Otros 7 estados se unen a la demanda contra las medidas migratorias de Obama

Arizona, Arkansas, Florida, Michigan, Dakota del Norte, Ohio y Oklahoma se unieron hoy a la coalición de 24 estados de EEUU liderada por Texas que interpuso una demanda contra las medidas ejecutivas sobre inmigración anunciadas en noviembre por el presidente estadounidense, Barack Obama.

Así lo anunció hoy la Procuraduría General de Texas, encabezada por el gobernador electo, Greg Abbott, el organismo que interpuso la demanda la semana pasada ante un tribunal federal al considerar que Obama se extralimitó en sus poderes.

Abbott presentó una enmienda a su acción legal para incorporar a los nuevos demandantes de una coalición que ya cuenta con 24 estados, casi la mitad de los 50 que integran el país.

A parte de los siete que se incorporaron hoy a la demanda, los estados que demandaron las medidas son Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Misisipi, Montana, Nebraska, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Virginia del Este y Wisconsin.

“Más de 20 estados se han unido a nuestro desafío contra la acción ejecutiva unilateral del presidente para circunvalar al Congreso y reescribir las leyes de inmigración”, afirmó Abbott en un comunicado difundido por su oficina.

Según los demandantes, con sus medidas ejecutivas Obama “viola la Constitución de los Estados Unidos y la ley federal, elude la voluntad del pueblo estadounidense y afrenta a las familias y personas que siguen la leyes para migrar legalmente”.

Con esta acción legal, Abbott, que el 20 de enero asumirá como nuevo gobernador de Texas, ha demandado en 31 ocasiones a Obama desde que el político demócrata accedió a la Casa Blanca en 2009.

Tanto él como el actual gobernador, Rick Perry, potencial aspirante a la Presidencia en 2016, alertaron de que estas medidas ejecutivas, lejos de beneficiar a la nación, conllevarán más “inmigración ilegal” y más inseguridad en la frontera.

Obama anunció el pasado 20 de noviembre un paquete de medidas unilaterales para regularizar a más de cinco millones de indocumentados, la mayoría padres con hijos que son ciudadanos o tienen residencia permanente en el país.