Baleares considerará el impago de las pensiones alimenticias como violencia de género
Un año después de su divorcio, Ruth se volvió a ver atada a su exmarido. “Se declaró insolvente, dejó de pagar su parte de hipoteca y la pensión de los dos hijos que tenemos en común. Él seguía trabajando, pero cobraba en negro”, explica esta mujer. Tras la decisión de su expareja comenzó a verse a ahogada por las facturas y con una amenaza de desahucio llamando a su puerta, ya que con su salario de 830 euros no podía hacer frente a todos los gastos.
“El impago de la pensión permite a los maltratadores perpetuar la violencia. De esta forma consiguen asfixiar a la víctima una vez que se ha independizado”, apunta Susana Martínez, abogada y presidenta de la Comisión para la investigación de los malos tratos a mujeres. “Es como si me llama puta, es una agresión psicológica. Vivir todos los días pensando que no tengo dinero para dar de comer a mis hijos me acaba ahogando”, cuenta Ruth (nombre ficticio) que ha denunciado a su expareja por impago en reiteradas ocasiones.
El Gobierno de Baleares ha anunciado una medida pionera para que estas mujeres no sigan dependiendo económicamente de sus exparejas. Planea incluir el impago de las pensiones alimenticias como violencia de género en la Ley de Igualdad que están elaborando. Aunque hay una norma estatal que prevalece, y en Justicia y leyes nacionales no tiene competencias, sí tiene capacidad de acción administrativa. Por lo tanto, siempre y cuando ellas denuncien esta situación, la Administración regional las considerará víctimas de agresiones machista y tendrán acceso a una renta social que podrá ascender hasta 650 euros.
“Con la entrada en vigor de esta medida obtendrán las prestaciones sociales, económicas y técnicas que la comunidad da a las víctimas de agresiones machistas. Por ejemplo, tendrán plaza en casas de acogida, prioridad para acceder a viviendas públicas o renta social”, explica a eldiario.es la consejera de Servicios Sociales, Fina Santiago. Por ahora, esta normativa forma parte del borrador de la Ley de Igualdad que será aprobada en 2016.
Fuentes de la Consejería consultadas por eldiario.es señalan que no creen que haya impedimentos para que esta propuesta salga adelante, ya que el Gobierno cuenta con el apoyo de una mayoría progresista formada por PSOE, Podemos y MÉS. “Hemos tomado esta decisión porque hay mujeres a las que el impago les ha dejado en situaciones críticas, sin poder abonar el colegio de los niños o el alquiler de la casa. Al final, vuelve a generar dependencia del exmarido”, añade la consejera.
“Ojalá otras comunidades tomen esa medida”, fue la respuesta de Ruth al conocer el anuncio de la presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol. Ruth nunca denunció por violencia de género a su expareja, aunque asegura que sufrió agresiones psicológicas durante su matrimonio y que continuaron cuando éste dejó de pagar la pensión y la hipoteca. “El acoso era tal que cuando mis hijos se iban con él les compraba ropa, zapatillas, juegos... Cosas que yo no les podía dar. Pero no les dejaba que trajesen esas cosas a casa, solo las podían utilizar cuando estaban con él”, relata.
Asociaciones de juristas especializadas en violencia de género consideran que la propuesta del Gobierno insular supone un gran avance, aunque plantean un punto polémico: ¿Todo impago de pensión es violencia de género? Desde la Consejería señalan que hacen referencia a todo impago “injustificado” y denunciado. Sin embargo, añaden que todavía no tienen planeado qué va a pasar si esa querella es desestimada y el Gobierno regional ya ha reconocido a esa mujer como víctima.
Amparada por el Convenio de Estambul
Por un lado, sobre el planteamiento del Gobierno balear de asumir como agresión machista el impago denunciado, la presidenta de la comisión para la investigación de los malos tratos a mujeres considera que “hay que estar a la casuística, sin descartar la medida”. “Habrá algunos casos en los que sea violencia y otros en los que no. Se pueden dar situaciones en los que no haya antecedentes de violencia de género y se manifieste a través del impago”, advierte Martínez.
Por otro, señala que llevan años defendiendo que los casos de impago sean llevados por tribunales especializados en violencia machista: “Siempre y cuando exista una denuncia previa por violencia de género”, añade Susana Martínez.
“Es necesaria la sensibilización y conocer todas las circunstancias que rodean a la mujer para que la decisión sea ajustada a derecho y proteja a la víctima”, apunta la portavoz de la subcomisión de violencia sobre la mujer del Consejo General de la Abogacía, Filomena Peláez. “Queremos que estos casos tengan un trato preferente. El sistema judicial puede ser tan perverso que la mujer, al ver que no puede mantener a sus hijos, ceda la custodia al maltratador”, finaliza Martínez.
Además, Peláez, recuerda que el Convenio de Estambul, ratificado por España, recoge que la violencia económica es una agresión machista más aunque este tipo de acoso no “esté conformado como delito en el ordenamiento jurídico español”.
