.355 millones. Al mismo tiempo, el dinero privado pasó de 26.312 millones a 27.064. 752 millones más. Creció un 2,8%.
Las decisiones políticas que han detraído recursos a hospitales, centros de salud, residencias o campañas de salud han favorecido, por un lado, el aumento del campo de negocio de la sanidad privada y, por otro, han trasladado directamente al ciudadano parte de la financiación sanitaria, es decir, un mayor copago. Basta con mirar el apartado del documento que habla de “pagos directos de los hogares”. Desde 2009, las familias han incrementado sus facturas sanitarias en 2.159 millones de euros (11,5%). Soportan el 77% del gasto privado.
Cuando las cuentas calculan ese tipo de gasto, se incluye el aseguramiento mediante compañías pero también el pago de medicamentos, productos de ortopedia, el abono directo de servicios como el dental o el óptico o los medicamentos que no están financiados.
Pero, además, la cuenta oficial consigna la cantidad de millones de euros que se computan como gasto público pero se van a cuentas privadas. En este sentido destaca el dinero de las residencias. El Ministerio revela que “más de la mitad del gasto sanitario público dedicado a financiar la asistencia prestada en establecimientos de atención medicalizada y residencial corresponde a conciertos”. Trasvase desde las cuentas públicas.
La sanidad depende en una inmensa proporción de las Comunidades Autónomas. Un 91%. Así que hay que buscar las acciones y políticas de los Gobiernos regionales para dibujar una imagen del curso que toma el sistema sanitario. Y durante estos años, las palabras de los responsables políticos se han ocupado, sobre todo, de subrayar la factura a la hora de financiarlo. En esta línea, la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, repetía en julio de este año: “La mejor sanidad pública es la que cuenta con las mejores técnicas, los mejores profesionales y la que se puede pagar. Si tenemos una sanidad con 5.000 millones de euros de deuda -como ocurría hasta hace tres años- no se puede hablar de sanidad pública, sino de la bancarrota de la sanidad pública”.
Esta semana, el 4 de septiembre, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, presumía de que “mientras que otras regiones reducían los gastos sanitarios de forma lineal en consonancia con sus menores ingresos, en Madrid, hemos aumentado el porcentaje de nuestro presupuesto destinado a financiarla, hasta alcanzar ya prácticamente el 50%”. Su compañero en Galicia, Albero Núñez Feijoo, aseguraba en diciembre de 2013 que “ni privatizamos ni privatizaremos la sanidad pública en Galicia. Cualquier hospital gallego tiene la misma garantía de público que la catedral de Santiago”, al explicar cómo adjudicaría a un contratista el hospital de Orense.
Menos peso global que en otros países
Más allá de las declaraciones, las cifras del documento oficial son tozudas a la hora de reflejar la realidad. Establecen, por ejemplo, que el “30,6% de los recursos financieros de las administraciones públicas para proveedores de atención ambulatoria y el 11,% para hospitales se dedicaron a sufragar servicios prestados en establecimientos sanitarios de titularidad privada”. Es el lenguaje técnico que habla de las partidas destinadas a adjudicaciones a empresas, a las pruebas diagnósticas realizadas en clínicas privadas o las derivaciones a centros privados para operar –y aliviar en muchos casos las largas listas de espera quirúrgica–.
Además, la parte de gasto que llega desde las arcas públicas va decayendo con el paso de los años. En realidad, casi cada curso disminuye y en 2012, último dato cerrado, se quedó en el 71% (de 95.670 millones). “Queda demostrado que lo que nos cuentan sobre lo caro que sale mantener la sanidad no se corresponde con la realidad”, reflexiona José Manuel Freire, que fue consejero de Sanidad en el País Vasco y ahora diputado regional en Madrid por el PSM. “Si comparas esa parte del pastel que se abona con fondos públicos con otros países compruebas que en el Reino Unido se van al 85%, en Francia también están en esa proporción. Nos mienten sobre lo costoso que es”, insiste.
