La fiscal desarma la “película” del caso Las Teresitas y los principales alegatos de las defensas

Dos realidades, dos Teresitas, o mejor dicho, una realidad y otra, “virtual, como una película de Matrix”. Así ejemplificó y resumió la fiscal jefe anticorrupción de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez-Frigola, lo que durante tres meses se ha expuesto ante el tribunal que juzga la compra del frente de la playa de Las Teresitas por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González por casi el triple de su valor.

Por ese supuesto beneficio a unos empresarios en detrimento del interés general, están acusados por malversación y prevaricación el exalcalde y exsenador Miguel Zerolo, para quien se piden ocho años de cárcel, lo mismo que para quien habría sido su mano derecha en esta operación, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo. Los abogados de ambos pidieron la absolución o, en todo caso, que se tengan en cuenta las dilaciones indebidas, dado que la investigación judicial arrancó hace más de nueve años.

Esa compra que se llevó a cabo en 2001 ha sentado a 13 personas en el banquillo de los acusados hasta este miércoles. Desde las once de la mañana, los encartados son dos menos, al retirarse las acusaciones contra el exsecretario municipal, Eugenio de Zárate, y el exinterventor municipal, Antonio Messía Yraola tanto, por parte de la Fiscalía como de los representantes de la acusación popular y del Consistorio. Tras escuchar esa “absolución”, abandonaron la sala de vistas acompañados de sus abogados entre sonrisas y palmadas en la espalda.

La Fiscalía también retiró las acusaciones por prevaricación contra Pedro González Santiago y Carlos Plasencia, hijos respectivos de los empresarios encartados Ignacio González Martín y Antonio Plasencia Santos, los dueños de Inversiones Las Teresitas, artífices de lo que los técnicos de Hacienda calificaron como “un pelotazo de libro”, tras vender 11 parcelas del frente de la playa al Ayuntamiento de la capital tinerfeña por 52,2 millones de euros, mucho más dinero de lo que les costó comprar la playa y todos sus terrenos circundantes (101 parcelas en total) apenas tres años antes.

La fiscal ha sido la primera en informar los motivos por los que ha elevado sus conclusiones a definitivas, y lo hizo con esas dos realidades que durante varias semanas plasmaron los catorce peritos que intervinieron en la vista oral. Su intervención comenzó antes del mediodía y estaba previsto que se prolongase hasta la noche.

Lo primero que ha intentado tumbar la fiscal son los argumentos de los peritos que defendieron que el deslinde era otro al vigente e incluso que los terrenos vendidos podían tener un valor muy superior al precio que se vendieron.

De entrada, insistió en la parcialidad de los propuestos por las defensas de Ignacio González, Antonio Plasencia y Manuel Parejo, al demostrar los lazos profesionales e intereses particulares entre los peritos Javier Domínguez Anadón y Joaquín Jalvo con Luciano Parejo, hermano del acusado Manuel Parejo y uno de los asesores de este último en el proceso de la compra de la playa.

El proyecto de urbanización “no existía”

Para la fiscal, estos peritos se movieron en la realidad virtual, en la que habría un proyecto de urbanización aprobado para la zona, pavimentación, tratamiento de aguas residuales, alumbrado, todas las parcelas serían de titularidad privada y se podría urbanizar hasta alcanzar una población de 12.000 personas, cuatro veces más que la actual en el pueblo que alberga la playa, San Andrés. Los terrenos serían ya urbanos y la línea de dominio marítimo terrestre ni siquiera tocaría la playa en sí.

Frente a ellos y con argumentos distintos estaban los peritos que calificó de imparciales, como la exarquitecto municipal Pía Oramas, los peritos propuestos por el juzgado y los de la Universidad Carlos III y Sociedad de Tasación. “En la realidad real, la contrastada, todos ellos llegaron a un precio similar, en torno a los 3.000 millones de pesetas (unos 19 millones de euros). Pero si nos vamos a la película, todo estaría acabado y hasta el proyecto de urbanización, aprobado, lo que triplica el precio”.

Insistió en que el proyecto de urbanización (elemento clave para la tasación) no estaba aprobado por defecto. “No existe, no existía”, aseveró. Y por eso mismo, aunque algunos de lo acusados (como Parejo o Víctor Reyes) intentaron lanzar parte de la responsabilidad a quien era jefe de Planeamiento en la Gerencia de Urbanismo, Epifanio Gómez, la fiscal recordó que fue uno de los técnicos municipales que se negó a dar el visto bueno a la compra sin ese proyecto de urbanización aprobado.

En una exposición exhaustiva, Martínez-Frigola argumentó cada línea de la sentencia del Tribunal Supremo de 1998, por la que las defensas estiman que la línea de deslinde fue modificada o que los terrenos eran diferentes unidades de actuación, o que se podía convertir en privado terrenos de dominio público.

“Que no cabe propiedad privada dentro de los límites marítimo-terrestre lo dice la Constitución”, y añadió que, “para nada, Inversiones Las Teresitas tenía patrimonializado los terrenos ni sus aprovechamientos (por lo que no cabe, a su entender, que los empresarios sean indemnizados, aunque no se juzga ese punto en esta causa).

Igualmente insistió en que el Plan Parcial no fue modificado, sino solo revisado para adaptarlo a la Ley del Suelo, y según esta “era obligada una cesión del 10% de los terrenos para aprovechamiento municipal”. O lo que es lo mismo, que el Ayuntamiento, al comprar el frente de la playa, “renunciara a ese 10%, que debía ser suyo. Es como si al ir a comprar una televisión nos empeñamos en que no nos apliquen una rebaja. Eso solo es posible en esta película de Matrix”.

Un negocio que no era tal

Para la fiscal ha quedado demostrado que, al menos, tres de las once parcelas compradas eran ya de titularidad pública, aunque en el proyecto de compensación figurasen como de uso hotelero abierto. Si a ello se suma que en la zona de servidumbre “están prohibidos los usos residenciales”, igual que, argumentó, no se pueden hacer hoteles en las zonas con pendientes de más del 30%, “lo que queda para camas es muy poco”.

De forma que de las 4.600 camas previstas en el Plan Parcial, tan solo se podían construir 1.848. Esto es, para la fiscal, que el negocio de urbanización que alegan los empresarios y por el que fijaron el precio de la venta nunca hubiera podido ser tal.

La fiscal ha solicitado que en la condena se incluya el pago solidario de 6.570 millones de pesetas al Ayuntamiento, además de nueve millones de euros por intereses.

Por su parte, el abogado de la acusación particular José Pérez Ventura elevó las peticiones de pena para los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia a ocho años de cárcel en el caso de que se les considere inductores de la ventacompra, o tres años en caso en que solo se les considere cooperadores necesarios para llevarla a cabo.

Pérez Ventura mantuvo las acusaciones contra Pedro González Santiago y Carlos Plasencia, por lo que siguen en el banquillo.