La activista antidesahucios tinerfeña Inma Évora presenta una demanda por despido nulo contra Cáritas
El sindicato CNT ha anunciado este jueves que ha interpuesto una demanda por despido nulo en los juzgados de lo Social de Santa Cruz de Tenerife y en representación de su afiliada Inma Évora, conocida activista social tinerfeña y miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
La demanda es contra Cáritas Diocesana de Tenerife, al entender que esta organización vinculada a la Iglesia ha vulnerado los derechos fundamentales como trabajadora de la despedida.
La carta de despido, recibida mediante burofax el día 12 de diciembre pasado, argumenta como supuestas faltas graves, siempre según se refleja en la nota emitida por el mencionado sindicato, la pertenencia de la trabajadora al “(...) Consejo Insular de Vivienda, a la coordinadora de mesas de trabajo de intermediación hipotecaria y personas sin hogar, DESC-Canarias y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) (...)”.
Asimismo, la empresa dice que la trabajadora participó en diversos actos como manifestaciones convocadas por la PAH y en programas de televisión en calidad de invitada para hablar sobre diversas cuestiones de índole social y humanitaria. Ninguno de los argumentos esgrimidos en la carta de despido corresponde a faltas tipificadas como sancionables en el convenio colectivo aplicado por la entidad.
La trabajadora fue contratada por Cáritas Diocesana de Tenerife “para desarrollar y dinamizar el proyecto Base 25, dada su experiencia y destreza en la intervención social adquiridas desde su voluntariado en la PAH y en diversas plataformas sociales, lo que además surge de la relación establecida anteriormente en el propio ámbito del Consejo Insular de Vivienda del Cabildo de Tenerife, del que la activista ya formaba parte desde 2015 y para el que había desarrollado el diseño del funcionamiento de una oficina de intermediación y de diversos protocolos de actuación entre administraciones públicas, juzgados y entidades financieras para la prevención e intervención en casos de desahucios”. Estas herramientas, según asegura la CNT, Cáritas las asumió como suyas durante el desarrollo del proyecto citado.
Las discrepancias entre las partes surgen, añade el sindicato, durante “la ejecución del proyecto Base 25 ante los criterios que Cáritas aplica a la hora de seleccionar los usuarios de este. Esos criterios -indica la CNT en el comunicado- dejan fuera a quienes más lo necesitan y condicionan la ayuda a la firma de un contrato de intervención social interesado dentro de su propia red de recursos financiados con dinero público”. Ahora, añade la CNT, “los hechos que motivaron sus contratación son los mismos esgrimidos por Cáritas para proceder a su despido”.
