Proyectos como Castor ya habían provocado terremotos con anterioridad, y volverán a provocarlos
Desde finales de los años 60 del siglo pasado se sabe que inyectar fluidos a alta presión en el subsuelo provoca terremotos leves. En 1961, el Ejército de Estados Unidos estaba introduciendo residuos en un pozo bajo su arsenal de las Montañas Rocosas cuando se desencadenaron terremotos que llegaron a sentirse en Denver, a varios kilómetros de distancia. Para comprobar si existía un vínculo entre estos dos eventos, en 1970, un equipo de científicos hizo un experimento incrementando la presión de pozos petrolíferos agotados en Colorado. Cuando inyectaban agua en el subsuelo, la actividad sísmica subía y cuando la retiraban, la presión se reducía y los sismógrafos se calmaban. Los terremotos eran leves, pero la relación era clara.
Por ese motivo, para los expertos, muchos de los más de 300 seísmos que se han registrado desde el 13 de septiembre en las inmediaciones de Vinaròs (Castellón), a pocos metros de un proyecto frente a su costa que almacena gas natural en un antiguo pozo petrolífero submarino, no fueron una sorpresa. “No es raro que haya sucedido”, reconoce José Martínez-Díaz, profesor de Geodinámica de la Universidad Complutense. En esa misma línea se ha manifestado el catedrático de Ingeniería Geológica de la misma universidad, Luis González de Vallejo, que dice no entender la sorpresa que han causado al Gobierno estos episodios.
Menos frecuente es que se alcancen magnitudes como los 4,2 puntos en la escala de Richter registrados el martes en el Golfo de Valencia, pero ya se conocen casos de sismos más graves relacionados con la inyección de fluidos en el subsuelo. El 6 de noviembre de 2011, cerca de Prague, una pequeña población del estado de Oklahoma (EEUU), se produjo un terremoto de magnitud 5,7, el más grande de la historia de ese estado. Destruyó 14 casas y una autopista, y dejó dos heridos. Un estudio publicado este año en la revista Geology relacionaba aquel suceso con la inyección en bolsas subterráneas de aguas residuales producidas en pozos petrolíferos.
Otro artículo que apareció en Science el pasado mes de julio, liderado por Nicholas van der Elst, de la Universidad de Columbia, advertía de una creciente sismicidad en algunas regiones de Estados Unidos vinculada a las mismas prácticas. Además, consideraba que la gravedad de la sacudida de Oklahoma se desencadenó cuando las ondas sísmicas de un gran terremoto de 8,8 puntos en Chile hicieron liberar la tensión de unas fallas que habían al límite de su resistencia bajo la presión de las inyecciones de aguas residuales. En Estados Unidos hay más de 30.000 pozos dedicados a guardar este tipo de desechos y más de 400 almacenes subterráneos de gas natural como el del proyecto Castor, como se conoce la plataforma de Castellón. En España, hay cuatro además de esa, en Huesca, Bermeo, Guadalajara y Huelva.
El proyecto Castor emplea un antiguo pozo petrolífero situado a 1.750 metros de profundidad como almacén de gas desde el que suministrarlo a los consumidores según las necesidades. El mapa de peligrosidad de terremotos del Instituto Geológico Minero indica que la plataforma de inyección de gas se encuentra encima de una falla activa. Sin embargo, según Martínez-Díaz, uno de los expertos que han colaborado en la elaboración de ese mapa, “aunque hay fallas activas, hay pocos terremotos”. “Se trata de una zona de fallas muy lentas, donde solo hay terremotos cada varios miles de años”, añade. “Es muy poco probable que esas fallas se reactiven, pero si eso va a suceder y cuándo es muy difícil de predecir”, concluye.
Pese a lo alarmante de la historia, algunos expertos, que prefieren no ser citados, indican que unos movimientos sísmicos de esta magnitud son raros, y que, en cualquier caso, para entender qué es lo que está sucediendo realmente, habrá que esperar a que la empresa Escal UGS, responsable del almacén, y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pongan a su disposición datos más detallados sobre las instalaciones, el modo de inyección del gas o el ritmo y la presión a la que se inyecta. De momento, el Gobierno ya ha encargado un informe sobre lo sucedido a varias instituciones como el Instituto Geográfico Nacional (IGN) o el Instituto Geológico Minero de España (IGME). Los dos organismos han dado instrucciones a sus expertos para que no informen a los medios de comunicación bajo directrices de Industria. El CSIC, la gran institución nacional de investigación, ha dado órdenes similares a sus investigadores y ha nombrado a un portavoz único que ayer, en el epicentro de la crisis, se iba a pasar medio día en un avión cruzando el Atlántico.
