Las relaciones entre políticos, empresas, adjudicaciones sanitarias y coacción de pacientes
La cúpula de la Consejería de Sanidad de Madrid (la viceconsejera, Patricia Flores, el director general de Hospitales, Antonio Burgueño y los ex consejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes) tendrá que pasar en septiembre ante el juez Marcelino Sexmero en su investigación sobre la privatización de hospitales en la región. La querella presentada por la asociación de médicos Afem ha provocado que los dirigentes sanitarios tengan que responder judicialmente. La investigación busca aclarar una batería de supuestas irregularidades.
Relaciones entre políticos y empresas
Por un lado, “la vinculación de excargos y cargos políticos con empresas privadas concesionarias o partícipes en la gestión sanitaria”. Eso tendrá que explicar el actual director de Hospitales Antonio Burgueño, cuyo hijo es directivo de la primera concesionaria del hospital de Torrejón de Ardoz, Ribera Salud (el juez también ha citado a los responsables de la empresa).
Se da la casualidad de que Burgueño se ha inhibido de la Mesa de Contratación que actualmente está formada para privatizar la gestión de más hospitales por esta misma circunstancia. En su momento dijo que esta vinculación no influía en el proceso ya que la concesión del centro de Torrejón la hacía otro departamento (Infraestructuras), no el suyo. Sobre esta vinculación entre empresas contratadas y jefes políticos, deberá indagar Sexmero al ex consejero Juan José Güemes con la compañía Unilabs, que se quedó con los análisis clínicos públicos que privatizó la sanidad madrileña.
En ese sentido, otro exconsejero, Manuel Lamela, está vinculado a Assignia, empresa que se hizo con los servicios privatizados del hospital de Aranjuez. Ambos, Lamela y Güemes, fueron los políticos que iniciaron y aceleraron el modelo privatizador de la sanidad en el que está inmersa la Comunidad de Madrid y que ahora investiga el juzgado de instrucción.
Lamela puso en marcha los hospitales semiprivatizados cuya construcción y servicios no sanitarios se cedieron a compañías. El segundo inauguró esos hospitales y adjudicó la segunda oleada de privatizaciones que ya incluía la gestión de la parte médica por parte de empresas. En esa oleada entraron Torrejón de Ardoz –que se quedó Ribera Salud–; y Móstoles y Collado Villalba –ahora en manos de Capio Sanidad–. También se creó el laboratorio central de análisis clínicos, que ganó un consorcio entre Ribera y Balagué y que fue adquirido años después por Unilabs. Al tiempo Unilabs contrató como consejero a Güemes.
Coacción de pacientes
Los interrogatorios del juez de instrucción también acometerán “la derivación del paciente a través del denominado Call Center” en lo que llaman “coacción de pacientes” para, en palabras de Sexmero, hacer “un trasvase de la sanidad pública a la privada”. Esto hace referencia a las llamadas para concertar citas –sobre todo en la atención de especialistas– que, según estas sospechas, dan preferencia a los centros de gestión privada.
Como ejemplo de este fenómeno, el Centro de Salud Mental de Navalcarnero (Madrid), de gestión 100% pública, pende de conseguir una “demanda” y actividad “significativa” para seguir funcionando, según les avisó el director Burgueño. Mientras, sus trabajadores vienen comprobando cómo el centro de citación asigna preferentemente para esas atenciones el hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, gestionado por Capio Sanidad. Cada paciente de esa zona que no es atendido por los servicios privatizados supone una pérdida de dinero para la sociedad concesonaria. El call center de citas es dirigido por una contrata.
Facturación opaca
Uno de los aspectos más opacos en el proceso privatizador de la gestión hospitalaria es la facturación entre centros según se haya atendido a pacientes fuera de las áreas de referencia. Lo que pretende establecer la investigación es si la Consejería de Sanidad (el SERMAS) cobra de manera real a las empresas que dirigen hospitales cada vez que un ciudadano elige ser tratado en un hospital de gestión totalmente pública.
