Un corredor en el juzgado (I)

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado el recurso de apelación presentado por la acusación particular, que lleva el abogado Manuel Estévez, contra el sobreseimiento provisional de una pieza separada de la operación Corredor. La noticia, que recogió el periódico La Opinión de Tenerife el pasado fin de semana, supone el archivo definitivo de la causa abierta contra el actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante su etapa de alcalde en La Laguna y contra otras 13 personas que se vieron salpicadas por la causa que investiga al letrado y empresario Evaristo González Reyes, imputado desde hace años por un presunto fraude de más de cuatro millones de euros a la Seguridad Social.

La decisión de la Audiencia pone fin a la situación procesal del presidente regional, a quien le estalló su imputación en noviembre de 2014, justo cuando se preparaba su candidatura y dos meses después de haber logrado superar a Paulino Rivero en el proceso interno abierto por Coalición Canaria. El auto del juez César Romero Pamparacuatro cayó como una bomba en la ciudad de Aguere, con unas repercusiones que eran difíciles de medir en aquel momento. La resolución judicial sacó a la luz las conversaciones telefónicas interceptadas durante nueve meses por parte de la Policía Judicial, aunque desde el entorno de Clavijo se aseguró erróneamente que los pinchazos habían durado más de dos años, y abrió una de las instrucciones más polémicas de la historia judicial de Canarias, digna de una tesis de Derecho Procesal.

El auto de Pamparacuatro relataba una serie de conductas que apuntaban a la comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación o falsedad en documento oficial. Todo con el Ayuntamiento de La Laguna como epicentro y con Fernando Clavijo como principal imputado por sus actuaciones como edil de Urbanismo y alcalde, cargo al que accedió en noviembre de 2008 tras la renuncia de Ana Oramas. En la lista del juez también figuraban concejalas como Blanca Pérez, Aymara Calero o la socialista María José Castañeda; además de representantes vecinales y funcionarios del municipio. Todos han quedado libres de sospecha judicial con el archivo de la conocida como Pieza 22.

Para entender la importancia de la operación Corredor hay que remontarse al mes de marzo de 2010, cuando la Fiscalía presentó una denuncia en la que pedía que se investigase el presunto trato de favor del Ayuntamiento a un viejo conocido de la Justicia, el empresario Evaristo González Reyes. Una presunta trama que sacó a relucir otro empresario, de menor tamaño, Carlos Calderón, que decidió invertir en el negocio de la noche lagunera, un sector, junto al de las máquinas tragaperras, que Evaristo había convertido en la gallina de los huevos de oro.

Calderón regentaba un pub conocido del Cuadrilátero lagunero, el Sketch, en el que había fijado su mirada Evaristo González Reyes para montar un local de apuestas, un sector donde pretendía extender su negocio. En las conversaciones telefónicas intervenidas el empresario habla del reglamento que se tramita en el Parlamento de Canarias y llega a hacer referencia a una persona implicada en la supuesta operación a la que denomina “la joya de la corona”. La Policía concluyó durante la investigación que existían indicios para relacionar a González Reyes con los incendios que se produjeron en el local de Carlos Calderón, mediante los que, presuntamente, habría sido extorsionado el dueño del Sketch. Y de ahí viene el nombre del caso.

El enfrentamiento entre ambos empresarios llevó a Calderón a mantener una reunión con representantes del Ayuntamiento de La Laguna, a la que acudieron el propio Fernando Clavijo y el concejal del PSOE Javier Abreu, pese a que los socialistas se encontraban en la oposición. Cuando fue preguntado por su presencia, Abreu dijo recordar la cita pero no el contenido de lo que allí se trato. Pero Calderón decidió grabarlo todo y aportó la cinta a la Fiscalía, que rápidamente preparó una denuncia. Así arrancó la operación Corredor, que comenzó a instruir el juez Juan Manuel Reyes Alvarado, en el Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna, y que continuó Matilde Rocío Flores Esquivias, que se convirtió en una figura clave en el desarrollo de los acontecimientos posteriores.

Si Reyes fue el encargado de poner en marcha el operativo policial y de decretar los pinchazos telefónicos, Flores Esquivias fue la responsable de las sucesivas prórrogas de las escuchas. Fue ella quien dictó el polémico auto que nunca apareció, ni siquiera en el sistema informático, y que provocó el desplome de parte de la causa. Hasta que obtuvo una plaza en Sevilla y abandonó la ciudad de los Adelantados. Fue entonces cuando aterrizó como titular César Romero Pamparacuatro, otro de los nombres propios de esta historia, que venía de poner patas arriba la isla de Lanzarote en el caso Unión.

