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Universidades y estudiantes, asfixiados, piden que se elimine la subida de tasas

Los rectores reclaman la derogación de la subida de las tasas universitarias.

Prado Campos

Universidades públicas ahogadas por los recortes presupuestarios y los impagos de la administración. Y estudiantes que tienen que afrontar en Madrid las tasas más altas de España, que han subido un 68% en los últimos dos cursos para poder estudiar un grado, y con becas que no paran de menguar. El panorama universitario no es especialmente esperanzador para el curso que acaba de comenzar. Y así lo denunciaron ayer los seis rectores de las universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Carlos III, Rey Juan Carlos y Alcalá de Henares) en un acto junto a sus Consejos de Gobierno y los representantes de los estudiantes.

Fernando Galván, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid (Cruma) y rector de la Universidad de Alcalá, anunció que han presentado un requerimiento formal al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para que derogue y anule el decreto de tasas universitarias. Tras dos años de subidas y a raíz de la decisión del Ministerio de Educación de que cada comunidad estableciera los precios dentro de una horquilla, Madrid es la región española con las tasas universitarias más altas. Algo que está afectando ya notablemente a las desigualdades entre lo que pagan los universitarios de diferentes regiones por cursar el mismo grado y que tiene como consecuencia la caída de las matriculaciones.

José Carrillo, rector de la Universidad Complutense, señaló que este curso se han matriculado 800.000 créditos menos y que el anterior se habían reducido en 400.000. Es decir, 1,2 millones de créditos menos en los dos años que lleva en vigor el 'tasazo'. “Es como si cada alumno hubiese dejado de matricularse en 12 créditos”, ha asegurado. Lo que equivaldría a dos asignaturas. Un panorama similar al que ha reflejado Daniel Peña, rector de la Universidad Carlos III, ya que este curso ha pasado de un 34% de alumnos provenientes de otras comunidades autónomas a un 28%. “Es la primera vez que pasa”, ha destacado, y ha señalado al aumento de las tasas y la incertidumbre en materia de becas como causa detrás de este descenso.

Según Luis Cejeiro, presidente del Consejo de Estudiantes, estudiar Derecho en Madrid cuesta 1.620 euros por curso frente a los 590 euros que se pagan en otras regiones. Pero es más, según apuntó el rector de la Universidad Politécnica, Carlos Conde, la subida se nota más en segundas y terceras matrículas. “Un estudiante de una ingeniería en 2011 pagaba 1.700 euros de matrícula por curso cuando en la actualidad paga cerca de 4.300 euros”, señaló.

Deudas y más deudas

Deudas y más deudasPero la realidad en la universidad pública madrileña no se queda aquí. Con un presupuesto cada vez más mermado, que ha pasado de 1.084 millones de euros en 2010 a 863 millones en 2013 –es decir, una reducción de más del 20%–, los centros temen ahora otro recorte de unos 55 millones de euros anunciado por la consejera de Educación, Lucía Figar.

A esto hay que sumar que el Gobierno de Madrid debe más de 21,3 millones de euros en materia de becas impagadas del curso pasado a las seis universidades públicas. De esta deuda, según los datos aportados ayer, corresponden 8 millones de euros a la Complutense; más de 4 millones, a la Politécnica; 3,5 millones, a la Autónoma; cerca de 3, a la Rey Juan Carlos; 1,8, a la de Alcalá; y un millón, a la Carlos III. “Hemos requerido al Gobierno que cumpla con las obligaciones que la ley impone a las comunidades autónomas en orden a abonar a las universidades la diferencia económica que se produce, en las becas concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entre el importe financiado por este departamento y el coste real de las tasas de matrícula (establecidas por cada comunidad autónoma). La ley establece que esa diferencia debe ser abonada por cada comunidad autónoma a sus universidades, algo que hasta la fecha no ha hecho la Comunidad de Madrid”, han asegurado en su manifiesto.

Pero, además, a este importe hay que sumarle más de 509 millones de euros que debe la Comunidad de Madrid a las seis universidades, en concepto de plan de inversiones 2007-2011 y otros complementos salariales como pagas extraordinarias, trienios o contratos del programa de financiación. De este montante, 221 millones corresponden a la Complutense; casi 91 millones, a la Politécnica; 61 millones, a la Autónoma; casi 50 millones, a la Carlos III; 43,5 millones, a la de Alcalá; y cerca de 43 millones, a la Rey Juan Carlos.

La Universidad Complutense fue la primera que abrió la vía judicial para reclamar esta deuda y, según confirmó ayer Carrillo, de los 221 millones ya han obtenido dos sentencias favorables para recuperar más de 100,7 millones. No obstante, señaló, a día de hoy lo que han cobrado no llega ni a 40 millones de euros.

¿Y las ayudas?

¿Y las ayudas?Con estas cuentas, se quejaron los rectores, difícilmente pueden hacer frente y ayudar a los estudiantes con problemas para pagar sus matrículas. El curso, aseguró Galván, ha comenzado con relativa normalidad pero no se puede saber “cuál será el número de impagados”. Por ello, la Cruma ha pedido al presidente regional, Ignacio González, y la consejera de Educación, Lucía Figar, que cumplan con sus palabras de que ningún estudiante de las universidades públicas se vería expulsado del sistema por dificultades económicas.

“Las universidades carecemos de recursos propios para afrontar programas asistenciales o becas que puedan paliar las duras circunstancias económicas por las que atraviesan las familias de muchos de nuestros estudiantes”, aseguraron. Por eso, afirmaron que es responsabilidad de las administraciones resolver estos problemas incluyendo una partida en los presupuestos de 2014. De todos modos, los rectores de la Complutense y la Politécnica apuntaron que van a implementar un plan de captación de fondos privados para dicho fin.

Por último, los rectores también solicitaron al Gobierno regional que se diseñe un nuevo modelo de financiación con los recursos suficientes para garantizar la calidad de las universidades madrileñas.

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