La Fiscalía Anticorrupción pide 8 años de prisión y 30 de inhabilitación para Miguel Zerolo por el caso Las Teresitas

La Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado formalmente 8 años de prisión y 30 de inhabilitación para el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo. En concreto, el Ministerio Público considera que presuntamente es autor de un delito de prevaricación y otro de malversación de fondos, dentro del caso de Las Teresitas. En cuanto al primero solicita inhabilitación para cargo o empleo público por diez años, y por el segundo 8 años de cárcel e inhabilitación durante 20 años.

Esta es una de las principales novedades del auto hecho público este lunes en el que se incluyen también las peticiones de penas de cárcel para el resto de los 12 acusados, que junto con las del exalcalde suman 60 años en total.

Llamativo resulta que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1, María de Los Ángeles Zabala, solicite una fianza solidaria para los trece acusados, más las empresas Inversiones Las Teresitas (ILT), Promotora Punta Larga y Promotora Victoria, de 109,4 millones y que deberán avalar en el plazo de 24 horas. De lo contrario, se procederá al embargo de los bienes o se comprobará su posible insolvencia. Las fuentes consultadas indican que, en Canarias, existen pocos precedentes en cuanto a la petición de penas de cárcel y de dinero.

A partir de ahora el abultado sumario que suma miles de folios será remitido a la Audiencia Provincial, donde se celebrará juicio oral. Igualmente, se certifica que los ya acusados se encuentran en situación de libertad provisional.

En el auto se recoge también las penas que plantea la acusación popular representada por el colectivo Justicia y Sociedad, que solicita ocho años de prisión para el exalcalde. Las peticiones de penas se distribuyen por niveles. En el primero estaría Zerolo junto con los demás ex cargos públicos, como son el entonces concejal de Urbanismo Manuel Parejo y los ediles del PSOE Emilio Fresco y del PP José Emilio García Gómez. Para cada uno de ellos se solicitan 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación por los presuntos delitos de malversación y prevaricación.

En el segundo nivel estarían los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González junto con sus hijos Pedro González y Carlos Plasencia, respectivamente. Para ellos se piden siete años de prisión y nueve de inhabilitación, pero además, por el supuesto delito de malversación de caudales públicos, se solicitan diecisiete años de inhabilitación para el ejercicio de actividades empresariales relacionadas con las actuaciones urbanísticas.

En el tercer nivel estarían el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín y el exsecretario de Urbanismo Víctor Reyes, a quienes se les piden ocho años y seis meses de inhabilitación y seis de prisión. En el último escalón aparecen el exsecretario del Ayuntamiento José Eugenio Zárate, el exinterventor municipal Antonio Messía y el exinterventor de Urbanismo José Luis Roca. Para cada uno de ellos se piden cinco años de prisión, y diecinueve años y medio de inhabilitación. También se solicitaba que indemnizaran al Ayuntamiento con 52,5 millones, que fue el precio pagado por el frente de la playa.

Por lo pronto se descarta la petición del Ayuntamiento de Santa Cruz de que los acusados abonaran 82 millones más lo intereses legales de 52,5 millones a contar a partir de estos momentos, que ha sido cuando se ha conocido la petición de penas para el exalcalde.

Un precio desorbitado

Una vez concluida la instrucción queda claro que el grueso de las sospechas se centran en el desorbitado precio pagado por el Ayuntamiento por las once parcelas del frente de la playa, una prueba, según las investigaciones, de que el exalcalde se plegó a los intereses de la empresa ILT, vendedora de los terrenos, y en contra de los intereses generales de la ciudad. “El resultado final es que la Gerencia de Urbanismo aceptó un precio que triplicaba el fijado por la entonces arquitecta municipal, Pía Oramas, e incluso supera en 18 millones a otra tasación encargada por Urbanismo”.

En estos momentos se da por seguro que Zerolo estuvo al tanto de todos los pormenores que rodearon a las sucesivas compras de los terrenos, pese a que él siempre lo ha negado. De hecho, el actual alcalde, José Manuel Bermúdez, de su mismo partido, también lo ha declarado de esta manera al considerar “posible pero no probable” que Zerolo desconociera estos hechos. En el escrito que recientemente tuvo que recoger personalmente Zerolo en el Juzgado se ratifica que, aparte de las negociaciones oficiales, hubo “otras” entre el Ayuntamiento y empresarios, incluso antes de que existiera una propuesta firme de convenio.

El resultado final, según el auto, es que el Ayuntamiento se “plegó” a los intereses de ILT y no tuvo en cuenta los generales de los vecinos de Santa Cruz. Incluso se tomó el acuerdo de ingresar una cantidad suficiente en la cuenta de esta sociedad para que la entidad dejara de estar ahogada económicamente. La conclusión es que esta operación, que implica la venta del frente de playa al Ayuntamiento y de la trasera a unos particulares tras su correspondiente recalificación, supuso unos beneficios de 108 millones de euros para los empresarios.

Pero además nunca se tuvo en cuenta, o no se quiso, que parte de los terrenos vendidos a la corporación local ya habían sido cedidos por la Junta gratuitamente en 1986 y que un tercio de lo comprado era de titularidad de Costas. En el año 2013, los peritos encargados por el Juzgado de realizar las tasaciones fijaron el valor en 14 millones y en 10 millones según las dos alternativas que se plantearon sobre el deslinde marítimo, frente a los 54 desembolsados finalmente.

Además, los 63.000 metros cuadrados cedidos gratuitamente valdrían 4 millones que, por lo tanto, se pagaron de más. La Sala considera que para incrementar el valor de los terrenos se tiene en cuenta no su precio en el momento de la venta, sino el que podrían tener en el futuro en caso de un cambio del plan general que lógicamente dependía de la propia corporación local.

Las conclusiones son claras: “Incidiariamente Miguel Zerolo, con antecedentes penales, llevó a cabo junto con algunos de los demás imputados una serie de reuniones y acuerdos con la parte privada al margen del procedimiento administrativo que desembocaron en acuerdos contrarios al ordenamiento jurídico, con la finalidad de llevar a cabo la compra de unos terrenos al precio previamente pactado con dichos particulares, que perjudicaban los intereses públicos a favor de los privados”.