Una campaña pide a los pacientes que rechacen su derivación a centros privados
Un nuevo frente de lucha sanitaria: las derivaciones médicas a centros privados. La Mesa en Defensa por la Sanidad Pública ha lanzado la campaña #yoelijo20E para tratar de frenar la desviación de pacientes desde los centros públicos a los concertados. Aproximadamente un tercio del volumen de negocio de la sanidad privada proviene, de una manera u otra, de fondos públicos.
Ellos lo llaman “privatización encubierta” y se refiere al paso de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas a clínicas privadas a las que las que se les paga un canon desde la hacienda pública. La campaña se ha centrado en la Comunidad de Madrid, pero esta práctica es habitual en toda España. En Madrid, según los últimos datos disponibles de 2012, la sanidad pública derivó a 23.019 pacientes a quirófanos privados, 1.028 más que en el ejercicio previo (en total se hicieron unas 420.000 operaciones). También se realizaron un 12% más de mamografías externas (hasta las 17.141). En la Comunidad Valenciana, la Generalitat tuvo que volver a las derivaciones generalizadas a centros privados en septiembre pasado, incapaz de contener la lista de espera quirúrgica. Más de 9.000 cartas llegaron a pacientes de la región, según admitió el consejero de Sanidad, Manuel Llombart. El Ejecutivo de Alberto Fabra (PP) asignó 9 millones de euros para este plan. En Castilla y León también regresaron a la contratación de hospitales privados en 2013: 6.116 pacientes pasaron de los centros públicos a los concertados. La Junta se vio obligada a poner 12 millones de euros.
#YOELIJO20E pide que los ciudadanos hagan valer “su derecho a ser atendido en un centro público”. Según relatan, se da una dinámica en la que los pacientes reciben una llamada del centro de citación de Madrid para informarles de que su prueba u operación se puede realizar en una fecha cercana en un centro privado. El centro público, aseguran al otro lado de la línea, acumula mucho retraso. “Es mentira que la sanidad pública esté colapsada si se despide a profesionales y se cierran camas”, han contado los promotores de la campaña. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty ha negado esta práctica: “Es absoluta y radicalmente falso” que se hagan “derivaciones masivas”.
Desde este nuevo frente de batalla se sugiere que se pidan “todas las explicaciones a quienes están llamando” para dar las citas médicas. Y recuerdan que “el paciente tiene derecho a elegir el centro público en el que quiere ser atendido”. Rechazar la derivación a la privada, al menos en Madrid, tiene consecuencias. La Consejería de Sanidad no computa a estos pacientes en su lista de espera quirúrgica. Según su criterio, por preferir “un centro de su elección”, su demora alcanza los 107 días de media, según los últimos datos de septiembre de 2013. Son 33 más que en el mismo mes de 2012. Con todo, el volumen de ciudadanos que ya están negándose a ser intervenidos en hospitales privados concertados crece: en 2013 llegaron a 35.049 (un 51% más). En septiembre de 2012, había siete intervenciones que llevaban más de un año de retraso. En septiembre de 2013 eran 386: 55 veces más.
Lo que sí debería contenerse en 2014 es el envío de pruebas diagnósticas y tratamientos desde la propia agenda de los hospitales públicos a otros puntos privados, ya que los presupuestos de los 13 grandes centros de Madrid suman unos 16 millones de euros menos (de 52,7 a 35,9) que los previstos el año pasado en la partida “Asistencia sanitaria y social con medios ajenos”.
