“En Canarias hay alta probabilidad de que parte de la pobreza severa sea muy difícil de eliminar”
De la desigualdad y la pobreza existente en Canarias, que la hay, y quizá más de la cuenta, no siempre se habla con propiedad en esta tierra. Este, sin lugar a dudas, no es el caso de David Padrón Marrero, economista, profesor del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la ULL y también codirector del reciente estudio que sobre aquellas dos cuestiones se ha realizado en las islas, por encargo del ya desaparecido Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias, desde su creación y hasta su clausura, el 23 de diciembre pasado (se lo llevó por delante la crisis de gobierno entre CC y PSOE y la decisión final del presidente Fernando Clavijo), dirigido por Néstor Hernández López.
En esta entrevista, David Padrón se sumerge en los orígenes de tan honda problemática, centra la atención en la importancia del empleo de calidad y bien remunerado para cambiar las tendencias y realiza proyecciones, siempre apoyadas en el análisis empírico, que no siempre son muy halagüeñas.
Este joven economista y el equipo técnico multidisciplinar que ha dado lugar a tan importante análisis, cinco profesores de la ULL y la ULPGC, se puede decir que han entregado a Canarias, por adelantado, un magnífico regalo de Reyes. Ahora toca desenvolverlo.
¿Cómo surge la posibilidad de realizar el estudio sobre la desigualdad y la pobreza en Canarias, cómo se crean los equipos técnicos y cuál es la hipótesis de partida en relación con tan complejo asunto?
Fue el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias [en la actualidad este departamento autonómico ha desaparecido tras el cese de los cargos del PSOE en el Ejecutivo regional de Fernando Clavijo -de CC-, consumado el 23 de diciembre pasado], cuyo responsable era Néstor Hernández López, el que contactó conmigo para plantearme su interés en disponer de un diagnóstico sobre la situación actual y acerca de la evolución reciente de la incidencia y distribución de la desigualdad y la pobreza entre la población canaria. Este estudio debía levantarse a partir de la explotación de las principales fuentes estadísticas oficiales disponibles. Las primeras personas con las que conté para conformar el equipo de trabajo fueron el catedrático del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna Pedro Hernández Gutiérrez y el doctor Dirk Godenau, del mismo departamento. Son muchos los años trabajando juntos y, además de haberlo hecho con cuestiones distributivas, ellos son profundos conocedores de la realidad económica y social de Canarias.
Posteriormente, me puse en contacto con el profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna doctor José Saturnino Martínez. Aunque no lo conocía personalmente, su dilatada trayectoria académica en ese campo era un activo que no podíamos despreciar. Además, buscaba un equipo multidisciplinar, que corrigiese, si se me permite la expresión, los sesgos propios de los economistas. El profesor Saturnino Martínez, que ejerció de codirector del equipo investigador junto a mí, propuso la incorporación del profesor de Sociología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias Aniano Manuel Hernández, que había defendido su tesis doctoral sobre esos mismos asuntos poco tiempo antes.
Tras varias reuniones, el equipo de trabajo plantea la conveniencia de explotar las siguientes bases de datos: Contabilidad Nacional de España (CNE), Contabilidad Regional de España (CRE), Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial (EES), Encuesta de Población Activa (EPA), Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) y Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios (EICV-HC). Con la excepción de la última fuente apuntada, elaborada por el Instituto Canario de Estadística (Istac), el resto de operaciones estadísticas son del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Más allá de las fuentes estadísticas seleccionadas, el informe, dado su carácter descriptivo, no parte de ninguna hipótesis de trabajo, salvo la consideración, como una aspiración legítima de cualquier ciudadano canario, de que sus estándares de vida no se alejen demasiado de los que disfrutan los ciudadanos de otras regiones españolas. Se trataba simplemente de ver qué nos decían los datos, en qué dirección apuntaban. En este sentido, debo llamar la atención sobre que para el equipo investigador un punto fuerte del trabajo realizado es que las conclusiones que se desprenden de la explotación de las distintas bases de datos apuntan, al menos en lo cualitativo, las mismas conclusiones, lo que interpretamos como una fortaleza del informe, como una evidencia a favor de la verosimilitud de tales conclusiones.
¿Qué importancia tiene ese amplio análisis en el ámbito canario, donde quizá antes no se haya hecho nada de esas características para abordar tan importante cuestión?
