El Gobierno de Canarias pretende pagar con dinero público la condena a un empresario que arrasó un barranco
El Gobierno de Canarias ha dado el pasado 15 de octubre el visto bueno para que el Parlamento tramite una Ley impulsada por el Cabildo de Tenerife, que preside el nacionalista Carlos Alonso, gracias a la cual el presupuesto de la Comunidad Autónoma se hará cargo de reparar los daños medioambientales por los que fueron condenados los empresarios Antonio Plasencia (ex presidente de Fepeco y también enjuiciado por el caso Las Teresitas), José Enrique Morales y Pedro Sicilia.
Un plácet que va en contra de varios informes negativos elaborados por distintos departamentos del propio Gobierno, que cuenta con reparos de los socialistas en el seno del gabinete y que incluso no entiende la acusación particular que se ejercitó contra los condenados.
La sentencia contra estos empresarios (condenados a un año y tres meses de prisión por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar, si bien ninguno ha sido encarcelado al ser la pena inferior a dos años) fijaba expresamente que ellos deben hacerse cargo de las “medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico” en la zona, para lo que las administraciones deberán realizar un plan de restauraciones.
En concreto, el fallo del tribunal del pasado 28 de enero acuerda “la suspensión de las penas privativas de libertad condicionadas al cumplimiento de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado que se adopten a su cargo en ejecución de sentencia”
Sin embargo, la iniciativa que impulsa Alonso desde 2012 (código 8L/CCII-0007 del Parlamento de la pasada legislatura) hace recaer en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma el desembolso de los 344.916.676,57 euros que, según el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), costará “la restauración y ordenación del espacio hasta ahora ocupado y afectado por las extracciones de áridos, la recuperación de los valores ambientales que lo caracterizaban, en especial los paisajísticos, así como la pervivencia de las actividades agropecuarias que en ese ámbito se desarrollan, con desaparición de las actividades extractivas mineras”. Una cantidad superior, por ejemplo, al desvío presupuestario previsto en la Consejería de Sanidad para el cierre del ejercicio de 2016, cuantificado en 200 millones de euros.
Problema de dimensión autonómica
Ese es el objetivo de la Ley que no salió adelante cuando el gabinete lo presidía Paulino Rivero, ya que los socialistas se opusieron a que fuese tramitada en el Consejo de Gobierno, quedando el texto vivo hasta un momento más oportuno en el Parlamento de Canarias, ya que es una iniciativa cabildicia que no decae (como sucede con los estatutos de autonomía en las Cortes) al concluir la legislatura.
El texto, que considera que “la problemática de ese espacio tiene una dimensión autonómica, que excede lo municipal y lo insular” (motivo por el que el Cabildo tinerfeño considera que el Gobierno deberá hacer el desembolso económico), fue reactivado el 2 de septiembre de 2015 y publicado en el Boletín Oficial del Parlamento con el código 9L/PPLC-0001, convirtiéndose en la primera iniciativa legislativa de un cabildo insular de la presente legislatura, incluso antes que la controvertida Ley Turística de las Islas Verdes, que fue la segunda aunque se tramitó y aprobó antes que la referida a los barrancos de Güímar.
Atentado al principio de tutela judicial efectiva
Que sea el Gobierno, y no los empresarios, quienes lleven a cabo la reparación del daño ecológico causado es algo que tampoco entiende la abogada de la acusación contra los empresarios, que el pasado 6 de octubre remitió un escrito a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial tinerfeña asegurando que “no es entendible que esta Sala tenga que esperar para ejecutar la sentencia a una futura Ley, que propone el Cabildo de Tenerife sobre esta materia, que no tiene fecha y que significa dejar sine die la ejecución del fallo de la sentencia, lo que resulta atentatorio al principio de tutela judicial efectiva” recogido en el artículo 24.1 de la Constitución.
Con todo, el Gobierno ha transmitido a la Mesa del Parlamento su “criterio favorable a la toma en consideración” del texto impulsado por el cabildo tinerfeño pese a que existen varios informes contrarios de los propios departamentos del gabinete que preside Fernando Clavijo.
Así, el Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural asegura que la propuesta legislativa es “un uso de un instrumento legal de manera excesiva para la ordenación de un territorio concreto” que puede dar lugar a reclamaciones económicas en un futuro“.
Manifiestamente inconstitucional
Más contundente es el informe de la Dirección General de Industria y Energía, pues considera que el texto que impulsa Alonso es “manifiestamente inconstitucional y gravemente perjudicial para los intereses económicos y el desarrollo futuro de la propia Comunidad Autónoma de Canarias y para su Administración”.
La propia consejera de Hacienda, Rosa Dávila, en su calidad de secretaria de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, reconoce en el acta de la reunión del 15 de octubre ciertos reparos a la decisión adoptada, tales como que “de la materialización de sus propósitos normativos se podrían derivar impactos presupuestarios”, así como que se considera “preocupante la falta de informes jurídicos sobre la existencia de derechos subjetivos cuya lesión pudiera dar lugar a posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial por actos legislativos y, en su caso, las valoraciones económicas que procedan”.
Sin embargo, estas cuestiones (que sirvieron en su momento para que Rivero no tramitara el texto), no han impedido que Clavijo le haya dado el visto bueno, y eso que la propia Dávila reconoce que “falta el pertinente estudio económico sobre el previsto Plan de Restauración”, como obliga el artículo 32.3 de la Ley de Economía Sostenible de 2011para “garantizar la sostenibilidad presupuestaria”.
