El Cabildo de Tenerife contaminó este verano agua para suministro humano con un antibiótico prohibido
El Cabildo de Tenerife contaminó este verano con antibiótico cuyo uso está prohibido en humanos (un derivado del cloranfenicol) el agua que llega al canal del norte y, por lo tanto, la que se utiliza para el consumo de la población en algunos municipios de la vertiente septentrional de la isla y en parte del área metropolitana.
El problema se produjo por el uso, al menos en un periodo reconocido de julio pasado, de pienso medicalizado (con la referencia Med-6 3P Ffc) para tratar una enfermedad que se manifiesta en la piel de las truchas debido al ascenso de la temperatura del agua por encima de los 16 grados centígrados, algo que suele ocurrir en la piscifactoría de Aguamansa, en La Orotava (Tenerife), en época estival.
Esa explotación acuícola, de titularidad pública (ahora adscrita al área de Medioambiente del Cabildo de Tenerife, a su servicio técnico de Gestión Forestal), se creó en 1971 por el Estado y en ella se crían y engordan truchas en una instalación que se nutre de agua de un curso continuo y natural (procedente de una galería) que luego llega al llamado canal del norte, la principal red de suministro de agua blanca a parte de la población del norte y del área metropolitana de la isla de Tenerife.
El contenido de un informe técnico suscrito por el propio Cabildo (de 19 de julio de 2017), por una sección con especialistas en sanidad animal y ajena a la gestión directa de esa explotación acuícola, pero también integrada en la Corporación insular, ha sido el que ha puesto el grito en el cielo y el que es muy probable que haya forzado la finalización de los tratamientos médicos con ese derivado del cloranfenicol en tal explotación de engorde de peces.
El citado informe es concluyente y no deja duda alguna acerca de los riesgos que se trasladan a la población por la incorrecta gestión pública que se realizaba en la piscifactoría de Aguamansa. Tal y como se refleja en ese documento oficial, el “vertido de aguas con excrementos [de truchas alimentadas con el citado pienso medicalizado] al canal del norte” es un “gravísimo problema de salud para las personas (de salud pública) por las comprometidísimas consecuencias que conlleva”.
El responsable técnico de la explotación pública y jefe de servicio de Gestión Forestal en el Cabildo de Tenerife, Ventura Machado, señaló, tras la consulta telefónica cursada sobre este particular, que fueron “cantidades mínimas” las utilizadas en el tratamiento y que el medicamento, un derivado del cloranfenicol, se utilizó para tratar una enfermedad ocasionada por el aumento estival de la temperatura del agua, por encima de los 16 grados centígrados.
Machado, que es ingeniero de Montes, habló de un tratamiento “muy puntual”, “momentáneo” y con “cantidades mínimas”. También aseguró que la alimentación con ese pienso corregido ya ha finalizado, y negó que él haya recibido, y por lo tanto conociera, el contenido de aquel informe técnico del propio Cabildo (que sí ha sido puesto en conocimiento de al menos tres responsables públicos, uno de ellos el mencionado jefe de servicio) que cuestiona seriamente el manejo que su servicio practica en la piscifactoría de Aguamansa.
Machado además indicó que se trata de un tratamiento que se realiza en un “momento dado”, por los “brotes” que se producen en el verano de la bacteria que ocasiona esa enfermedad en las truchas, aunque reconoció que “hace muchos años que se sigue el mismo protocolo”.
A favor del trabajo que realiza Gestión Forestal en esa instalación acuícola de La Orotava, el jefe de servicio detalló que el agua en que se crían y alimentan las truchas, que proviene de una galería y luego llega al canal del norte, “pasa por filtros” y “se mezcla con muchos canales” antes de ser consumida por la población. En efecto, estos es así, pero nadie realiza un control técnico acreditada de plazos de seguridad, vertidos, cantidades, etcétera.
Pese a esos controles que enumera Machado, él mismo reconoce que el agua de la piscifactoría de Aguamansa no se analiza desde el año 2001, cuando, según dijo Machado, dio unos parámetros “sin residuos”, “sin problemas”. También hay que decir que el manejo de esa explotación acuícola y el tratamiento con antibióticos solo se ejerce con el asesoramiento del proveedor del pienso corregido; esto es, sin la asistencia en el antes, el durante y el después de veterinarios del propio Cabildo, algo que también se critica con dureza en el reseñado informe técnico.
Valoraciones que dejan en mal lugar la gestión pública
El informe del Cabildo que alerta sobre lo que se hace en Aguamansa afirma que, “una vez recabados todos los aspectos de la explotación, se detectan muchos problemas graves en la gestión, distintos de los problemas de producción”.
Entre ellos se enumeran los siguientes: que “las explotaciones ganaderas [también las acuícolas] han de tener nombrado un veterinario oficial, el responsable al menos de la gestión sanitaria y de medicamentos”; que “los tratamientos empleados en la producción deben estar avalados por un profesional veterinario, siendo ético que este sea distinto del veterinario prescriptor y del técnico veterinario contratado por el fabricante del producto [el proveedor del pienso corregido]”; que “el vertido de las aguas con excrementos al canal del norte es un gravísimo problema de salud para las personas y, por tanto, de salud pública, con las comprometidísimas consecuencias que conllevan”, y que “los problemas anteriores se han visto agravados por el uso de antibióticos (derivados del cloranfenicol, antibiótico en total desuso en humanos) para la corrección de problemas patológicos en los peces, lo que agrava aún más si cabe la situación”.
Aparte de esas consideraciones, el informe también entra a analizar cómo se realiza la gestión de esos residuos animales, de la que se asegura que el “sistema de destrucción de los cadáveres [de peces] empleado es ilegal y supone un grave problema de salud pública en general, así como la gestión de los residuos”. Entre otras cosas, no existe gestor autorizado para esos residuos, que se consideran material sandach (restos de animales y subproductos que no van al consumo humano).
Después de la enumeración de todas esas irregularidades, el informe concluye que “la única propuesta que cabe, hasta que todos los aspectos relatados sean corregidos, es la eliminación de los ejemplares aún presentes por medio de un gestor autorizado, la limpieza exhaustiva de la instalación y la destrucción por un gestor, igualmente autorizado, de los residuos aún presentes, como piensos medicados o medicamentos”.
Nada de esto, por ahora, se ha hecho en la piscifactoría de Aguamansa que gestiona el Cabildo de Tenerife.