Aunque es cierto que se cuenta con algunos trabajos parciales sobre desigualdad y pobreza relativa en Canarias, lo cierto es que hasta la fecha nunca se había abordado esa cuestión con tal envergadura. En este sentido, quizá pudiese tildarse de importante nuestro trabajo, pero, sin embargo, a los investigadores implicados en este proyecto nos gustaría que este llegase a ser importante por su alcance social. Esto ya no depende de nosotros, sino de que su contenido sea tenido en cuenta por los responsables políticos, que no acabe metido en una gaveta, sino que sirva para alimentar un debate informado y fructífero sobre esas cuestiones, y también para orientar la toma de decisiones, el diseño y la implantación de aquellas medidas que puedan llegar a entenderse como más adecuadas.
¿Por qué ahora y no hace unos años, que la crisis arrancó en 2008 y ya se está a punto de llegar al decenio con ella en la espalda?
Creo que no me corresponde a mí ni al equipo investigador responder esta pregunta. Permítame que no haga cábalas sobre las motivaciones o la jerarquía de prioridades de nuestros responsables políticos. Mejor es hacerles la pregunta directamente. Pero sí me gustaría matizar una cuestión, a saber: que la preocupación por las cuestiones distributivas, por la incidencia de la desigualdad y la pobreza relativa en las islas, debía haberse despertado antes de la llegada de la crisis. Es cierto que la crisis se ha encargado de poner al descubierto amplias bolsas de vulnerabilidad, pero una parte nada despreciable de estas se gestó durante los años previos de expansión. Con esto quiero remarcar que, si bien es cierto que el componente coyuntural o cíclico es innegable, lo anterior no debe llevarnos a obviar los determinantes estructurales de la desigualdad y la pobreza en el archipiélago.
Durante cinco años, entre 2007 y 2011, tuve la posibilidad de dirigir el informe anual del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias. En el informe del año 2009, en el que analizamos la situación económica, social y laboral de Canarias en 2008, advertíamos que, entre 2004 y 2007, “ha aumentado la presencia relativa tanto de los hogares con menores ingresos como la de los hogares situados en los tramos de ingresos más altos (…). Por el contrario, el peso relativo de los hogares con niveles medios de ingresos ha retrocedido. Expresado en otros términos, en los últimos años la sociedad canaria parece haber experimentado cierto proceso de polarización. Y, aún más importante, esta tendencia se ha producido en una etapa de bonanza económica. Habrá que ver qué sucede en el nuevo contexto económico, marcado por una crisis de gran intensidad y de duración aún incierta. Aunque aún es pronto, si la crisis se prolonga en el tiempo, la tasa de paro sigue aumentando y, sobre todo, a medida que los desempleados vayan agotando los plazos de percepción de las prestaciones por desempleo, es de esperar que esta fragmentación pueda agravarse sustancialmente” (página 272). Muchas han sido las advertencias lanzadas en el transcurso de los últimos años, antes incluso de que estallase la crisis. Pero, como indiqué antes, la mayor o menor importancia de este tipo de informes radica en que sean tomados en serio por aquellos que toman decisiones al respecto.
¿Cuál es la diferencia esencial entre pobreza y desigualdad y cómo se relacionan estos dos parámetros?
Agradezco que me brinde la oportunidad de aclarar el alcance de estos términos, pues su desconocimiento acostumbra a traducirse en interpretaciones erróneas de los resultados alcanzados por este tipo de análisis. La primera aclaración que procede realizar es que, dada la naturaleza de la información estadística de la que partió nuestro análisis, únicamente nos hemos ocupado de la dimensión económica de la pobreza. Pero a nadie se le escapa que la pobreza es una polipatología, un problema multidimensional, y a la escasez de recursos económicos hay que añadir deficiencias culturales, sanitarias, problemas de inserción social...
La pobreza, en términos puramente económicos, suele ser interpretada por una amplia proporción de la población como aquella situación en la que los recursos de los que dispone una persona son tan escasos que enfrenta graves problemas para asegurar su sustento, su supervivencia. A esta situación acostumbra a referirse la literatura especializada como pobreza absoluta. Sin rebajar ni un ápice su gravedad, lo cierto es que en las economías avanzadas, afortunadamente, son pocas las personas que se encuentran en esa situación, por lo que en estas sociedades la aproximación al estudio de la pobreza es diferente. En los países de nuestro entorno político-económico se maneja otra definición, en la que los pobres son los que se alejan mucho de los estándares nacionales medios de renta y gasto. La pobreza se estudia, por tanto, como pobreza relativa según el nivel promedio de renta disponible en cada país. Al definir así la pobreza, la estamos convirtiendo realmente en una medida de desigualdad, pues se señala la proporción de personas que se están quedando atrás con respecto a los estándares de renta del conjunto de la sociedad en la que viven.
