El concejal que actuó junto a Clavijo en el caso Grúas, llamado a declarar como investigado
El caso Grúas que persigue al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, desde su etapa de concejal y alcalde de La Laguna, entra en una segunda fase a partir del 4 de diciembre.
La titular de Instrucción 2 de La Laguna, Celia Blanco, ha llamado a declarar en calidad de investigado (antiguo imputado) a Antonio Pérez-Godiño, quien fuera concejal de Seguridad en el momento de la presunta trama para amañar el servicio de retirada de vehículos.
De momento, la instructora deja fuera de sus citaciones al actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y sobre todo a su antecesor y ahora presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que por su condición de aforado solo puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La investigación en torno a los presuntos chanchullos de la concesión del servicio municipal de grúas durante el mandato de Fernando Clavijo se reactivó desde el pasado martes, por orden previa de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Ante la jueza de instrucción desfilaron en calidad de testigos siete beneficiados por la concesión del servicio municipal, de los cuales cinco de ellos admitieron tener amistad con Clavijo.
La jueza no tomó medida alguna contra estos siete testigos, sino que llamó a declarar a dos técnicos municipales para el próximo 4 de diciembre. Ahora ha trascendido que junto a estos dos técnicos que deberán acudir en calidad de testigos, también lo hará Pérez-Godiño como investigado y asistido de abogado.
Este concejal y actual portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna firmó uno de los tres decretos que permitieron a los amigos de Fernando Clavijo quedarse con la empresa concesionaria del servicio de grúas. Los otros dos decretos llevan la firma del actual presidente del Gobierno de Canarias.
En las declaraciones del martes pasado, cinco de los siete testigos admitieron ante la jueza tener relación de amistad en diferentes grados con Fernando Clavijo, antes, durante y después de haberse quedado con el servicio municipal de grúas.
Los testigos presuntamente beneficiados desde el Ayuntamiento de La Laguna no admitieron haber solicitado una ampliación de la concesión del servicio municipal ni tampoco un préstamo de 120.000 euros concedidos por el propio consistorio, a pesar de los informes en contra de la intervención municipal.
Es más, estos señalaron a los dos técnicos que el próximo 4 de diciembre declaran en calidad de testigos como los responsables de la tramitación de esa prórroga y del crédito de 120.000 euros a la empresa Autogrúas Poli. Según la versión de los amigos de Fernando Clavijo, los técnicos gestionaron todo este procedimiento bajo sospecha al haber estado intervenida desde el Ayuntamiento la concesionaria.
Las relaciones que confirmaron estos dueños de la concesión del servicio municipal con Fernando Clavijo se basan, según dijeron, en la práctica de kárate (algunos de los cuales dijeron conocer al mandatario desde su infancia o adolescencia) o por trabajar juntos en la multinacional francesa de bricolaje Leroy Merlin cuando el actual jefe del Ejecutivo regional se desempeñó como jefe de sección.
Las declaraciones de estos se centraron en cómo una concesión de retirada de vehículos y su custodia en el depósito municipal reglamentariamente adjudicada a Autogrúas Poli acabó en manos de todos ellos después de unos sucesos en los que pudieron cometerse presuntamente varios delitos, como malversación de fondos públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
Y es que una vez consiguieron la concesión, los empresarios disfrutaron de numerosas ventajas por parte del Ayuntamiento cuando Clavijo era concejal de Seguridad, primero, y alcalde lagunero, después: se abonaron los atrasos acumulados, se les concedió un crédito de 120.000 euros con dinero municipal y se prorrogó irregularmente la concesión por otros cinco años, todo ello con los informes contrarios del interventor del Ayuntamiento frente a los que Fernando Clavijo interpuso varios decretos.
Y uno de esos decretos lleva la firma del ahora llamado como investigado Pérez-Godiño. El primero de los imputados de este caso Grúas.
