Los supervivientes del amianto: “Había polvo por todas partes, jugábamos a lanzárnoslo a la hora del almuerzo”

En Cáceres, el trabajo era escaso y poco remunerado, así que cuando a Antonio García le contaron que una gran empresa de materiales de construcción iba a abrir una fábrica nueva en el sur de Madrid, no se lo pensó dos veces e hizo las maletas. El fin de la autarquía en los sesenta supuso una industrialización salvaje que requirió a cientos de miles de trabajadores poco cualificados para poder funcionar, así como toneladas de materiales para construir fábricas y ampliar las ciudades. El 11 de junio de 1963, Antonio entró a trabajar en la joya de la corona de la construcción española: Uralita S.A, compañía en la que permaneció hasta su jubilación en 1990. En esos 27 años, jamás escuchó que el amianto con el que trabajaba era peligroso para la salud. “No teníamos ni idea de que era tóxico. Los dueños de la empresa lo sabían y deberían haberlo advertido”, explica en la sede de la Asociación de Víctimas del Amianto (AVIDA), en Getafe. Él y su mujer sufren cáncer de pleura, provocado por la exposición a dicho material.

“Desde los años treinta se sabe que el asbesto [o amianto] es peligroso para la salud y, desde los cincuenta, se conoce su relación directa con los cánceres de pulmón”, explica por teléfono Alfredo Menéndez Navarro, catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Granada y director del proyecto de investigación 'Los riesgos del amianto en España'. “Hoy sabemos que uno de cada dos cánceres laborales que se detectan en la UE están relacionados con el amianto”. Según Menéndez, se estima que en España hay cerca de 30.000 trabajadores que han estado expuestos al asbesto hasta su prohibición en 2002, aunque las cifras podrían ser mayores. “Muchas empresas se niegan a reconocer a los trabajadores que estuvieron en contacto con el material y esto dificulta la labor de seguimiento”. En nuestro país se consumieron 2.514.000 toneladas de amianto. Sobre todo, entre finales de los sesenta y mediados de los setenta. “La mayoría se destinó al fibrocemento, un material muy popular gracias a su bajo coste, versatilidad y durabilidad. Una gran parte sigue instalado en España”, recuerda Menéndez.

Cuando Antonio entró en Uralita, trabajaba en el área de fabricación, cortando y ensamblando depósitos de agua. Por culpa de una hernia abandonó esa sección y pasó a ser ordenanza. Cree que gracias a ese cambio su situación es menos grave que la de otros trabajadores de su misma empresa. “Todos los compañeros que estaban en fabricación han muerto a causa del amianto”. Según el estudio dirigido por Menéndez, en nuestro país fallecen cada año alrededor de 700 personas por haber estado expuestas al material y recuerda que no hay una exposición segura: “Cualquiera que esté en contacto con el amianto puede verse afectado”. De sus años en la fábrica, Antonio recuerda sobre todo el polvo. Una sustancia que estaba por todas partes y lo cubría todo. Tenían que apartarlo, incluso, de las mesas de la cantina. “Jugábamos a lanzárnoslo a la hora del almuerzo”, cuenta entre risas. La empresa fue obligada a indemnizar económicamente a Antonio hace dos años. “El juicio fue horroroso. Mintieron. Dijeron que teníamos mascarillas, que nos limpiaban con mangueras y que lavaban la ropa en la fábrica. Nunca ocurrió nada de eso”.

Víctimas de un calvario judicial

“Los juicios han sido un calvario para los afectados”, explica Carmen Marcheño, secretaria de Salud Laboral de CCOO Madrid. “Estas empresas tienen servicios jurídicos muy potentes y han logrado que los procesos fuesen muy largos. Además, la mayoría de los afectados son ya mayores, y muchos desistían porque tenían que recurrir”. Antonio y su mujer están a la espera de un nuevo proceso judicial que reconozca la responsabilidad de la empresa sobre el cáncer que sufre ella. Son muchas las mujeres las que han enfermado por manipular ropa contaminada. “Llevábamos el mono de trabajo a casa para lavarlo. A veces estaba tan lleno de amianto que se mantenía de pie solo”, cuenta Antonio. Este mes de enero, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo confirmó la indemnización de 260.000 euros para los familiares de cuatro mujeres de trabajadores fallecidas a causa del amianto. Antonio se muestra confiado: “Creo que ganaremos”.

Los padres de Luis Sánchez, que también trabajaban en la fábrica de Uralita de Getafe, ya han fallecido. “Mi padre tenía asbestosis y mesotelioma, que es el cáncer más agresivo de los que provoca el asbesto. Mi madre también se vio afectada en la pleura”, explica. Su caso evidencia el problema que han sufrido cientos de trabajadores por la judicialización del proceso.  A su padre le prejubilaron tras treinta años en la empresa, pero no le explicaron que se debía a una enfermedad de los pulmones. Pidieron una segunda opinión y fueron a juicio uniendo los casos de ambos. “Los juicios por la vía laboral se estaban perdiendo, así que fuimos por lo penal”. Según su testimonio, consiguieron una indemnización poco después de que su padre falleciera, pero diez años más tarde tuvieron que devolverla porque, aunque les dieron la razón, deberían haber ido por lo Laboral y no por lo Penal.

La importancia de un fondo de compensación

Todos los grupos del Congreso de los Diputados aprobaron este mes la creación de un fondo de compensación para los afectados por el amianto (ahora también detectado en convoyes del metro de Madrid), una iniciativa que, con toda probabilidad, no va a salir adelante debido a la convocatoria de elecciones en abril. El proyecto iba a permitir que cualquier ciudadano tuviera acceso a una indemnización sin recurrir a la vía judicial. Según el investigador Alfredo Menéndez, “es una barbaridad” que tan sólo el 5% de los muertos por un mesotelioma pleural en España hubieran recibido una compensación. El fondo daba, además, cobertura a quienes hasta ahora no sabían a quien recurrir: “Hay trabajadores que estaban empleados en talleres o empresas pequeñas que ya no existen que van a poder recibir una ayuda”, explica Carmen Marcheño, de CCOO. Estaba previsto que el miércoles día 21 de febrero la ponencia parlamentaria cerrase su informe y lo elevase a la comisión correspondiente para ser aprobado. Pero esa reunión no se convocó. “Por unos días hemos perdido el tren. Han sido seis años de trabajo que  quedan en nada”, dice Jon García, miembro de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, y representante de las asociaciones de afectados que ha estado trabajando con los partidos políticos. “Ahora estamos a la espera de que el Gobierno mueva ficha. Si se hace mediante decreto ley, podría salir adelante”.