El silencio de la Iglesia española ante el drama de los bebés robados
Sufrieron el dolor, la pérdida, el estallido en el corazón tras conocer que sus padres no eran sus padres, que en el momento de nacer fueron arrancados de brazos de su madre, que fueron vendidos por médicos, religiosos, monjas, y borrados sus rastros, sin dejar huella. Son los bebés robados, uno de los restos del más rancio nacionalcatolicismo -y parte de la democracia- que, cuarenta años después de la muerte de Franco, continúan pidiendo justicia y reparación.
“Son cientos de miles las personas que en España, ahora mismo, andan por las calles sin conocer su identidad”. José Luis Gordillo, periodista, es el autor de Los hombres del saco, un impactante ensayo que aborda la trama de los bebés robados. Y que lo hace de la mano de San Pablo, una editorial religiosa (pertenece a los hermanos paulinos) que, en una decisión no exenta de críticas en el interior de la Iglesia, ha apostado por esta publicación. “Es una cuestión de justicia”, afirma su director editorial, Octavio Figueredo. “No podemos quedarnos callados ante el sufrimiento de la gente”.
Son muchos los que han sufrido a esos “hombres de saco” en sus propias carnes. Unos 30.000, según los datos oficiales, entre 100.000 y 200.000 según las víctimas. Son los niños robados durante la dictadura, cuyos responsables, algunos de los cuales siguen hoy vivos e “imbricados en los aparatos” del Estado, para evitar que la verdad salga a la luz. A día de hoy, “la Corona se ha negado a recibir a las víctimas”, subrayó Gordillo, quien también se quejó de que la actitud de la Iglesia española “ha defraudado a las víctimas” y no ha mostrado en absoluto su predisposición a colaborar. Pero no acabó con la muerte de Franco, la red de corrupción de robo de bebés continuó entrada la democracia.
Buenas palabras, ningún hecho
El año pasado, los colectivos de víctimas se reunieron con algunos obispos (entre ellos, el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, o el nuncio de Su Santidad, Renzo Fratini), quienes les dieron buenas palabras, pero ninguna solución. A día de hoy, ninguna diócesis española, ninguna congregación religiosa, ha accedido a abrir oficialmente sus archivos para que estas personas puedan comprobar sus partidas reales de bautismo, una información indispensable para reencontrarse con los suyos. Queda todo a voluntad de cada parroquia o congregación.
El pasado 28 de octubre, y por primera vez, las víctimas fueron recibidas por un Parlamento, el de Andalucía, que aprobó una moción instando a los obispados de Almería, Granada, Córdoba, Sevilla, Málaga, Jaén, Cádiz y Huelva a que permitan la apertura de los registros de nacimientos, defunciones y adopciones. Ahora, las víctimas van más allá, y han apelado al Papa Francisco. Podrían ser recibidas en las próximas semanas, conscientes de que Bergoglio vivió una situación similar durante la dictadura argentina, con miles de desaparecidos y apelaciones de justicia.
“La Iglesia en sí, como jerarquía, no puede decirse que tuviese una implicación sistemática, sino que fueron instituciones concretas, algunas órdenes que regentaban maternidades, hospicios, casas cuna y orfanatos. No creo que la Iglesia católica, como tal, hubiese tomado una decisión formal de implicarse”, señala el autor de Los hombres del saco, quien defiende rotundamente que existió una trama organizada para silenciar los casos de los bebés robados.
“Desde 2010, empiezan a aparecer denuncias de robos masivos de bebés en clínicas, en unos 190 centros sanitarios de toda España”. No todos lo hacían por dinero, sino por “la ideología que lo sustenta y lo legitima moralmente durante medio siglo. Ellos siguen pensando que no hicieron ningún mal robando niños. Algunos creen que estaban haciendo un bien social, mediante la redistribución de niños, intentaban acercarse al ideal del nacional catolicismo” franquista.
“Nadie ha buscado a los niños perdidos, que siguen ”secuestrados“, con una identidad falsa”, denuncia el autor, quien subraya que “esta trama nunca se ha parado” y que prosigue, hoy, “para impedir a los familiares que puedan reencontrarse”.
Incluso “hay indicios más que razonables de que, en estos momentos, se podrían estar falseando perfiles genéticos para impedir la coincidencia y que se reconozcan hermanos, padres e hijos, tanto en laboratorios públicos como en privados”, subraya Gordillo en su investigación. “Hay una organización, y está muy imbricada en los aparatos del Estado”.
Y, curiosamente, en todos estos años, “solo hay dos condenados: el juez que lo destapó (Baltasar Garzón) y una señora de Almería condenada por injuriar a una monja. Han metido el miedo en el cuerpo de la gente”.