Pamparacuatro continuó con la instrucción y se encontró con una bola que se hacía cada vez más grande. La investigación a Evaristo González desveló un entramado de empresas fantasma y hombres de paja, expresión que utiliza en varias ocasiones el juez en sus resoluciones, mediante la que se habrían defraudado más de cuatro millones de euros a la Seguridad Social. La causa creció al ritmo que lo hacían los delitos derivados, lo que llevó a decretar la detención de 14 personas, con el empresario lagunero a la cabeza. Evaristo González Reyes fue el único al que Pamparacuatro envió a prisión de manera provisional. Corría el mes de febrero de 2012.

Tres meses después, y tras fracasar en su primer intento, Evaristo logró convencer a la Fiscalía de que no existía riesgo de fuga o de destrucción de pruebas y fue puesto en libertad con cargos. En el verano siguiente, Pamparacuatro daba por finalizada la instrucción de la Pieza 22, que nació como la causa principal y que, ante los hallazgos de la Policía Judicial, terminó como un pequeño apéndice de la operación Corredor.

La pieza separada quedó lista para ser digitalizada, lo que iba a permitir que las actuaciones fueran puestas a disposición de las partes y levantar el secreto de sumario. El juez había encontrado indicios de delitos vinculados al presunto trato de favor a Evaristo González, la tramitación de subvenciones por el desalojo de Las Chumberas, la concesión de una licencia a una cafetería o las llamadas telefónicas que Clavijo mantuvo para intermediar en diversas contrataciones. Pero no había escáner.

La imposibilidad de digitalizar la causa llevó a Pamparacuatro a pedir, a través de numerosos escritos, que la Consejería de Justicia dotara de un escáner al Juzgado, a lo que recibió constantes negativas. Y aunque parezca increíble, los miles de folios de la operación Corredor durmieron en gavetas durante dos años, el tiempo que tardó en llegar a la sede judicial el aparato en cuestión. Bueno, no del todo, porque durante ese tiempo se produjo el traslado de los juzgados, que hasta entonces funcionaban como podían en un local de la calle 6 de Diciembre, al nuevo edificio de la plaza del Adelantado.

Hasta que se produjo el cambio de ubicación, la situación de abandono de la sede vieja llevó a que, como demuestran las escuchas telefónicas, el propio Evaristo González se planteara la sustracción de documentación, una sospecha que quedó archivada ante la falta de pruebas. Para hacerse una idea, basta escuchar el relato de algunos funcionarios, que recuerdan cómo había despachos que se abrían fácilmente con el simple uso de una radiografía. Estos antecedentes merecen especial atención si se tiene en cuenta que la desaparición de documentación fue decisiva en varias de las decisiones que se tomaron a lo largo de la instrucción.

Cuando en noviembre de 2014, por fin, se levantó el secreto de sumario y se notificó el auto de Pamparacuatro, en paralelo se puso en marcha una brillante estrategia de comunicación. El mismo día en que Fernando Clavijo recibió la notificación, en plena pretemporada como candidato a presidir el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de La Laguna convocó una rueda de prensa para anunciar la decisión judicial y entregar el auto a los periodistas. La prensa se enteró por el imputado de las actuaciones que dirigía Pamparacuatro. Y dio resultado. Al día siguiente, todos los periódicos abrieron con la declaración de inocencia del alcalde y no con la verdadera noticia: los hechos que para el juez suponían indicios de graves delitos.

A partir de entonces, Clavijo comenzó una gira. Atendió a todos los medios que quisieron escucharle. Había que acelerar el proceso a toda costa, porque el objetivo era llegar a las elecciones sin ninguna imputación en el cartel. La empresa resultaba casi imposible: faltaban seis meses para los comicios y la experiencia previa de los juzgados canarios en causas de corrupción se alejaba de cualquier registro similar. Pero la instrucción empezó a correr, en honor al nombre de la operación. En enero, Clavijo fue citado a declarar.

Justo en un juzgado cercano al de Pamparacuatro, en el Número 4 de Instrucción de La Laguna, se soltó un botón de muestra de las distintas velocidades a las que viaja la Justicia. Solo unos días después del auto de la Pieza 22, en el mismo mes de noviembre de 2014, se dictó una resolución judicial de similares características por la que se imputaba a otro alcalde, Álvaro Dávila. El regidor de Tacoronte también fue citado a declarar un mes de enero, pero de 2016.

Clavijo se buscó un buen abogado, el prestigioso catedrático Esteban Sola, al que le ha venido muy bien la publicidad del caso Corredor para ampliar su cartera de clientes, y aportó toda la documentación que pudo en su defensa. Su relato convenció a la Fiscalía sobre la escasa consistencia de algunas de las acusaciones, como la vinculada a la contratación de un trabajador de Urbaser o el presunto fraude en las subvenciones de Las Chumberas. El político de Coalición Canaria salió fortalecido de su declaración, pero su verdadera carta aún estaba por jugar. Días después, Evaristo González presentó una querella contra Pamparacuatro, lo que provocó un golpe de timón que dirigió la instrucción hacia un naufragio seguro.

Continuará…