Un conflicto entre Sanidad y Bayer deja a transexuales y enfermos de cáncer sin tratamiento

Cuando Ares Piñeiro llegó a su farmacia en agosto no se imaginó que el fármaco que necesita inyectarse cada cinco meses no estaría a la venta. La farmacéutica Bayer había dejado de distribuir el Reandron, una testosterona que utilizan hombres transexuales y afectados de cáncer –sobre todo de testículos– o hipogonadismo –testículos disfuncionales–.

En julio, el Ministerio de Sanidad publicó los nuevos precios de referencia de medicamentos que financia en el Sistema Nacional, que entrarían en vigor en septiembre. Entre esos precios, se encontraba el del Reandron, que experimentaba una bajada del 35%. De 120 euros –el paciente pagaba entre 2 y 5–, a 93 euros. Y Bayer, que aumentó un 18,7% su beneficio neto el primer semestre del año, hasta los 2.376 millones, no estaba dispuesta a asumir esa rebaja. “Es inviable fabricarlo a ese precio y, como Sanidad dice que hay otros similares, se suspende temporalmente, hasta que se decida un nuevo estado”, indican fuentes de la compañía.

Sanidad explica que, según la normativa actual, cuando transcurren 10 años desde que un fármaco se comienza a comercializar, se agrupa en un conjunto con características similares. Es decir, no se genera una laguna terapéutica: uno se podría sustituir por otro.

Pero ni Bayer, que pidió su 'desfinanciación' para poder venderlo libremente, ni los usuarios están de acuerdo. El Reandron se inyecta en el ambulatorio o el hospital una vez cada 3 o 5 meses, según las características del paciente. Ahora, aproximadamente un mes después de que desapareciese de las farmacias, muchos usuarios ya están buscando una solución. Las alternativas más factibles son un fármaco que se inyecta cada dos semanas o un gel que debe aplicarse todos los días.

Ares comenzó a hormonarse en 2007. Durante el primer año utilizó una de las opciones que deja Sanidad. “Al aplicarlo cada dos semanas los picos de testosterona eran altísimos. Te cambia el carácter, te afecta a los huesos, los riñones y el hígado. Noté muchísimo el cambio; con el Reandron mi cuerpo va mejor”, explica. Vive en el País Vasco y, para poder continuar con su tratamiento habitual se desplaza a la localidad francesa de Hendaya, donde lo compra por 182 euros. Además, ha creado una petición en change.org, que cuenta ya con más de 44.000 peticiones para que el medicamento vuelva venderse.

Jorge Medina se encontró con una situación similar a la de Piñeiro. “Tenía una receta electrónica y en la farmacia me dijeron que era imposible conseguirlo”, lamenta. En su caso, este canario ha optado por el gel, pero esto conlleva “un control médico más exhaustivo: más consultas, más análisis y más revisiones, por lo que, a la larga, el gasto sanitario se va a incrementar”, razona.

Mané Fernández fue uno de los últimos usuarios en adquirir el fármaco, en Asturias. Le toca inyectarse en noviembre y, aunque espera que Bayer y Sanidad lleguen antes a un acuerdo, está pendiente de una consulta con su endocrino para someterse “a una batería de pruebas y analíticas para ver si puedo tomar otro fármaco”.

Sanidad no confirma su desaparición

Fuentes de Bayer han explicado a esta redacción que la semana pasada el laboratorio realizó a Sanidad “una oferta con una rebaja de los precios” por la que está esperando “que contesten rápido”, pero “no pueden pedir al fabricante de un Mercedes que lo venda al precio de un Seat”. Además, fundamentan su negativa en que los precios de un fármaco en un país como España condicionan el precio en otros países europeos. “Es Sanidad quien debe garantizar el acceso al medicamento” a un precio que “asumen todos los sistemas de Europa”, sentencian.

Ares, Jorge y Mané se sienten “rehenes” del laboratorio y desprotegidos por el Ministerio de Ana Mato. Por un lado, consideran que la postura de Bayer de retirar el medicamento es, dice Medina, “una cuestión puramente económica” y que se llevó a cabo sin previo aviso. No obstante, fuentes de la empresa aseguran que un laboratorio “tiene prohibido, por ley, comunicar a la población cuestiones médicas” y que esa potestad corresponde a los profesionales sanitarios.

Por otro, los usuarios exigen que Sanidad les dé una solución. “Bayer es una empresa con unos intereses, pero quien tiene que garantizar mi derecho a la salud es el Gobierno”, exige Piñeiro. Entretanto, el Ministerio no confirma que el medicamento no se encuentre en las farmacias, algo que ya han vivido los usuarios y que Bayer sí admite, aunque reconoce que se está buscando una solución.