Los beneficiados del caso Grúas reconocen su amistad con Fernando Clavijo

Cinco de los siete testigos que han declarado este martes en el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna por el caso Grúas han reconocido sus vínculos con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tras responder a las preguntas de los abogados de las acusaciones populares, que representan a Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y a Unid@s se puede, en la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna.

Los siete testigos se conjuraron para declarar ante la jueza Celia Blanco que ellos no fueron quienes solicitaron la ampliación de la concesión del servicio de grúas ni el préstamo de 120.000 euros que les concedió el Ayuntamiento lagunero a pesar de los informes que en contra de ambas medidas había emitido el interventor municipal. En concreto, los testigos llegaron a afirmar que fueron los técnicos municipales designados por el Ayuntamiento en 2014 para la intervención municipal de la empresa Autogrúas Poli los que hicieron esas gestiones. Esos técnicos han sido llamados a declarar el próximo 4 de diciembre.

Las relaciones que confirmaron cinco de los siete dueños de la concesión del servicio municipal con Fernando Clavijo se basan, según dijeron, en la práctica de kárate (algunos de los cuales dijeron conocer al mandatario desde su infancia o adolescencia) o por trabajar juntos en la multinacional francesa de bricolaje Leroy Merlin cuando el actual jefe del Ejecutivo regional se desempeñó como jefe de sección.

Las declaraciones de los testigos, que se prolongaron durante más de cinco horas, se han centrado en el proceso por el que una concesión de retirada de vehículos y su custodia en el depósito municipal reglamentariamente adjudicada a Autogrúas Poli acabó en manos de todos ellos después de unos sucesos en los que pudieron cometerse presuntamente varios delitos, como malversación de fondos públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Y es que una vez consiguieron la concesión, los empresarios disfrutaron de numerosas ventajas por parte del Ayuntamiento cuando Clavijo era concejal de Seguridad, primero, y alcalde lagunero, después: se abonaron los atrasos acumulados, se les concedió un crédito de 120.000 euros con dinero municipal y se prorrogó irregularmente la concesión por otros cinco años, todo ello con los informes contrarios del interventor del Ayuntamiento frente a los que Fernando Clavijo interpuso un decreto.

Durante la comparecencia de este martes se conocieron algunos detalles curiosos, como el relatado por algunos de los testigos que aseguraron tras arruinarse al frente del servicio de grúas encontraron “por internet” al comprador de Adeje que se hizo cargo de la empresa, con más de 270.000 euros de deuda.

La jueza Celia Blanco reabrió la causa una vez fue requerida por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife para que practicara algunas de las diligencias que denegó por completo cuando recibió la denuncia. La titular de Instrucción 2 está llamando de momento solamente a personas en calidad de testigos porque dada la condición de aforado de uno los dos denunciados (junto a Fernando Clavijo también lo está el actual alcalde, José Alberto Díaz) tendría que inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Canarias si se viera obligada a investigar al presidente del Gobierno.

Así que, de momento, esta es una causa que se instruye sin investigados, a pesar de que en uno de sus escritos una vez recibió la reprimenda de la Audiencia Provincial, la jueza comunicó a las partes que pretendía llamar a los firmantes de los decretos, entre los que se encuentra el presidente Clavijo. La Fiscalía de momento se ha opuesto a que la causa se remita al TSJC por considerar que la denuncia presentada por las fuerzas de la oposición no reúne las suficientes pruebas.

En la denuncia no solo se relatan todas las vicisitudes experimentadas en Autogrúas Poli desde que Clavijo sacó a concurso el servicio municipal de retirada y custodia de vehículos de la vía pública, sino que a cada hecho se acompaña un documento, fundamentalmente los informes contrarios de la Intervención municipal a la mayor parte de las decisiones y decretos del presidente del Gobierno, que también se acompañan, como resaltó la Audiencia en su auto.