El presidente de Canarias, denunciado ante el juzgado de guardia por su gestión en el Ayuntamiento de La Laguna

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, antes alcalde del Ayuntamiento de La Laguna (de Coalición Canaria), y su relevo en estas últimas funciones públicas, José Alberto Díaz, de la misma formación política y hoy el regidor local, han sido denunciados ante el juzgado de guardia, en la misma ciudad, por cinco concejales de la oposición en esa Corporación. El origen de esta denuncia no es otro que la gestión “irregular” supuestamente realizada por esas dos personas con entonces responsabilidades en el Ayuntamiento en relación con el servicio de retirada de vehículos de la vía pública en ese municipio tinerfeño, el popularmente conocido como caso grúas.

Los firmantes de la denuncia, interpuesta este martes, son tres concejales del segundo grupo con más respaldo en ese Ayuntamiento, Unidos Se Puede (con rúbricas de los ediles Rubens Ascanio Gómez, María José Roca Sánchez e Idaira Afonso de Martín), y dos de Por Tenerife-Nueva Canarias, con Santiago Pérez García y Juan Luis Herrera Pérez.

Tal y como recoge el argumentario de la denuncia, que no suscribe el edil apartado del grupo socialista en La Laguna, Javier Abreu, ni el representante de Ciudadanos en la comisión de investigación aprobada en 2015 por el pleno para estudiar lo ocurrido con aquel servicio público (y ello pese a que ambos se mostraron partidarios y abandonaron tal órgano municipal, aunque hubo una sustitución anterior de Abreu decidida por el PSOE), “la actuación de los gobernantes de CC [Fernando Clavijo y José Alberto Díaz] en este proceso a lo largo de los últimos 13 años ha sido reiteradamente arbitraria y contraria al interés general, pues estos cargos se han servido de su situación de poder para incumplir la legalidad, encargar costosos informes externos con los que ignorar los informes de los servicios técnicos y jurídicos municipales y favorecer claramente a un grupo de trabajadores afines hasta que el chiringuito se vino abajo por su propio peso”.

 

Allá por el año 2004

El Ayuntamiento de La Laguna acordó en un pleno celebrado en julio de 2004 adjudicar a la persona física José Padilla González la prestación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública “por un importe de 871.616 euros”. Entonces, el pliego de condiciones fijó la obligación del concesionario de disponer de cinco vehículos y 24 trabajadores. Este fue el punto de partida de una historia que, según los denunciantes, está plagada de anomalías e ilegalidades.

El pliego de condiciones, se asegura en la denuncia, “no se cumplió nunca”, pero “ese fue el menor de los problemas en la gestión de tal servicio público”. Lo peor estuvo en que “los entonces gobernantes locales [Clavijo y Díaz] hicieron caso omiso” a lo dictado por “los informes de los técnicos municipales para favorecer claramente a un grupo de trabajadores de las grúas con los que ellos tenían lazos de afinidad e incluso relación personal”.

El documento que ya está en el juzgado se refiere en este caso a algunos de los compradores de la sociedad que José Padilla González creó tras hacerse con el servicio municipal [lo que notificó al Ayuntamiento], la denominada Autogrúas Poli, SLU, que luego pasó a ser Autogrúas Poli, SL, tras adquirirse por los “afines” a los mencionados gestores locales, entre ellos Santiago Ramón Casanova Pérez, amigo personal de Clavijo; Esteban Jesús Hernández González, muy cercano al entonces concejal Juan Antonio Alonso Barreto, de CC [hoy consejero delegado en la empresa pública GMR, adscrita a la consejería de Agricultura canaria], y Pablo Bartolomé Ginovés Sierra, también relacionado con el hoy presidente regional, antes concejal con cartera en La Laguna y alcalde de ese municipio hasta mediados de 2015.

Tal y como se contempla en la parte expositiva de la denuncia, los gestores público “asfixiaron económicamente al primer concesionario del servicio, José Padilla, para que luego este accediera a vender su empresa a ese grupo de trabajadores”, en plantilla de la propia sociedad. Esta venta societaria se terminó formalizando “sin que el pleno del Ayuntamiento de La Laguna la autorizara o tuviera conocimiento de ella”. Además, se expone en la denuncia que “se miró a otro lado cuando se hizo público y notorio que se estaban desguazando vehículos custodiados en el depósito municipal [lo que consta en informes de la Policía Local] para vender sus piezas de forma ilegal”, y se afirma que a los nuevos propietarios amigos de la sociedad “se les concedió un préstamo-anticipo teniendo que salvar por decreto los reparos de la Intervención municipal, que no lo consideraba legal”.

También se levantó otro reparo “por decreto”, este posterior, “para prorrogar el contrato de adjudicación en 2014 por cinco años más, a sabiendas de la insolvencia y la incapacidad de Autogrúas Poli, SL” [la empresa creada ex profeso por parte de los antiguos trabajadores], para prestar el servicio“.

Justo un año después de haberse prorrogado ese servicio público de grúas, “el 27 de agosto de 2015, los trabajadores-propietarios de Autogrúas Poli, SL, tuvieron que vender la compañía por un euro debido a que arrastraba deudas superiores a los 700.000”.

Según advierte la denuncia, “tan mal olía la gestión del servicio municipal de grúas” que todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento [en el inicio del mandato en curso] aprobaron la creación de una comisión de investigación en noviembre de 2015, para que “se depurasen las responsabilidades políticas y jurídicas”. Ahora bien, desde hace unos dos meses, “debido a intereses de partido”, el presidente de esa comisión, el popular Antonio Alarcó, “se viene negando a incorporar documentación” al proceso, uno de los motivos de que hayan abandonado ese órgano todos los partidos de la oposición menos el PP y las formaciones que sostienen el actual Gobierno local, CC y PSOE, este partido en casi dos mitades.

Tras la presentación de la denuncia en el juzgado de guardia de La Laguna, lo que ocurrió este martes, ahora queda por ver si esta se admite a trámite y, si así fuera, qué juzgado se hará cargo de enjuiciar estas supuestas irregularidades que afectan de lleno al actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y al alcalde lagunero José Alberto Díaz, que gobierno en minoría en este municipio de Tenerife, el segundo más poblado de la isla.