Entre las personas que se encuentran en situación de pobreza relativa, podemos encontrar, por tanto, situaciones muy diversas. Algunas dispondrán de unos niveles de ingresos más próximos a los valores medios (pobreza moderada), mientras que otras se alejarán bastante de los estándares de vida medios (pobreza severa).
¿Se puede hablar de una pobreza estructural en las islas? Si fuera así, ¿qué impacto tiene en el conjunto de la población y cómo se ha ido construyendo?
Sin ningún género de dudas. Antes de la crisis, tras casi tres lustros de crecimiento ininterrumpido y con la tasa de desempleo muy próxima a la del conjunto nacional, Canarias aparecía como una de las comunidades autónomas españolas con mayor grado de desigualdad en la distribución de la renta y con una tasa de pobreza relativa entre el 25% y el 30% superior a la media española.
Hoy en día, y no solo lo dice usted, se puede estar por debajo del umbral relativo de pobreza incluso teniendo algo tan preciado como es un puesto de trabajo. ¿Cómo se explica tan siniestra paradoja?
Aunque el colectivo de desempleados es, sin duda, el más gravemente afectado por la pobreza relativa, hace ya tiempo que el hecho de disponer de un trabajo no inmuniza ante la eventualidad de encontrarse por debajo del umbral de la pobreza. Aunque las cifras varían en función de la fuente estadística utilizada para el cálculo, a título orientativo puede sostenerse que una de cada diez personas ocupadas en Canarias se encuentra en situación de pobreza relativa, y que una de cada cinco personas en situación de pobreza relativa tiene trabajo.
La pobreza laboral, conviene subrayarlo, no solo afecta a los asalariados (trabajadores por cuenta ajena), sino también a los autónomos. Si bien es cierto que durante los primeros años de la crisis este colectivo sorteó algo mejor la crisis, durante el segundo tramo la tasa de pobreza relativa entre los autónomos avanzó con más intensidad que entre los asalariados y llegó a situarse ligeramente por encima de la de los asalariados.
Son múltiples y muy diversos los factores que explican la mayor incidencia de la pobreza laboral en las islas. Algunos tienen un alcance internacional (la globalización, los cambios tecnológicos, la pérdida de poder negociador de los trabajadores en los países desarrollados....) y otros son compartidos con el resto de regiones españolas (elevada segmentación laboral y temporalidad, impacto de la última reforma laboral, un modelo productivo aún con muchos elementos propios de uno de corte imitador basado en producir barato...). En cuanto a los factores diferenciales, la existencia de mayores tasas de desempleo en Canarias debilita aún más la posición negociadora del mundo del trabajo. A esto hay que unir la mayor intensidad en el uso de contratos temporales en las islas, los menores niveles de productividad con los que acostumbran a operar empresas y ramas de actividad en el archipiélago y el peculiar patrón de especialización canario, altamente concentrado en servicios intensivos en fuerza de trabajo de baja cualificación. De la peculiar estructura sectorial, además, se deriva una segmentación ocupacional peculiar, con mayores porcentajes de ocupaciones elementales y de servicios de restauración, personales, protección y vendedores. Adicionalmente, en igualdad de condiciones (perfil de los trabajadores, empresas, ramas de actividad...), siempre en Canarias se pagan salarios inferiores a los nacionales.
¿Cuánto ha influido en la devaluación salarial las reformas introducidas en los últimos años en el marco de relaciones legales entre trabajadores y empresas?
