El alcalde de La Laguna se salta el criterio de la secretaria municipal para salvarse de una reprobación
El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, de Coalición Canaria (CC), se saltó este jueves el criterio jurídico de la secretaria de la Corporación y participó en la votación de una enmienda de la oposición (Unidos Se Puede, Ciudadanos, Por Tenerife y dos concejales rebeldes del PSOE) con la que se prentendía su reprobación y la del concejal de su grupo Antonio Pérez Godiño por su gestión en el caso Grúas, en el que también ha resultado señalado el actual presidente del Gobierno de Canarias y exalcalde de la ciudad, Fernando Clavijo.
Díaz y Pérez Godiño votaron en contra de la propuesta de la oposición, con lo que la reprobación fue rechazada por 14 votos (Coalición Canaria, Partido Popular y PSOE oficialista) contra 13, lo que convirtió en decisivos los votos de los dos reprobados. Era justo lo que la secretaria había advertido previamente que contravenía la Ley de Bases de Régimen Local, invocada por el portavoz de Por Tenerife, Santiago Pérez.
La secretaria de la Corporación dio la razón a Santiago Pérez en la aplicación del artículo 76 de la Ley de Bases de Régimen Local (deber de abstención en la deliberación, votación, decisión y ejecución de asuntos que conciernan a los concejales) en relación con el artículo 93 del Reglamento Orgánico de la Corporación, que obligaría a los afectados por cualquier asunto “abstenerse de participar en la deliberación y votación” y a “abandonar el salón mientras se discuta y vote el asunto, salvo cuando se trate de debatir su actuación como corporativo, caso en el que tendrá derecho a permanecer y defenderse”.
Tanto el alcalde como el concejal Pérez Godiño y el presidente Fernando Clavijo eran mencionados expresamente en la enmienda de reprobación promovida por los partidos de la oposición, no así en la propuesta de resolución de la comisión especial del caso Grúas, en la que se les investigó pero, a juicio de la funcionaria, “no se les hace mención expresa” en el acuerdo que se elevaba a pleno, que no era otro que el de la disolución de la comisión ante la estampida protagonizada por la oposición.
Según el criterio jurídico de la secretaria, los dos censurados podían votar en el acuerdo de disolución de la comisión de investigación, pero no en el de la enmienda de reprobación de la oposición, que literalmente decía que “el pleno del Ayuntamiento de La Laguna acuerda reprobar la gestión de Fernando Clavijo, José Alberto Díaz y Antonio Pérez-Godiño en relación con el servicio de las grúas por la reiterada aprobación de resoluciones administrativas sin fundamentos jurídicos que pudieran prevalecer sobre los reparos de la Intervención General, por la ausencia de acciones de control de unos graves incumplimientos notificados en numerosas ocasiones sin realizar la más mínima acción sancionadora o al menos el inicio de expedientes para ello, para favorecer a un grupo de empresarios afines en contra de la legalidad y de los intereses generales”.
Tanto Santiago Pérez como la secretaria de la Corporación advirtieron antes de la votación que ésta podía resultar invalidada, a lo que el alcalde, José Alberto Díaz, respondió alegando que discrepaba “del criterio de la secretaria en esta ocasión; esta es una comisión política y no restrinjo el derecho al voto de nadie”. “Tienen derecho a tener derecho a votar”, proclamó.
El caso Grúas se encuentra en estos momentos en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, adonde han acudido los denunciantes (algunos concejales de la oposición) después de que una jueza de La Laguna archivara en fase preliminar las diligencias que había abierto. Se trata de la gestión que hizo el exalcalde Fernando Clavijo y los que entonces eran sus concejales José Alberto Díaz (hoy alcalde) y Antonio Pérez Godiño, aún concejal en el Gobierno, en el servicio municipal de grúas tras privatizarlo. Hay sospechas de trato de favor a varios empleados que se quedaron con el servicio, saqueo de automóviles custodiados en el depósito, un préstamo fraudulento a la sociedad explotadora del servicio y una renovación de la concesión en contra de los informes de los técnicos municipales.
Sin embargo, la comisión de investigación municipal, presidida por el senador y concejal del PP Antonio Alarcó, ha resultado fallida al estar controlada por los partidos que sustentan al alcalde (PP, PSOE oficialista y Coalición Canaria) y sustraerse a sus miembros importante documentación. Ese es, al menos, el motivo que esgrimió la oposición para abandonarla y, a la postre, desactivarla.
