Madrid vendió pisos públicos por 63.000 euros a empresas que ahora exigen a sus inquilinos 160.000

La venta de 3.000 viviendas de protección oficial del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), en agosto, alivió algo las arcas regionales. Pero amenaza con traerle al Gobierno de Ignacio González más problemas en los tribunales. Aunque el consejero de Vivienda, Pablo Cavero, trató en noviembre de tranquilizar a los inquilinos afirmando que se mantendría el precio del alquiler, ahora ha matizado sus palabras para señalar que las condiciones “se mantendrán durante el tiempo establecido” en el contrato.

Es decir, una vez que finalicen esos contratos, será el fondo de inversión Goldman Sachs-Azora, el actual dueño de esas viviendas, quien decida en qué términos podrán continuar –si pueden hacerlo– los inquilinos en esas viviendas. “Hemos creado un clima de seguridad jurídica, respetando la libertad de los propietarios a utilizarlos como deseen”, ha explicado Cavero.

Si bien la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) interpusieron en noviembre un recurso ante lo que califican como un “desmantelamiento y expolio de la vivienda pública”, ahora es el PSOE quien ha optado por acudir a los tribunales. Pero esta vez, por la vía penal, al considerar que la Comunidad está cometiendo un delito de malversación de fondos y otro de prevaricación.

Según el socialista Antonio Fernández Gordillo, los inquilinos para los que “empiezan a vencer las opciones de compra” han comenzado a “sufrir mobbing” por parte de los nuevos propietarios de las viviendas. Según el diputado autonómico, sólo hay dos opciones: “O compras o a la calle”. El negocio es redondo. Mientras el fondo de inversión Goldman Sachs-Azora adquirió las viviendas por una media de 63.000 euros cada uno -201 millones en total-, el precio para sus actuales moradores (que tienen un alquiler con opción a compra) no ha variado: oscila entre los 150.000 y los 170.000 euros.

Esto está sucediendo ya, según explica Gordillo, en urbanizaciones de La Ventilla y el PAU de Vallecas. En Villalba y Torrejón de Ardoz se están dando las primeras muestras de otra problemática. El decreto 226/1998, actualizado el 22 de julio de 2013, apenas unos días antes de la venta, intenta proteger a las “personas y familias más necesitadas” con una reducción en el alquiler durante un máximo de dos años, pero con posibilidad de prórroga si las condiciones se mantienen. No obstante, uno de los requisitos es ser ya inquilino de una vivienda del Ivima. Algo que ahora no ocurre con las 2.935 casas vendidas a lo que desde la PAH denominan “fondos buitre”.

“¿Y dicen que las mejoras no se notan en la calle?”

No obstante, durante su comparecencia de este jueves en el pleno de la Asamblea, Cavero ha optado por hacer balance del parque de viviendas públicas de la Comunidad. Según el consejero, hasta el tercer trimestre de 2013 el 40% de las promociones que comenzaron a construirse en España se encuentran en la Comunidad de Madrid. El IVIMA tiene 20.000 viviendas públicas en alquiler, desde 2007 hasta ahora se han construido más de 14.000 pisos dentro de planes jóvenes y una retahíla de cifras que pretendían evitar las preguntas de la diputada de IU, Isabel Moreno, sobre los inquilinos de las 3.000 viviendas vendidas: “¿Prodán permanecer en alquiler? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En qué situación se quedan los que recibían algún tipo de subvención?”. Finalmente, la respuesta fue clara: “Se mantendrán las condiciones durante el tiempo establecido”.

El consejero se ha felicitado por “crear las condiciones necesarias para que la vivienda protegida sea atractiva para los promotores privados”, que crean “tres puestos de trabajo por vivienda construida”. “La oferta de vivienda pública no es exclusiva de la administración pública”, ha defendido. Además, se ha respaldado en la creación de 1.000 nuevas viviendas públicas por parte del Gobierno de Ignacio González.

“Ayudas, beneficios sociales y fiscales, ayudas a los jóvenes y acompañamiento social. Reducción fiscal y congelación de tarifas del agua y el transporte público para este 2014”, continuó relatando Cavero para finalizar preguntándose: “¿Y dicen que las mejoras no se notan en la calle?”.

También el grupo de UPyD se ha mostrado en contra de esta venta. En palabras de la diputada Loreto Ruiz de Alda, “el Ivima no está para vender viviendas a ningún fondo de inversión” por las “necesidades financieras” de la Comunidad. Y en esa línea ha exigido también que se modifique “el decreto que regula las ayudas” a los colectivos más vulnerables.