Los estudios que se han aproximado a la valoración de esta cuestión sugieren que la reforma laboral de 2012 no ha servido para atenuar la elevada temporalidad ni el problema de la segmentación del mercado laboral. En cambio, sí ha sido efectiva a la hora de reducir los salarios. Cuando uno analiza las distintas fuentes estadísticas salariales disponibles en España, encuentra que la devaluación salarial ha incidido con más intensidad sobre los estratos más bajos, sobre los que menos cobran, con el consiguiente agravamiento de la desigualdad e incidencia de la pobreza laboral. La propia Comisión Europea tildó en 2014 de injusto el recorte sufrido por los trabajadores españoles. A principios del mes de septiembre de ese mismo año, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, advertía que en algunos países los trabajadores que se incorporan al mercado laboral lo hacen cobrando sueldos similares a los que se pagaban en la decenio de 1980. Canarias no ha permanecido al margen de estas tendencias, sino más bien al contrario: los datos disponibles apuntan una contracción de mayor intensidad entre los que menos cobran, lo que ha arrastrado a muchos trabajadores a situarse por debajo del umbral de la pobreza.
En la exposición que usted realizó hace unas semanas invitado por la Fundación Pedro García Cabrera, que se celebró en Santa Cruz, explicó que Canarias es la comunidad autónoma donde los grupos de población más pobres aún siguen empeorando su nivel relativo de pobreza, mientras que en otras regiones esta tendencia ya se ha roto para bien y se empieza a subir. ¿Qué explica el caso canario?
Los datos del INE, tanto de la Encuesta de Condiciones de Vida (niveles de ingresos de los hogares) como de la Encuesta de Presupuestos Familiares (niveles de gasto en consumo final de los hogares), son contundentes: los segmentos con menores niveles de renta y gasto coinciden con los que peor parados han salido durante la crisis, especialmente en Canarias, con contracciones superiores al 30% en algunos casos. Por el contrario, los estratos de rentas y niveles de gastos superiores han experimentado contracciones inferiores, de una intensidad relativa inferior en Canarias que en el conjunto de la economía española. Las altas tasas de desempleo en Canarias, junto a una elevada proporción de desempleados de larga duración y la consiguiente pérdida del derecho a la percepción de la prestación por desempleo, figuran, sin duda, entre los factores con mayor poder explicativo.
Cuanto más tiempo permanezca una persona en situación de desempleo, menor será la posibilidad de que la recuperación económica redunde en una mejora de su situación laboral o, cuando menos, dicha mejora requerirá de más tiempo, de que la recuperación se consolide. Evidentemente, esta circunstancia se verá agravada si los perfiles de los desempleados de larga duración poco o nada se aproximan a lo que requieren los empleos que comienzan a crearse. En este sentido, conviene recordar que en 2015 en torno al 65% de los desempleados canarios llevaban en esa situación al menos un año, según la EPA. Esa proporción se sitúa en el 50% si consideramos los que llevaban al menos dos años en paro. De igual forma, la proporción de hogares en el que todos sus miembros activos están desempleados ha aumentado de manera notable durante la crisis.
Más allá del desempleo, la baja intensidad laboral de Canarias también obedece, por ejemplo, a las elevadas tasas de parcialidad no deseada (personas ocupadas pero que trabajan, según las estadísticas oficiales, a tiempo parcial) o a las tasas de temporalidad sistemáticamente superiores a las ya de por sí elevadas tasas nacionales, que suelen traducirse en altas de tasas de rotación, encadenando quienes dependen de estas figuras laborales periodos de empleo con otros de desempleo. Los colectivos más vulnerables, que menos salarios cobran, suelen ser los más intensamente afectados por estas y otras formas de precariedad laboral, una situación, por lo demás, agravada por el efecto conjunto de la crisis y la última reforma laboral.
Junto a la baja intensidad laboral, otro factor explicativo, ya apuntado con anterioridad, es la devaluación salarial. Da igual la fuente estadística que utilicemos: la de Salario del Empleo Principal en la EPA (INE), la Encuesta de Estructura Salarial (también del INE) o la de Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias (Agencia Estatal de Administración Tributaria). Todas, sin excepción, dejan claro que los estratos salariales más bajos, más vulnerables, han sido los que han registrado una mayor caída en sus retribuciones medias.
¿Se puede revertir la situación actual a medio plazo sin que antes se produzca una más equilibrada redistribución de la renta primaria, la del trabajo (lo que implica sueldos al alza), y sin la reducción del 26% de desempleo que existe en las islas?
