Los fallos del sistema dejan desprotegidos a los hijos de víctimas de la violencia machista

Tuvo que ver cómo su propio padre asesinaba a su madre y a su abuela. El niño, de tres años, estaba presente cuando el pasado 8 de noviembre Elvira y Magdalena eran disparadas en la localidad valenciana de Lliria. El hombre tenía una orden de alejamiento, pero aquel domingo debía devolver al menor a su madre tras un régimen de visitas de fin de semana. En lo que va de año, 44 niños y niñas se han quedado huérfanos por violencia de género. ¿Puede un maltratador ser un buen padre? ¿Se debe seguir manteniendo el régimen de visitas en una situación atravesada por la violencia machista?

Los golpes, la humillación, el desprecio. Son constantes en la vida de muchos niños que cuando se van a dormir se tapan la cabeza con la almohada para no escuchar los gritos. Porque hay menores que presencian de forma cotidiana agresiones e insultos en sus casas, espacios que dejan de ser un lugar seguro. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015, el 63,6% de las mujeres que sufren violencia machista asegura que sus hijos e hijas han presenciado alguna situación de maltrato. 

Desde el pasado mes de agosto estos menores expuestos a violencia de género son reconocidos como víctimas directas. Un avance legal que falta por concretar. La ausencia de formación y recursos o el bajo número de profesionales son algunos de los fallos del sistema que identifican los profesionales que trabajan con menores en este ámbito, que temen que, a pesar de la medida, los niños y niñas sigan siendo las víctimas invisibles y olvidadas de la violencia machista.

Los puntos negros del sistema judicial

“Hay que visibilizar que ellos son siempre víctimas porque o son utilizados como arma arrojadiza para hacer daño a la madre o presencian la violencia o la sufren”, sostiene Violeta Assiego, abogada e investigadora en vulnerabilidad social y derechos humanos. En los últimos diez años, 44 menores han sido asesinados por sus padres. Más de la mitad, 26, en un régimen de visitas, según la estadística que elabora la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Fue el caso de Ángela González, cuyo exmarido asesinó a la hija de ambos en una visita sin supervisión, a pesar de las más de 30 denuncias que ella había puesto alertando del peligro que corría. 

“Todavía sigue siendo discrecional para el juez escuchar al menor o no, aunque en él está la potestad de determinar las medidas de protección”. Seguridad necesaria para muchos, pues de los hijos e hijas que presencian la violencia, un 64,2% también la sufren. Aún así, “en la mayoría de los casos no se tiene en cuenta y se establecen largas visitas con los agresores”, denuncia Julia, activista del colectivo feminista Las Tejedoras y educadora social que trabaja en un centro sobre evaluación del daño en menores. De hecho, el régimen de visitas a padres maltratadores solo se suspende en un 3% de los casos.

“Tampoco suele retirarse la patria potestad”, afirma la profesional, para la que este tipo de situaciones vulneran el derecho del menor a una vida sin violencia. Assiego identifica, además, como perjudicial “el impago de la pensión de alimentos”, que puede empujar a las mujeres a una situación de pobreza o exclusión social. “Eso les hace sentirse muy culpables cuando van acompañadas de sus hijos o hijas, que se cuestionan por qué denunció o por qué se fue de casa”, explica.

La Fiscalía General del Estado sostenía en 2005 que “fijar la suspensión absoluta del régimen de visitas del agresor para con los hijos puede no resultar oportuna ya que se puede romper, de manera inadecuada, una relación paterno-filial bien estructurada”. Es precisamente esta suposición, según la abogada, lo que hay que cuestionar: “Las relaciones entre padre e hijo no siempre son adecuadas por el hecho de ser padre e hijo”, dice Assiego, que insiste en la importancia de estudiar e investigar cada caso.

Una atención integral

La atención y acompañamiento de los menores es otro de los puntos negros del sistema, según las profesionales. Existen recursos especializados en los centros, pero “son pocas horas, los equipos psicosociales carecen de estabilidad y se destinan pocos recursos”, analiza Itziar Fernández, psicóloga de un centro integral para la atención de mujeres y menores víctimas de violencia de género de Castilla La Mancha. 

En su opinión, la clave es que el sistema de protección “se ha montado en torno a las madres y se ha entendido que si la mujer se recupera, también por extensión lo harán los menores”. Fernández denuncia la invisibilización a la que se ven sometidos y alerta de las consecuencias que tiene para ellos vivir en ámbitos de violencia. “Tendemos a pensar que van a ser niños agresivos, pero también hay muchos que se ausentan para protegerse, siempre están muy callados y tristes”.

Miedos, terrores nocturnos, inseguridad. Y, sobre todo, alteraciones del desarrollo afectivo, ya que “les genera una dicotomía identificar las emociones porque aman y odian a la misma persona, que además es su padre”. También es frecuente que se sientan culpables porque “han visto a su padre enfadarse con su madre porque él no ha hecho los deberes o no ha comido bien”, afirma la psicóloga. Por otro lado, el modelo que están viendo en casa “les enseña que las relaciones son desiguales y que pueden usar la violencia para imponer su criterio”, concreta.

Para paliar estas situaciones, las expertas reivindican una atención integral. Pero son muchas las voces que también piden que el Estado garantice la protección y el acompañamiento de los menores independientemente de que sus madres atraviesen un proceso judicial. Algo que ha propuesto la Junta de Andalucía en el pacto de Estado que ha planteado a Rajoy. “Estamos cargando a la mujer que vive violencia con la responsabilidad de proteger a su hijo”, apunta Julia.

Un 73,4% de mujeres víctimas de violencia de género salen de ella a través de la separación, sin interponer denuncia. Es ahí, al dictar las medidas civiles, donde se establecen custodias compartidas o periodos de visitas largas que, a veces, dependen del Síndrome de Alienación Parental (SAP), que se diagnostica a algunas mujeres bajo el supuesto de que manipulan a sus hijos para ponerles en contra de su padre a pesar de que no hay consenso científico sobre su existencia.

Para detectar a los menores víctimas de violencia machista al margen de la denuncia Fernández reclama la formación especializada de profesores y personal sanitario porque “hay niños que presentan un déficit de atención y puede responder a causas como vivir en un ambiente de violencia”. Violeta Assiego defiende además equiparar el terrorismo a la violencia de género para, entre otras cosas, garantizar a los huérfanos el mismo marco de protección.