La oposición en el Ayuntamiento de La Laguna derrota al gobierno de CC y le exige disculpas públicas por la condena de Las Teresitas
Coalición Canaria (CC), que gobierna en minoría en La Laguna, se volvió a quedar muy sola en un pleno lagunero, en este caso el celebrado el jueves. El apoyo más cercano, que no fue tal en sentido estricto, se lo dispensó una vez más el PP, que se abstuvo en el crítico asunto relacionado con la moción presentada por la oposición de izquierdas acerca de la muy de actualidad sentencia de Las Teresitas.
Esa moción solicitaba una declaración del Ayuntamiento lagunero a favor de que CC pidiera perdón de forma pública por la implicación de exgestores públicos de su partido en el “pelotazo de libro” de la compraventa del frente de playa de Las Teresitas, una “trama jerarquizada” que, por ahora, se ha saldado con penas de cárcel para Miguel Zerolo y Manuel Parejo, políticos entonces de CC, y para los dos empresarios de Inversiones Las Teresitas, entre otros.
Pese a las decisiones de CC y PP, la moción, que entró en registro del Ayuntamiento firmada por ediles de los partidos XTF-NC y Unidos Se Puede y que se debatió en la sesión de este jueves, resultó avalada por el pleno debido al respaldo de los partidos que la propusieron, del PSOE en pleno (uno de los denunciantes del caso Las Teresitas es concejal socialista en Santa Cruz, José Ángel Martín), lo que están en el Gobierno local y los separados (dos de cinco), y de Ciudadanos.
La aprobación de la moción supone un buen tirón de orejas a CC por la forma en que este partido gestionó el reseñado asunto de Las Teresitas y subraya en su texto que la sentencia de la Audiencia Provincial tinerfeña reprocha con dureza “la forma de gestionar el poder municipal” en beneficio “de los intereses privados y en contra de la legalidad y de los intereses públicos”.
Con esta moción municipal, la Corporación lagunera “exige a CC que pida disculpas públicas a los ciudadanos por haber respaldado la operación de Las Teresitas, que tan grave daño económico ha supuesto para los intereses públicos” en el municipio de Santa Cruz. Los condenados deben pagar en cumplimiento del fallo, que no es firme, algo más de 100 millones de euros.