Será imposible reducir de forma significativa el grado de desigualdad en la distribución de la renta y del gasto existente en Canarias, uno de los más elevados en el contexto autonómico nacional, sin crear empleo a un ritmo elevado y de forma sostenida en el tiempo, de tal suerte que consigamos recortar de manera clara la tasa de desempleo. Se trata, sin duda, de una condición necesaria. Pero la evidencia acumulada en el transcurso de los últimos años también sugiere que, a la hora conseguir un reparto algo más equitativo de la renta y el gasto, así como para reducir de forma significativa la tasa de pobreza relativa, también debe procurarse una distribución más equitativa de los salarios, poniendo un especial énfasis en los segmentos salariales (o, en términos más generales, en las rentas del trabajo) más bajos.
¿Qué cambios considera que se deben dar en la estructura económica regional, en el marco laboral y en la población activa para que la curva actual de pobreza relativa, en fase leve de recuperación, suba y dibuje un cambio de claro de dirección?
Aunque trasciende al objeto del informe, los rasgos identificados de la desigualdad y la pobreza en Canarias nos han permitido extraer algunas conclusiones generales sobre determinados aspectos que deberían integrarse en la agenda de actuación política en las islas o, cuando menos, en el necesario debate previo. Desde una perspectiva agregada e interterritorial (a escala de las comunidades autónomas), el hecho de que sea la distribución primaria (o de mercado) de la renta (renta primaria bruta por habitante) la que determina de manera notable su (desigual) distribución (renta disponible y renta disponible ajustada por habitante) interregional en España, reclama, cuando menos, dos consideraciones: primero, el limitado impacto de las actuaciones redistributivas de las administraciones públicas sobre las desigualdades interregionales obliga a una reflexión acerca del grado de eficacia y eficiencia de los mecanismos de cohesión interterritorial en España; y segundo, y en clave regional, debería profundizarse en la identificación de los factores que limitan la capacidad de la economía canaria de mantener el ritmo de crecimiento medio nacional, es decir, qué elementos de su modelo económico son los que la han llevado a abandonar desde la segunda mitad del decenio de 1990 la senda de la convergencia económica. Relacionado con la segunda cuestión, al menos dos asuntos más deben centrar la atención, ambos estrechamente vinculados: los modestos registros acumulados en términos de productividad agregada en los últimos lustros, por un lado, y la baja intensidad y la elevada precariedad laboral, por otro.
El reconocimiento de la importancia del componente interregional a la explicación de los menores niveles de ingresos (y gastos) medios por habitante y las mayores tasas de riesgo de pobreza en Canarias no debe hacernos perder de vista la otra dimensión, a saber: la intrarregional, pues las islas aparecen en el contexto autonómico nacional como una de las regiones con mayores ratios de desigualdad e índices de concentración, y con un deterioro más severo durante los años de crisis. En la explicación de esta dimensión, hemos de remitirnos, una vez más, a la distribución primaria (o de mercado) de la renta (renta primaria bruta por habitante), que no solo condiciona su desigual reparto (renta disponible bruta y renta disponible ajustada bruta por habitante) entre regiones, sino también entre personas y hogares dentro de cada región. Esto es, también debemos vigilar la cuestión relativa a cómo repartimos los beneficios asociados al crecimiento económico, cuál es la distribución que emana de los mercados: ¿qué proporción de la renta primaria se destina a retribuir el factor capital?; de la parte destinada a retribuir el factor trabajo por su participación en el proceso productivo, ¿qué parte va destinada, por ejemplo, a los cuerpos directivos?; ¿cuál es la relación entre los salarios de los trabajadores que ocupan puestos que requieren de menores niveles formativos respecto a aquellos otros que exigen más capital humano?
El hecho de que la distribución de mercado (distribución primaria) sea la que establece las pautas distributivas de partida, unido al limitado impacto que sobre la desigualdad que emana del mercado ejerce la acción redistributiva del sector público (distribución secundaria), debería conducir, primero, a otorgar una mayor atención a las medidas “pre-distributivas” (en alusión a aquellas acciones que influyen sobre la distribución primaria de la renta: reparto entre factor capital y trabajo, salarios mínimos, rentas mínimas o cláusulas sociales) frente a las “re-distributivas” (referidas a la distribución secundaria), y segundo, a velar por un mejor funcionamiento de las acciones redistributivas.
Desde un punto de vista ético, más personal y humano, y tras meterse de lleno en esa especie de agujero negro, ¿qué cifra o variable obtenida le ha producido un mayor escalofrío?