Lo sucedido en Castellón puede tener repercusiones sobre otras actividades que implican técnicas similares. La explotación no convencional de gas a través del método de fracturación hidráulica, el conocido como fracking, suele producir terremotos de menor intensidad que la inyección subterránea de fluidos. Sin embargo, esta actividad puede implicar ciertos riesgos sísmicos por dos motivos. En primer lugar, como recordaba el artículo de van der Elst, la acumulación de presión sobre las fallas activas puede ayudar a que otros fenómenos acaben por provocar movimientos más intensos. En segundo lugar, aunque el fracking en sí no sea tan estresante para las placas tectónicas, igual que las explotaciones petrolíferas, produce agua contaminada de la que hay que deshacerse, y una técnica frecuente para hacerlo es inyectarla en el subsuelo.
La segunda práctica que puede sufrir los efectos de la alarma provocada por el proyecto Castor es la captura subterránea de CO2, una actividad con mayores efectos sísmicos que el fracking según el National Research Council. Esta tecnología, con la que se pretenden mitigar los efectos de la actividad industrial sobre el cambio climático, implica inyectar el dióxido de carbono a más de mil metros de profundidad, de un modo parecido al que se introduce el gas natural en el almacén frente a las costas de Vinaroz. En un artículo publicado el año pasado en la revista PNAS, el investigador Mark Zoback, de la Universidad de Stanford, afirmaba que, aunque los científicos no esperan que esta técnica provoque grandes terremotos, sí que es probable que los pequeños movimientos sísmicos causen grietas que inutilicen los almacenes de CO2 al permitir escapar el gas. Zoback tampoco olvidaba la preocupación que podrían causar estas filtraciones en las poblaciones cercanas a los sumideros.
Riesgo moderado
Pese a la natural alarma provocada por los terremotos de Castellón, los análisis científicos muestran que los riesgos de grandes desastres provocados por la inyección de materiales a alta presión en el subsuelo son moderados. En un país como EEUU, con 30.000 pozos para residuos y más de 400 para almacenamiento de gas, solo se ha registrado un terremoto que se puede asociar a estas prácticas con daños significativos: 14 casas destruidas, una autopista dañada y dos heridos. Comparar la relevancia de la industria energética con las de otras actividades económicas y los riesgos que producen, puede ayudar a poner en perspectiva la amenaza. En España, el gas natural es la principal fuente de la electricidad que se consume.
En una revisión sobre los riesgos sísmicos de la inyección subterránea de fluidos publicada en Science, William Ellsworth, del US Geological Survey, advierte que, aunque hasta ahora los problemas no han sido tan graves, “la industria del petroleo necesita unos requisitos claros para operar”. Además, añade, “los reguladores deben tener una base científica sólida para fijar esos requisitos y el público necesita saber con seguridad que esos requisitos son suficientes y que se van a cumplir”. Como en el caso del fracking, aunque a veces los opositores exageren las amenazas, es frecuente que la industria comience a operar cuando aún no se tenga información suficiente para saber si la práctica es completamente segura o no, y que afirme con total confianza que sus actividades son seguras sin saberlo realmente.
En el caso de Castellón, no se consideró necesario realizar un informe de sismicidad. Esta posible falta de precaución es compartida, según cuenta Ellsworth, por EEUU, un país donde estas técnicas se aplican desde hace mucho más tiempo y con mayor profusión. “El actual marco regulador solo contempla la protección de las fuentes de agua potable frente a la contaminación y no afrontan la seguridad sísmica”, afirma. Además de mejorar el conocimiento sobre la tecnología empleada para la inyección de gas y los riesgos reales de estas prácticas, Martínez-Díaz menciona un aspecto que olvidan con frecuencia los Gobiernos cuando tratan de gestionar actividades industriales que tocan la sensibilidad de la población: la trasparencia. “En otros países, cuando se van a realizar inyecciones que pueden provocar pequeños terremotos, se avisa a los ciudadanos para que estén preparados y no se alarmen”, señala. En España, preguntado por este medio, el Ministerio de Industria no contestó si este tipo de advertencias están previstas o no.
