Un perito reconoce que fue un error programar un hotel en Las Teresitas
El perito Jordi Duatis ha afirmado este lunes (24 de octubre) en la reanudación del juicio del caso Las Teresitas que fue un error considerar que se podía construir un hotel de cinco estrellas en la parcela once de la playa capitalina, que tiene un 70% de inclinación, y ha aseverado que si tuviera que repetir ahora este proyecto “lo cambiaría de sitio”.
Jordi Duatis, que es profesor de Arquitectura de la Universidad de Barcelona y ha sido designado perito por Inversiones Las Teresitas, realizó esta consideración en la sesión del juicio por la compraventa de terrenos en la citada playa de la capital tinerfeña.
Sin embargo Joaquín Jalvo, otro de los peritos nombrados por las defensas de los trece acusados, afirmó que en la citada parcela 11 podría haber el doble de la edificabilidad prevista y que es “la que menos problemas tiene”.
Continúa declarando Pía Oramas
Por el contrario, la exarquitecta municipal Pía Oramas subrayó que ninguna previsión de edificar hoteles en la playa podía incluirse en las excepciones contempladas por la moratoria turística.
Pía Oramas consideró “obvia” la imposibilidad de distribuir varios hoteles en los 90.000 metros cuadrados del frente de playa, de los que la mitad corresponden a la ladera, y puso como ejemplo que sólo un campo de golf acapara más de cien mil metros cuadrados.
La exarquitecta municipal reiteró que Las Teresitas está calificada como suelo urbano no consolidado y por lo tanto no cumplía los requisitos previstos en la moratoria para edificar lo que popularmente se denomina “hoteles urbanos”, que están admitidos en suelos urbanos no consolidados de carácter no turístico.
Por ello discrepó de otros peritos presentes en el juicio que, en su opinión, han hecho una interpretación “muy sui generis” del Plan Insular de Ordenación del Territorio de Tenerife en el que, recordó, la capital tinerfeña quedaba “fuera” del futuro desarrollo turístico en la isla.
Insistió en que Las Teresitas no tenía un proyecto de urbanización aprobado “y no se puede estar a la vez en un sistema de expropiación y en otro de compensación” y detalló que en la época en que era edil de Urbanismo Pablo Matos (PP) el objetivo era dotar a la zona de ámbitos deportivos y de uso ciudadano y los técnicos “teníamos que ofrecer vías para lograr” esta finalidad.
En tiempos posteriores se hablaba “de urgencia” para llevar a cabo la compraventa de los terrenos porque los empresarios tenían el crédito y en una reunión “me dio la sensación de que pretendían que subiésemos el valor de 3.200 millones de pesetas”, que fue la tasación hecha por la exarquitecta municipal.
La exarquitecta interpretó que esa reunión, a la que asistieron representantes de Tinsa, fue “para convencernos”, aunque luego Oramas puntualizó que realizaron una exposición “neutral” de su trabajo.
Apuntó Oramas que a ella se la invitó a la reunión para hacerla recapacitar en mis “planteamientos” y detalló que, en el encuentro, el abogado Mauricio Hayek argumentó que los promotores podían construir en el frente de playa en un ámbito de unos 169.000 metros cuadrados ya que la operación se consideraba aprobada por silencio administrativo.
Agregó que a ella no se le permitió hablar en el citado encuentro porque había una circular interna por la que los funcionarios de la Gerencia de Urbanismo no podían expresar su opinión sin una autorización previa del entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo.
Oramas y Zurita, expedientadas por hablar en una reunión
Por este motivo, dijo Pía Oramas, el 29 de diciembre de 2000 a ella y a la también arquitecta municipal Ana Zurita se les notificó la apertura de un expediente de información reservado, trámite previo a un expediente disciplinario, por haberse pronunciado en una reunión convocada en el Cabildo de Tenerife con la consejera de Planificación Mónica Méndez.
El abogado de la acusación, José Pérez Ventura, solicitó que se incluyese este expediente en la documentación del juicio, a lo que el letrado de Manuel Parejo argumentó indefensión por no haberlo citado antes Oramas, condicionó su inclusión a que el Ayuntamiento aportase toda la documentación relativa a este asunto y advirtió con la posible recusación de la perito por mostrar “enemistad manifiesta”.
También otros abogados de la defensa rechazaron este trámite por “extemporáneo” y porque la posible apertura de un expediente es un hecho habitual en las administraciones públicas, “con el que se trata de desacreditar a uno de los encausados”.
Finalmente, Oramas aseveró que se le comunicó verbalmente que se sobreseía el expediente al haberse aceptado sus explicaciones y el magistrado Joaquín Astor precisó que se incluía el documento en la instrucción.
También aseveró la exarquitecta municipal que el funcionario Víctor Reyes trató de inducirla a cambiar los criterios por los que había efectuado su tasación y consideró que no tiene datos acerca de cómo finalmente se llegó al precio de 8.750 millones de pesetas.
Una tasación “un tanto anómala”
El apoderado de Sociedad de Tasación SA (Sotasa), José Luis Estevas-Guilmain, afirmó que el primer conocimiento que “en mala hora” tuvo de este asunto fue cuando desde el servicio de control de la entidad le comunicaron que había una tasación “un tanto anómala”, ya que nunca se había hecho la valoración de acuerdo a la información que aportaba el cliente (en alusión al Ayuntamiento de Santa Cruz).
Estevas-Guilmain indicó que en estos datos no se contemplaban las restricciones a la urbanización que implicaban la Ley de Costas, los estándares turísticos y la normativa de plazos por lo que el resultado era un valor “totalmente condicionado”.
Sin embargo, prosiguió, entendió que era “aparentemente correcto” si se cumplían unos determinados condicionantes que se expusieron en un informe adjunto, el “B”, que era parte indisoluble del documento elaborado por Sociedad de Tasación SA, “pero que no sé por qué desapareció”.
