El importe del pelotazo de CC en Las Teresitas lo fijaron el exalcalde Zerolo y su concejal de Urbanismo

Décimo primera sesión del juicio por el pelotazo que supuso la compra del frente de la principal playa de Santa Cruz de Tenerife, cocapital de la Comunidad Autónoma de Canarias, y por fin, un testigo que fue concejal de Coalición Canaria en el año de esa compra, 2001, con algo de memoria. Se trata de Jeremías Rivero, responsable del área de Juventud y Educación entonces, y que este martes recordó con precisión que Miguel Zerolo, Manuel Parejo, Emilio Fresco, Emilio García Gómez, Antonio Plasencia, Ignacio González y Mauricio Hayek fueron quienes fijaron el precio de esa transacción multimillonaria en reuniones privadas.

Los dos primeros, Miguel Zerolo y Manuel Parejo, de Coalición Canaria (CC), son los principales acusados en este macrojucio por prevaricación y malversación. Las acusaciones pública y particular piden para ellos 8 años de cárcel. Fresco y García Gómez eran en 2001 ediles del PSOE y del PP que apoyaron sin fisuras la compra de la playa por mas de 52 millones de euros (cerca de 9.000 millones de pesetas).

Antonio Plasencia e Ignacio González han sido durante décadas los principales promotores y empresarios de la provincia tinerfeña bajo el paraguas de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), uno de los pilares de la actual Coalición Canaria. Ellos compraron los terrenos de la playa y sus aledaños a la Junta de Compensación por unos 5.500 millones de pesetas y en un abrir y cerrar de ojos de solo tres años, vendieron la décima parte por 3.000 millones de pesetas más. Hayek es el abogado de la Junta de Compensación, y que se sentará en el banquillo el próximo 10 de octubre por su “labor de asesoría” en la venta.

Por eso, la declaración sin titubeos iniciales de Jeremías Rivero ha sido un revulsivo tras varias sesiones de la vista oral, que se lleva a cabo en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en las que, testigo tras testigo (todos “zerolinos”), han hecho un alarde de desmemoria preocupante, y han repetido las mismas frases. A saber: 1) que la compra “fue por interés de la sociedad para que no se construyera en el frente de la playa”; 2) que “el expediente de la compra estaba correcto”; 3) que “yo no soy quién para cuestionar a los técnicos”; 4) que “voté a favor porque era bueno” y 5) “no lo recuerdo”.

Frente a esa desmemoria, Rivero indicó a preguntas de la fiscal, que hubo tres sesiones plenarias para abordar la compra de Las Teresitas, en enero, en marzo y en julio de 2001, en la que finalmente se aprobó la transacción. También, que el proyecto de edificación planteado por la Junta de Compensación era inviable y que, entre medias, el acusado Manuel Parejo, exconcejal de Urbanismo y ex mano derecha de Zerolo (expulsado de CC tras ser condenado en firme en 2014 por el caso Mamotreto, directamente ligado al caso Las Teresitas), era quien informaba a la comisión informativa de la Gerencia de Urbanismo de las reuniones que se mantenían para que el Ayuntamiento se hiciera con el frente de la playa. Reuniones de cuyos pormenores “nunca nos informaron”.

“Del contenido de las reuniones de Parejo y Zerolo con la Junta no nos informaron”. “En las comisiones informativas de la Gerencia de Urbanismo nos comentaban esas reuniones cuando se iba a llevar algo al Pleno”. “¿Quién las comentaba?”, preguntó la fiscal. “Manuel Parejo”, respondió el testigo.

A preguntas del abogado de la defensa de Emilio Fresco, Rivero aclaró que esas reuniones “no eran secretas”, y respondió a una pregunta del abogado de Parejo que, en efecto, en el expediente para la compra de la playa “no había reparos de ilegalidad”.

Permuta o compra

Según el testimonio de Jeremías Rivero, en el acta de la sesión plenaria de enero de 2001 (antes de adquirir la playa a Plasencia y González, dueños de Inversiones Las Teresitas S.L.) quedaron plasmadas dos posibilidades: la permuta o la compra ofrecidas por la Junta de Compensación. Además, ya quedaron fijadas dos divisiones: el frente de la playa y los terrenos que configuran el Valle Las Huertas, en la trasera de la misma, reconvertidos en urbanizables.

“Nunca se propuso la expropiación. No estaba encima de la mesa”, añadió Rivero. También aclaró, frente al “no recuerdo” de testigos anteriores, que “todos los concejales de Coalición Canaria nos reuníamos un par de días antes de cada pleno”. “Sí, los 18 que éramos”, aunque poco después matizó que “Zerolo no estaba en todas esas reuniones” y que “no recuerdo si Zerolo asistió a la previa a la votación de la compra”.

Antes del Pleno en el que se acordó la compra de la playa, “Manuel Parejo nos dijo lo que se iba a tratar y que ningún informe era negativo. Me miré el expediente y pregunté al secretario general del Ayuntamiento (el también acusado de prevaricación, José de Zárate Peraza de Ayala. Se piden cuatro años de cárcel para él) por si había algún reparo de legalidad y me dijo que no”.

Asimismo, y para sacudida de los abogados de la defensa, Jeremías Rivero dijo que “no recuerdo que ni Parejo ni el secretario general nos hablaran de tasaciones”.

Antes de la declaración de Jeremías Rivero intervino la exconcejal Patricia Cruz, del Grupo Municipal del PSOE, quien se limitó a decir que “votó a favor porque si los informes de los técnicos decían que estaba todo bien, es que estaba todo bien”, ya que no tenía por qué no fiarse de los informes favorables del secretario general y del interventor municipal (el acusado de prevaricación, Antonio Messía Yraola).

“Los informes son suficientes”

Un poco más explícito fue Dámaso Arteaga, en la actualidad teniente de alcalde y concejal por CC de Servicios Públicos y que en 2001 se sentaba en el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo.

Según declaró este martes, en la reunión de ese Consejo para elaborar el acta de compra que se llevaría a comisión informativa previa al Pleno, “Emilio Fresco preguntó por las valoraciones (de los terrenos), pero se le dijo que con los informes que había en el expediente era suficiente”. “¿Quiénes lo dijeron?”, preguntó la fiscal y Arteaga aclaró aclaró que “fueron Víctor Reyes y José Luis Roca”, quienes también se sientan en el banquillo por prevaricación. El primero era secretario de la Gerencia de Urbanismo y, el segundo, interventor de la misma.

En respuesta a pregunta del abogado de Manuel Parejo dijo que “El expediente parecía completo y la valoración de los terrenos venía acreditada técnicamente”, para añadir que el borrador del acta estaba firmado por Javier López de Vergara, funcionario economista ya fallecido.

Arteaga añadió que la cantidad a pagar “era la pactada y era correcta. Viene en el acta de propuesta de resolución”. Añadió que “en el Consejo de Administración no se discuten cuantías”, por lo que votó a favor de la compra.