Lo que no te cuentan sobre el futuro Palacio de Justicia

El Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife se ha quedado pequeño. El edificio actual, que se encuentra en la zona de Cabo Llanos (ver círculo rojo en la fotografía), justo en pleno centro administrativo de la capital, es una instalación moderna pero insuficiente para abarcar todas las necesidades judiciales del momento. Sobre esto no cabe la menor discusión. Desde hace años, el Gobierno de Canarias promueve la construcción de una nueva infraestructura que resuelva los problemas de espacio que padecen trabajadores y usuarios. A pesar de que siempre ha existido consenso sobre su ubicación, la parcela que hasta ahora se consideraba adecuada ha dejado de serlo por diferentes motivos que no vienen al caso. Como alternativa, el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento han puesto sobre la mesa unos terrenos ubicados en la zona de El Sobradillo, es decir, en plena periferia de la ciudad. La propuesta ha levantado ampollas, pero ni se ha confesado toda la verdad ni son ciertos muchos de los argumentos que se utilizan para justificar el traslado. Esto es lo que no te cuentan sobre el futuro Palacio de Justicia.

En las últimas semanas es fácil encontrar en la prensa diaria declaraciones del nuevo consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno autonómico, José Miguel Barragán, o del alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, en defensa de la nueva sede del futuro edificio judicial. Ambos son miembros del mismo partido político que el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, cuya principal aspiración pasa por construir una nueva línea del tranvía en el distrito Suroeste, la zona donde se quiere colocar el Palacio de Justicia. Una propuesta que ha generado una importante contestación social de vecinos y comerciantes afectados. Más allá de la evidente coincidencia de siglas o de intereses, a nadie se le escapa que el traslado de la sede judicial viene muy bien para justificar el proyecto ferroviario, lo cierto es que los argumentos empleados hacen aguas a poco que se investigue la realidad urbanística de Santa Cruz. 

No hay que olvidar, en primer lugar, la fuerte inversión que el Ayuntamiento realizó hace años para expropiar gran parte del suelo de Cabo Llanos, precisamente con la idea de expandir la ciudad y trasladar el centro administrativo a la nueva bolsa de suelo municipal. Y así fue. Allí se ubicó el Palacio de Justicia que ahora se ha quedado pequeño, la Consejería de Educación, la Agencia Tributaria Canaria, el edificio Múltiples II, la Seguridad Social, Presidencia del Gobierno, el Intercambiador… Dicho de otra manera, se gastaron innumerables recursos públicos en la planificación de lo que se ha convertido en el auténtico corazón de la gestión pública chicharrera. Un acierto urbanístico que, a las primeras de cambio, se quiere echar abajo con el traslado de la sede judicial, con el consiguiente perjuicio para usuarios y trabajadores del edificio.

Las justificaciones empleadas por la versión oficial, a la que se han opuesto todas las voces autorizadas del Poder Judicial, se pueden resumir en los siguientes aspectos: escasez de suelo público en el centro de la ciudad, sobrecostes y dificultades administrativas para modificar el Plan General de Ordenación (PGO). Nada más lejos de la realidad. Porque la realidad es tozuda, por mucho que los políticos la disfracen con mentiras amplificadas por medios de comunicación afines. 

No es cierto que haya escasez de suelo público. Esta es la gran falacia de los que defienden la ubicación del edificio en El Sobradillo. Basta revisar el PGO para comprobar que existen terrenos municipales de sobra en el mismo Cabo Llanos. En la fotografía que acompaña a este artículo se puede ver señalada, en color amarillo, una parcela aledaña al actual Palacio de Justicia. Lo que no te cuentan es que ahí, donde en la actualidad se encuentra la llamada terraza de verano, que está abierta casi todo el año, y donde inicialmente se proyectó el Auditorio, se podría ubicar sin problema la nueva sede judicial. Son 3.000 metros cuadrados de suelo con una edificabilidad que ronda los 30.000 metros cuadrados (el edifico actual tiene 18.000). Esto permitiría conservar la instalación vieja, que incluso podría conectarse con la futura infraestructura. Porque esto es algo que nadie ha aclarado hasta ahora: ¿qué va a pasar con el Palacio de Justicia, un edificio moderno y bastante reciente, que no salió barato, si se traslada todo el operativo judicial al Suroeste? Dos problemas que se resolverían con la misma solución.

El obstáculo que supone esta opción para el Ayuntamiento es el uso que tiene el suelo de dicha parcela. Resulta que desde la modificación puntual del PGO de 2005, el terreno está destinado a la actividad hotelera. En caso de subasta, se calcula que el Consistorio podría obtener unos 30 millones de euros. Y ahí está el problema. Con un pelotazo de tal cuantía, difícilmente Bermúdez se va a plegar al sentido común. Pero aquí también hay trampa. En el caso de dar por válido el argumento de que ese suelo es un bien patrimonial al que no deberían renunciar los chicharreros, lo que no te cuentan es que justo al lado hay otra parcela, bordeada en color naranja en la fotografía, que también es de titularidad municipal.

Los terrenos contiguos a la parcela hotelera tienen un uso menos jugoso en términos económicos: están destinados a equipamiento religioso. Es verdad que la edificabilidad es menor, pero nada que no se pueda resolver a través del planeamiento. ¿O alguien duda de que el interés general está más que justificado? Pero es más, el Ayuntamiento no tendría ningún obstáculo urbanístico en intercambiar ambas parcelas, de manera que el hotel se ubicase en la zona ocupada ahora por aparcamientos clandestinos y el futuro Palacio de Justicia se levantase justo enfrente de la actual sede judicial. Lo que no te cuentan es que falta voluntad para hacerlo. 

Tampoco es verdad que mantener la sede judicial en Cabo Llanos suponga un sobrecoste. Ni económico ni administrativo. Habría que recordarles a Barragán, Bermúdez y compañía que la parcela de El Sobradillo, muy cercana al Muñeco de Nieve, tiene la ordenación suspendida. Esto quiere decir que para poder construir allí el Palacio de Justicia habría que realizar, como mínimo, una modificación puntual del PGO. Exactamente la misma figura a la que habría que recurrir para adaptar los terrenos aledaños al actual edificio. El coste, por tanto, es el mismo. 

Pero ojo, porque algunos juristas consultados advierten que la modificación de la parcela del Suroeste supone un cambio en el modelo de ciudad que define el planeamiento, al tratarse de una infraestructura estratégica. Este hecho provocaría que fuera necesaria una revisión del PGO, lo que es mucho más costoso en tiempo y recursos. Este tipo de actuaciones necesitan estar muy motivadas, lo que a su vez supone, como la realidad de los últimos años ha demostrado, cierta inseguridad jurídica y la puerta abierta a posibles pleitos. Y claro, llegados a este punto, se hace inevitable preguntar por el recorrido que tendría una más que probable denuncia. Si se tiene en cuenta el nivel de cabreo que acumulan los jueces por la decisión de trasladar el Palacio de Justicia al Sobradillo, la duda es más que razonable. 

Cuando son tantas las cosas que no te cuentan sobre una decisión política de máximo interés general, es necesario apuntar el foco del periodismo sobre la motivación que se esconde en la sombra. Hay que estar atentos, no vaya a ser que detrás de las intenciones de los gestores de lo público exista algún tipo de ánimo oculto. No sería la primera vez que se da una vuelta a la realidad para construir una gran infraestructura, ya sea un puerto encima de sebadales, un agujero en una montaña con importantes restos arqueológicos o, quién sabe, tal vez un tranvía que se lleve por delante el sustento de muchos pequeños comercios.