“¿Por qué no se incluyó en el expediente de compra el informe de Pía Oramas?”
![El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Manuel Parejo](https://static.eldiario.es/clip/cffae028-d109-4e43-9588-8d88a8096d1d_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
Manuel Parejo, exconcejal de Urbanismo en Santa Cruz de Tenerife entre 1999 y 2001, no supo explicar este martes al presidente del tribunal que juzga el caso Las Teresitas por qué no se incluyeron en el expediente para la compra-venta de la playa los informes más beneficiosos al Ayuntamiento y solo constaban los más beneficiosos a los empresarios vendedores.
El magistrado Astor Landete le preguntó a Parejo hasta en cuatro ocasiones por qué no se habían incluido en el expediente que fue entregado a todos los concejales días antes del Pleno en el que se aprobó la operación de compra por 8.700 millones de pesetas (52,2 millones de euros) el informe que elaboró la exarquitecto municipal Pía Oramas, que valoraba los terrenos en poco más de 19 millones de euros, así como el anexo B de la tasación que realizó la Sociedad de Tasación S.A., que rebajó ese precio en casi un millón de euros al tener en cuenta los mismos condicionantes que remarcó la técnico: deslindes, afectación por parte de Costas, zonas no urbanizables, no aprobación de un Convenio de Urbanización...
Tampoco se incluyeron dos tasaciones de Pool Gest y de la Universidad Carlos III de Madrid, con valoraciones similares, todas ellas en torno a los 3.000 millones de pesetas.
La respuesta de Parejo fue igual a la que le proporciono el lunes a la fiscal anticorrupción: “se trataba de un informe previo, y los informes previos no se incorporan”.
“No consigo entenderlo”, le replicó el magistrado. “Se trataba de informes que eran favorables a los intereses del Ayuntamiento. ¿Por qué no se incluyeron? Si ya tenían cuatro informes, ¿por qué pidieron más a empresas externas?”
“Es que no había una posición unitaria para negociar y por eso se pidió más información”, alegó el exconcejal de Urbanismo, quien reiteró que el informe de Pía Oramas (el mismo que ha sido una de las bases para sentar en el banquillo a los encausados) era un trabajo “anterior”, así que no se le dio validez.
Tras dos intentos más, con iguales respuestas, el magistrado dejó de preguntar.
Cabe recordar que Manuel Parejo quiso recusar al tribunal que ahora le juzga, por considerar que ya estaba enviciado, al haber sido el mismo que le condenó por el caso Mamotreto (pieza derivada del caso Las Teresitas), aunque esa recusación fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Y cabe recordar también que el Tribunal Supremo anuló en 2007 la compra-venta del frente de la playa, entre uno de sus motivos, porque no se había incluido en el expediente el preceptivo informe de una técnico especialista municipal y porque los criterios para fijar el precio de venta eran contrarios a una buena administración.
En este sentido, otro de los acusados, el exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, de Santa Cruz de Tenerife, Emilio Fresco, afirmó este martes que supo de la existencia del informe de Oramas “después de la aprobación en el Pleno”, en la que votó a favor de la compra multimillonaria, porque de haberlo conocido “lo hubiera puesto sobre la mesa y pedido explicaciones”.
Minutos antes, Manuel Parejo, mano derecha de su entonces alcalde, Miguel Zerolo, y hasta que fue condenado en firme a dos años de cárcel por el caso Mamotreto, uno de los pilares “tradicionales” de Coalición Canaria en Tenerife, sostuvo ante su abogado defensor que no hubo presiones sobre Pía Oramas y arrojó la responsabilidad de que su informe no estuviera incluido en el expediente en su jefe inmediato, de nuevo el entonces jefe de Planeamiento en la Gerencia, Epifanio Gómez, que no está acusado.
En cuanto a las posibles presiones que Oramas denunció en sede judicial y, hace unos días, ante el tribunal que juzga el supuesto “pelotazo” de Las Teresitas, Parejo las negó y las redujo a “comentarios” entre compañeros funcionarios.
Igualmente, negó haber dado “instrucciones” al exsecretario de la Gerencia de Urbanismo (el acusado por prevaricación en esta misma causa, Víctor Reyes) para que hiciera un informe en el que la expropiación era imposible y así dejar como posibilidad la compra-venta.