Los investigados por la piscifactoría culpan de lo ocurrido a sus superiores en el Cabildo de Tenerife
Los tres investigados por el caso Piscifactoría, el proceso abierto en un juzgado de instrucción de La Orotava contra tres funcionarios públicos adscritos al área insular de Medio Ambiente en el Cabildo de Tenerife tras las irregularidades observadas en la gestión de la explotación de truchas radicada en Aguamansa (actualmente cerrada por orden de la Dirección General de Salud Pública), coincidieron en la mañana de este miércoles en la estrategia desplegada ante el juez y el fiscal. El día anterior fue el turno de los testigos, entre ellos dos funcionarios.
Los tres declarantes recalcaron en esa sesión que el que actuó con negligencia en la piscifactoría pública hoy clausurada en los altos de La Orotava fue, en todo caso, “el Cabildo insular”, propietario de la instalación, pues los técnicos, según ellos mismos plantearon, no tienen nada que ver con lo ocurrido al solo cumplir las órdenes de sus superiores, entre ellos, se entiende, el actual consejero insular de Medio Ambiente en la Corporación tinerfeña, el socialista José Antonio Valbuena.
Las tres personas que este miércoles testificaron ante el juez y el fiscal del caso como investigados, que son los funcionarios del Servicio de Gestión Forestal Buenaventura Machado Álvarez (jefe de servicio) y Tomás Reneses de la Fuente, y el encargado de la citada instalación acuícola en Aguamansa, Víctor Javier Pacheco Hernández, coincidieron en aquellas afirmaciones y, según fuentes presentes en las declaraciones de este miércoles, además sostuvieron que en lo relacionado con la piscifactoría solo se limitaban a hacer su labor como siempre la habían hecho en esa instalación destinada a la cría y el engorde de truchas en cautividad.
Esos fueron los mensajes centrales de las intervenciones de los tres investigados, a los que está por ver si se les atribuye algún delito contra la salud pública o quizá relacionado con la comercialización de truchas sin tener autorización para ello, tal y como informaron fuentes letradas integradas en el proceso judicial.
En las declaraciones de los mencionados funcionarios, salió a relucir una y otra vez que el que actuó con negligencia fue el Cabildo de Tenerife, pues los técnicos no tenían nada que ver con ese asunto y solo cumplieron órdenes de sus superiores. También insistieron en que nadie, sus superiores, los advirtió de nada.
En este caso se han personado como acusación popular los partidos Podemos y el PP en el Cabildo de Tenerife. Esta administración pública aparece en la causa como responsable pública subsidiaria.
