El Supremo abre juicio contra el senador Zerolo (CC) por prevaricación
El Tribunal Supremo ha dictado este lunes auto de apertura de juicio oral por un posible delito de prevaricación contra el senador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo (CC), imputado en relación con unas obras que se realizaron en 2003 en un edificio municipal.
El Ministerio Fiscal presentó una querella contra Zerolo que admitió el Supremo, que pidió el suplicatorio contra él y que le ha investigado. El instrcutor del caso, el magistrado Luciano Varela, ha dado por concluida ahora esa investigación y ha ordenado sentar en el banquillo a Zerolo, a su teniente alcalde y concejal, Guillermo Núñez, y al funcionario Joaquín Castro.
En el auto Varela señala que Zerolo pudo cometer prevaricación, es decir, dictar resoluciones conociendo que eran notoriamente contrarias a elementales normas relativas al régimen de contratación de obras por el Ayuntamiento.
Tanto el fiscal como el juez consideran que en 2003 Zerolo contrató de manera aparentemente irregular las obras de acondicionamiento del edificio central de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Lo hizo, según los indicios, sin el proyecto, ni el concurso público que exigen las leyes, sin prestar oídos a los reparos de los inspectores y siendo plenamente consciente de todo ello, según sospecha el juez.
Las acusaciones apuntan a que, en su condición de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Zerolo no prestó oídos a los múltiples reparos formulados por los funcionarios en relación con la adjudicación de las citadas reformas a la empresa IMES SA, que era la que habitualmente trabajaba para el consistorio.
Y, por el contrario, los sorteó mediante un contrato de “mantenimiento” irregular.
Aunque las reformas previstas para las oficinas municipales y en el edificio de la antigua sede del Instituto de Enseñanza Secundaria “Hermanos García Cabrera” sobrepasaban con mucho este concepto de “mantenimiento”, debido a que el coste de sus trabajos exigían un concurso para su adjudicación, el alcalde mantuvo ésta a IMES SA.
Así, en cuanto a los abonos de facturas a la empresa indicada, la Intervención presentó reparos a que en éstas se computaran todos los trabajos obviando las cantidades abonadas por cada uno de ellos, y señaló discrepancias entre el valor de factura y las unidades de obra realizadas.
Según las acusaciones de las que tendrá que responder en el juicio, el alcalde sorteó esos y otros reparos siendo plenamente consciente de la ilegalidad de su proceder, patente no solo porque lo decían los funcionarios de la Intervención, sino también porque cualquiera que estuviera habituado a la actuación municipal debía saberlo.
