Los abogados de Plasencia y González niegan el dolo a Santa Cruz por la venta del frente de la playa

La de este lunes ha sido la penúltima sesión de la vista oral por el caso Las Teresitas, que ha tenido como protagonistas a los abogados de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, dueños de Inversiones Las Teresitas, la empresa que vendió las once parcelas del frente de la playa capitalina al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por 52,2 millones de euros (8.750 millones de pesetas) en 2001, casi el triple de los 19,2 millones en que una exarquitecta municipal y otros tasadores externos valoraron los terrenos.

Tanto Jordi Pina Massachs, defensor de Plasencia, como Jesús María Silva, defensor de Ignacio González, ambos del mismo bufete catalán de abogados, Molins and Silva, sostuvieron que no ha habido ni una sola prueba, y menos que haya quedado demostrada, del delito de malversación que les acusa la Fiscalía Anticorrupción, ni del delito de prevaricación que también sostiene la acusación popular, representada por el letrado Pérez Ventura.

Para ambos empresarios se piden cuatro años de cárcel, lo que la acusación popular eleva a ocho en el caso de que se demuestre que fueron los inductores de la compra cuyo posible fraude ha acarreado casi diez años de instrucción judicial y tres meses de vista oral.

Es justamente a esa inducción a la que ambos letrados han dedicado la mayor parte de sus alegatos para negarla, así como para criticar que este juicio se haya llevado en la vía penal, cuando, a su criterio, lo que correspondía era la vía contencioso-administrativa.

Pina Massachs dijo que “este ha sido un máster de derecho administrativo. La fiscal María Farnés habló durante ocho horas de derecho administrativo, pero no habló de hechos reales, por lo que ha habido una vulneración del principio acusatorio. Con los hechos expuestos por la fiscal es imposible que Plasencia sea condenado, ya que no dedicó ni una sola línea a probar la conducta típica de los inductores”.

Añadió que “se cambió el juego de inductor a cooperador necesario. No sabemos si antes era inductor, luego cooperador... Si la venta fue idea de (Manuel) Parejo y de (Miguel) Zerolo, en otros momentos, si fue idea de (Antonio) Plasencia y de don Ignacio (González). ¿Qué ha hecho Plasencia? ¿Indujo a Parejo, a Zerolo, a otros de los colaboradores necesarios?”.

El letrado, que dijo ser conocedor de la playa por vínculos familiares, alegó que para ser inductor de un delito hay que convencer a alguien del acto de delinquir, lo que dijo que no ha quedado demostrado. “Cualquier forma jurídica adoptada habría acabado en juicio, porque la permuta y la expropiación también tienen repercusiones económicas”. “La única posibilidad de no estar en este juicio es que mi cliente hubiera donado las parcelas”.

El cohecho que flota en el ambiente

El defensor de Plasencia sostuvo que “se ha intoxicado la acusación con el cohecho, pero el cohecho murió hace muchos años”, y recalcó que había habido un juicio moral contra su cliente, al que las acusaciones llamaron ambicioso. “Solo faltó pedir en la condena tres padres nuestros”.

En este sentido, y en relación a los casi cuatro millones de euros que el empresario tinerfeño habría “prestado” al expresidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez, tras la concesión del crédito multimillonario que hizo posible la compra de la playa y todos sus terrenos traseros, y que la fiscal expuso en su momento como un trato de favor (aunque no se pudo demostrar la conexión de un hecho con el otro, lo que sí habría sido cohecho), el abogado señaló que fue lógico ese trato especial, ya que Plasencia lo ha sido como cliente.

De la misma forma negó que hubiese quedado acreditado el delito de prevaricación, del que acusa a los empresarios la acusación popular. “¿Cuál fue el acto prevaricador? Que se hubiera cambiado el convenio de no sé qué año y que en vez de un trasvase de aprovechamientos se hubiese decidido comprar? No tengo ni idea”.

Pina, que cargó contar Pérez Ventura, para quien pidió la condena en costas, aseguró que este no dedicó “ni 20 segundos” a acreditar la inducción que hubiera llevado a la prevaricación“.

Y de la misma manera cargó contra la fiscal por intentar echar por tierra la supuesta imparcialidad de uno de los peritos, Javier Domínguez Anadón, que el letrado calificó de “eminencia en urbanismo”, pero a quien la fiscal vinculó con negocios del hermano de Manuel Parejo y del propio Plasencia.

