“Sobre las víctimas de violencia machista recae una especie de presunción de culpabilidad”

La misma semana que acudía al Congreso de los Diputados a exponer a los partidos políticos las reivindicaciones del movimiento feminista fueron asesinadas cuatro mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Lucía Avilés es una de las doce juezas que hace algo más de un año quisieron poner en práctica que “no hay justicia sin igualdad” y así nació en diciembre de 2015 la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE).

Como integrante del colectivo y magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Arenys de Mar (Barcelona) participó el 24 de febrero en las jornadas organizadas por la Plataforma 7N contra las violencias machistas en la Cámara Baja. El objetivo era esgrimir propuestas de cara al futuro pacto de Estado contra la violencia de género que se está gestando en el seno de la Comisión de Igualdad y que continúa con las comparecencias. 

¿Cree que existe riesgo de que el pacto de Estado acabe siendo una escenificación de un acuerdo que en el fondo no cambie demasiado las cosas?

Está por ver. Se ha abierto un periodo para recibir propuestas de los y las expertas y se abre un horizonte en el que política y legislativamente se ha de dar un paso al frente decidido y firme para encontrar la mejor y más de eficaz manera de proteger los derechos humanos de las mujeres. Para ello se han de dejar a un lado las meras diferencias políticas y tener “altura de miras”.

El pacto de Estado no debe ser contemplado solo en términos de oportunidad política sino como una obligación porque es precisamente el Estado quien tiene la responsabilidad de asegurarnos a las mujeres una vida libre de violencia. Se deben de poner todos los medios para ello.

Los cuatro asesinatos en una misma semana generaron alarma social y el Gobierno anunció la creación de dos nuevos órganos para enfrentar la violencia machista. ¿Es actuar a golpe de titular?la creación de dos nuevos órganos 

En materia de género el Gobierno llega tarde siempre y a veces parece que tiene que haber muchas noticias de asesinatos para que se haga algo. Si estos organismos que se crean sirven para paliar la situación, bienvenidos sean, pero el problema exige medidas mucho más transversales que una o dos medidas puntuales que anuncia el Gobierno y que pueden estar promovidas por la necesidad momentánea de dar la impresión de que se está haciendo algo.

Esa misma semana, tanto Rajoy como el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, al ser preguntados por los asesinatos, lo único que dijeron fue recomendar a las víctimas llamar al 016. ¿Qué le parece que esa sea su única respuesta?fue recomendar a las víctimas llamar al 016

No es más que el reflejo de lo que está pasando socialmente. Tenemos una sociedad machista que gira la cara a un problema de tantísima importancia. Que nuestros gobernantes solo sean capaces de recomendar la llamada al 016 evidencia que se sigue poniendo el peso en la mujer. Se le anima a denunciar pero luego el proceso es hostil y falla.

¿Cuáles son esos fallos?

Hay muchos. Tenemos una ley, la de violencia de género, que es buena pero no ha desplegado todo su potencial. Tampoco la ley de igualdad de 2007 se ha desarrollado en materia de prevención. En la lucha contra la violencia machista nos hemos centrado demasiado en el aparato judicial y hemos abandonado otros focos: servicios sociales, educación, detección en el ámbito sanitario, formación, equipos técnicos de valoración del riesgo... Todo esto está previsto en la ley, pero el papel lo soporta todo y a veces en la práctica es una aplicación muy deficitaria.

La mayor parte de mujeres víctimas de violencia machista sigue sin denunciar. ¿Tiene algo que ver con ello las dinámicas que se dan en el propio procedimiento? 

Sí. Sobre las víctimas de violencia machista recae una especie de presunción de culpabilidad que complica el proceso. Hay un cuestionamiento constante porque es un tipo de delito que genera muchísima desconfianza a priori y se piensa que la víctima está mintiendo. Muchas veces la forma de dirigirse a ellas en dependencias policiales o judiciales hace que se vuelque todo el peso en ellas.

También se deja ver en estereotipos que se trasladan a resoluciones judiciales o valoraciones del riesgo, que por ejemplo, deberían empezar a hacerse también por parte de otros expertos, además de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como médicos, trabajadores sociales, psicólogos...

Previsiblemente a raíz del pacto de Estado habrá violencias más allá de la pareja o expareja que se incluyan como violencia machista, por ejemplo, las agresiones sexuales. ¿Cómo es el procedimiento con las víctimas en estos casos?

Es cierto que aquí utilizamos un concepto de violencia machista muy reducido y que deja fuera otro tipo de conductas que también son manifestación de la discriminación sistémica hacia la mujer. Los delitos sexuales son un ejemplo. 

En este sentido, todavía quedan reminiscencias de ese discurso retrógrado de la justicia sobre la violencia sexual. Este discurso “despieza” jurídicamente el cuerpo de las mujeres para buscar y determinar un grado de consumación y de participación en detrimento del bien jurídico que más se debería proteger: la dignidad de las mujeres. Se pone el foco sobre características de la agresión olvidando que es un atentado contra la integridad de la víctima.

La AMJE ha lanzado el proyecto Educando en Justicia Igualitaria, que abarca una serie de actividades con el alumnado como dar charlas o ficcionar juicios. ¿Es una forma de cubrir el hueco que no ha cubierto la educación como debería?Educando en Justicia Igualitaria

En la ley orgánica de igualdad existen varios artículos que hablan de educar en igualdad, de incluir esta perspectiva en los libros y el material, de incorporar contenidos que visibilicen a las mujeres... Es decir, que palien las carencias educativas que actualmente padecemos en esta materia. Por ello, nosotras no tenemos la intención de sustituirlo porque es una obligación de los poderes públicos. Lo que hacemos es aportar nuestro granito de arena a través de una visión crítica y feminista de la justicia. 

El Consejo General del Poder Judicial aprobó no hace mucho un acuerdo que impide a los magistrados disfrutar de cuatro semanas de baja por paternidad –como recientemente se ha aprobado– y lo deja en 15 días. ¿Qué les parece?

Desde la AMJE hemos recurrido la decisión porque nosotras apostamos por la implantación de permisos iguales e intransferibles en todos los trabajos para la consecución de la corresponsabilidad. Lo vemos difícil en la carrera judicial, pero no imposible. Y el primer paso es establecer el mes de permiso que ya por fin se aplica a todos. El problema es que en la magistratura contamos con un estatuto orgánico muy masculinizado y uno de los aspectos en los que más se percibe es este.