Aunque el informe se aproxima al estudio de la desigualdad, prestando atención, por tanto, a todos los estratos de salarios, rentas y gastos, hasta cierto punto es comprensible que la opinión pública se sienta más interesada por lo que acontece en los segmentos más desfavorecidos. Si nos centramos en estos colectivos, resulta complicado apuntar dos o tres rasgos por encima del resto, pues no podemos olvidar que detrás de la frialdad de las cifras hay hogares, personas que lo están pasando mal, y todas ellas reclaman que se les preste atención. Ahora bien, y para que no piense que trato de evitar su pregunta, si tuviese que destacar un rasgo o tendencia por encima del resto, este sería, además de la creciente polarización de la sociedad canaria, la elevada probabilidad que hemos encontrado de que una proporción considerable de la pobreza relativa, sobre todo de la pobreza severa, sea de carácter estructural o permanente, y por tanto, muy difícil de reducir.
La elevada proporción de desempleados de larga duración con perfiles de difícil reinserción laboral apunta en esa dirección, y aconseja que las líneas de actuación paliativas sean completadas con otras de más largo alcance, con el foco puesto en mejorar la empleabilidad de ese colectivo. Similar consideración se desprende del aumento experimentado por la pobreza infantil en las islas. Es un dato preocupante en sí mismo, pero, aún más, por sus implicaciones a medio y largo plazo. Es abundante la evidencia empírica que sugiere que uno de los factores que puede incidir en el grado de pobreza que enfrentan las personas adultas son las situaciones de pobreza vividas durante su infancia y adolescencia, en la medida en que estas reducen las posibilidades de recibir una educación adecuada y de adquirir y desarrollar sus capacidades. De lo anterior se desprende la conveniencia de avanzar en un doble frente: la lucha contra la pobreza infantil y la mitigación de la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Otra tendencia que apunta a que enfrentaremos un componente de pobreza de muy difícil atenuación si las cosas no cambian tiene que ver con las pensiones que recibirán quienes se retiren en un futuro no muy lejano. A las reformas implantadas en España recientemente, hemos de sumar el hecho de que una proporción creciente de los futuros pensionistas habrá acumulado largos periodos de baja intensidad laboral, combinando periodos de empleo y desempleo, y cobrando unos salarios realmente bajos. Esto me lleva a prevenir acerca del comportamiento que previsiblemente seguirá la incidencia de la pobreza entre nuestros mayores, si no se toman medidas que reviertan esa situación.
Ahora bien, lo que más que me preocupa es lo que no se mide en el informe, al escapar esto de las bases de datos manejadas. Me refiero a los colectivos que peor lo están pasando, con menores recursos, algunos muy próximos a situaciones de pobreza extrema. Pensemos, por ejemplo, en las personas sin hogar. Este colectivo constituye un ejemplo destacado, aunque no el único, de un atentado contra el concepto mismo de ciudadanía, que supone poder disfrutar de derechos civiles, políticos y sociales. Derechos constitucionales como el de acceso a la vivienda, al trabajo, a la protección de la salud o al honor y a la propia imagen han sido usurpados a esas personas, síntoma inequívoco de nuestro fracaso como colectividad, como sociedad.
Este inmenso, complejo y tan reconocido trabajo técnico, ¿cree que servirá al final para algo? ¿Observa voluntad política en intentar cambiar las cosas?
Quiero pensar que sí, que al menos servirá para crear un mínimo de conciencia social y para alimentar un debate informado. Si además contribuye a que nuestros gestores públicos tengan un mejor conocimiento de la realidad social canaria y ello facilita el diseño de una agenda de acción política más eficiente y eficaz, pues mejor aún. En relación con la segunda cuestión que me plantea, lo cierto es que nosotros con quien hemos mantenido contacto durante los meses que llevó realizar el informe ha sido con el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias, con Néstor Hernández López [organismo eliminado el 23 de diciembre de la estructura del Ejecutivo regional por el presidente Fernando Clavijo]. Mi percepción es que, además de haber querido fundamentar su acción sobre la base de trabajos académicos, el Comisionado tiene una especial sensibilidad sobre estas cuestiones tan delicadas. En qué medida mi percepción se aproxima a la realidad, no lo sé, como tampoco sé cuál es su margen de actuación dentro del Gobierno regional. Entiendo que tan solo el paso del tiempo me permitirá despejar ambas dudas.