Pina concluyó un poco antes de la hora y media que dijo que duraría su intervención, asegurando que no pudo haber concierto de intereses entre Antonio Plasencia y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo (para quien se piden ocho años de cárcel), ya que afirmó que “no se llevan bien”.

El “cabroncete enano”

Igual se pronunció (“y en el mismo paquete”, ya que las acusaciones contra Plasencia son las mismas que contra Ignacio González), el compañero de Pina, el defensor de Ignacio González, el prestigioso abogado Jesús María Silva, defensor de la infanta Cristina, entre otros, para quien el empresario y Manuel Parejo serían como agua y aceite.

“Las negociaciones para la venta se llevaron a cara de perro”, afirmó. “Mi cliente le llamaba cabroncete. El cabroncete enano. Lo aborrecía”.

El abogado señaló que en el juicio se ha partido de la idea de “que todos sabían, todos tenían conocimiento”, lo que a su parecer no ha quedado acreditado, como tampoco “esa apariencia” de “plan conjunto. Que todos actuaron de consuno”, cuando lo que se ha juzgado, dijo, “son 50 años de historia porque este caso arranca en 1967 (año en que la playa se convirtió en artificial y la Junta de Compensación habría cedido terrenos al Ayuntamiento), con un intercriminis de tres años. Es decir, una tentativa de delito que comienza en 1998 y se culmina en 2001. No conozco ningún caso así”.

Como Pina, Silva se basó en que no ha quedado demostrado en la vista oral ninguna prueba de dolo a las arcas municipales. Al contrario, alegó que una cosa es el precio de las parcelas y otra su valor, y que todo lo expuesto en los tres meses de juicio eran cuestiones administrativas, jurídicas unas y técnicas otras.

Añadió que toda la base de la acusación se basaba en los criterios de una arquitecta (Pía Oramas) “que es la máxima autoridad en Urbanismo”, para luego destacar que “los empresarios también tenían sus asesores, que discrepaban de doña Pía”, al igual, recalcó, “que los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento”. 

Jesús Silva defendió que comprar con sobreprecio, lo mismo que vender a menosprecio, no son deslealtades, luego “no hay malversación”. “Cuánto valen el paseo y el baño libre de todos los ciudadanos de Santa Cruz para siempre, ad eternum?”.

Para el letrado, ni siquiera es posible llegar a saber si se compró por más o menos precio debido al “lío normativo”, y negó que el lucro que hubiera podido existir fuese un rédito político de no edificar en la playa, ya que “ese es el objetivo de un político”.

En cuanto a la posible prevaricación, como lo hizo su compañero de despacho, preguntó cuál era la resolución que Ignacio González habría inducido para que fuese contraria a derecho. Y para terminar de poner el punto, afirmó que se siguieron criterios de los asesores jurídicos. “No puede ser que los asesores estén paseando y los asesorados, aquí”.

“Lo lógico es que Ignacio González y Antonio Plasencia quisieran vender al mayor precio posible. Es su rol”. Y otra pregunta más que dejó en el aire: “La playa de Las Teresitas... ¿se compró por inducción o por presión popular para que no se construyera?”.

El exinterventor tampoco sabía nada

La penúltima sesión del juicio por el caso Las Teresitas, que este martes quedará visto para sentencia, también contó con las defensas de los hijos de ambos empresarios, Pedro González Santiago y Carlos Plasencia, cuyos abogados negaron que hubiesen tenido intervención directa en la operación de compraventa, y que actuaron como simples mandatarios de sus padres.

“Mi representado no ha tomado parte en los hechos que se califican como malversación”, dijo el abogado Esteban Sola, defensor de Pedro González. Puso en duda que la valoración de las parcelas en un tercio de lo pagado tuviese suficiente peso, “ya que los criterios no eran unánimes, sino una particular interpretación de la normativa por parte de arquitectos con criterios subjetivos y que no son juristas”.

Negó que hubiese habido un incremento del valor de los terrenos en la trasera de la playa “ya que siempre tuvieron valor residencial. Solo se eliminó el uso hotelero”.

El abogado de José Luis Roca, el exinterventor de la Gerencia de Urbanismo en quien varios de los funcionarios acusados descargaron responsabilidades durante sus declaraciones, alegó que su cliente no participó en las reuniones técnicas en las que se perfiló el expediente de compraventa y que hacer un primer pago a los empresarios de 5.780 millones de pesetas, con un cheque que se llevó a la notaría el mismo día en que se firmaba la escritura de la compraventa, no es inusual ni delictivo. “Lo podría haber llevado el bedel”.