Hungría cobra 1.200 euros a los refugiados para salir de los centros de detención

Pias, un joven refugiado iraquí que logró entrar en Hungría, estaba inicialmente dispuesto a demostrar su inglés. Sin embargo, tras cuatro meses en un centro de detención, el miedo y la incertidumbre le han dejado mudo.

A pesar de haber pagado a las autoridades húngaras 1.200 euros para que le enviasen a un centro más abierto, el joven de 19 años teme volver a ser detenido bajo una nueva ley draconiana.

Redactada por el Gobierno de derechas de Viktor Orbán, el hombre fuerte de Hungría, y aprobada con una mayoría aplastante en el parlamento este martes, la medida permite enviar a todos los solicitantes de asilo a una red de nuevos campos hechos a partir de contenedores de mercancías. Se espera que entre en vigor en una semana.

La fuerte intensificación de la ofensiva antimigratoria del gobierno de Orbán ha sido condenada como una violación flagrante del derecho comunitario por parte de abogados y organizaciones de derechos humanos. Estos colectivos están instando a los Estados miembros de la UE a actuar.

Las consecuencias para los refugiados como Pias serían especialmente onerosas. Llegó a Hungría como refugiado el año pasado y fue enviado a uno de los centros de detención, calificados por los críticos como prisiones. Más tarde aceptó la oferta de ser trasladado a un centro de recepción más abierto a cambio de un pago, oficialmente descrito como “fianza”.

Como su solicitud de asilo todavía está en proceso, si la nueva proposición se convierte en ley, Pias podría ser expulsado de su hogar actual —una habitación en un callejón cutre de Budapest— y devuelto a un centro de detención.

Para Pias, esto sería un doble golpe: el centro abierto al que fue enviado en un principio tras pagar su “fianza” es poco más que un conjunto de tiendas de campaña en Kormend, cerca de la frontera occidental de Hungría con Austria. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que las condiciones en este centro con inhumanas.

Una “fianza” de 1.200 euros para que no huyan

Escondido a ojos del público y en los terrenos de una academia de formación de policía a las afueras de Kormend, el campo “abierto” se compone de siete carpas redondas y tiene un olor penetrante procedente de la calefacción improvisada, por combustión de turba (carbón fósil vegetal). El público y los medios de comunicación tienen la entrada vetada. Cuando the Guardian se acercó a la puerta del campo, un agente policial salió de un puesto cercano y gritó de forma agresiva: “Fuera, fuera, fuera”.

Los activistas han denunciado la práctica de Hungría de cobrar a los detenidos por trasladarles a instalaciones todavía más rudimentarias. El pago es oficialmente considerado como fianza y en teoría se devuelve si el solicitante de asilo cumple su promesa de no huir por la frontera a otro Estado miembro de la UE.

“El Gobierno húngaro se ha beneficiado del dinero de las fianzas pagadas por las personas que querían ser trasladadas de centros de detención cerrados y, posteriormente, les han llevado a lugares como Kormend, donde no hay absolutamente nada que hacer. Ni siquiera tienen una calefacción adecuada”, afirma Marta Pardavi, copresidenta del Comité Húngaro de Helsinki. “Es cínico y repugnante”.

Bajo presión, las autoridades accedieron el mes pasado a trasladar de Kormend a ocho refugiados que habían pagado para ser liberados de centros de detención cerrados. Fueron enviados a un albergue en Budapest dirigido por Oltalom, una organización benéfica evangélica. Sin embargo, el centro de Kormend sigue abierto, aunque solo quedan cinco personas.

En el albergue de Oltalom existe la inquietud de que la situación empeore todavía más: que los refugiados e inmigrantes sean detenidos en las calles y encerrados en campos.

“Es cierto que tenemos miedo del Gobierno húngaro porque podrían retirarnos nuestros documentos”, afirma Afridi Sohel Khan, un refugiado paquistaní de 42 años procedente de una zona controlada por los talibanes cuyo estatuto de protección subsidiaria en Hungría de cinco años caduca en unas pocas semanas. Él también podría ser detenido si no se renueva su estatuto, un final posible, según los expertos de derechos humanos.

“Creo que son noticias tristes para los refugiados y para aquellos en búsqueda de derechos humanos”, indica Sohel Khan. “No somos terroristas ni criminales. No vine a Hungría por la buena vida, sino porque tenía un problema en Pakistán. Aquí no tenemos vida”.

Farhad Osmani, un joven de 19 años que tuvo que salir de su Irán natal porque no tenía el derecho a la ciudadanía iraní –sus padres son refugiados afganos–, es más franco: “Si intentan enviarme a prisión, me veré obligado a escapar a otro país como Austria o Alemania”, explica.

Los refugiados de Orbán: europeos enfadados

Andras Rakos, un trabajador social en Oltalom, señala que la situación se ha convertido en una cuestión moral para la UE. “Estamos muy preocupados por esta gente. Ya tienen suficientes problemas y es una gran vergüenza lo que el Gobierno les está haciendo”.

“Pero la gran pregunta es por qué la UE lo permite. Cuando ven que lo que está pasando en Hungría va en contra de los valores de la Unión Europea, deberían dejar de enviar dinero a su país. El Gobierno tendría entonces un gran problema y la gente dejaría de votarle”, señala Rakos.

Orbán —que ha proclamado sus planes para un “Estado no liberal” y que ha defendido la “homogeneidad étnica” afirmando que su política contra los refugiados protege la cristiandad europea— parece no inmutarse ante tal posibilidad.

En un discurso reciente, Orbán se burló de los países europeos occidentales más liberales ofreciéndose a aceptar solicitudes de refugiados de sus ciudadanos enfadados por la ola migratoria. “Deberíamos dejar entrar a los verdaderos refugiados”, explicó. “Alemanes, holandeses, franceses e italianos, políticos y periodistas aterrados que quieren encontrar en Hungría la Europa que han perdido en sus países”.

Los activistas creen que Orbán está despreciando a propósito el derecho comunitario, que exige que todas las solicitudes de asilo sean analizadas de forma individual, como una táctica calculada para mantener el asunto migratorio en la agenda doméstica de Hungría de cara a las elecciones generales del año que viene. Al mismo tiempo, dicen, está enviando el mensaje a los alrededor de 7.000 refugiados que actualmente esperan llegar a la Unión Europea desde Serbia de que no entren en Hungría.

“Los solicitantes de asilo dejarán también de ser devueltos a Hungría bajo el Reglamento de Dublín, que es extremadamente importante”, explica Pardavi, del Comité Húngaro de Helsinki. “Al menos 29.000 refugiados pasaron por Hungría en 2016 y si otros países comunitarios quisieran devolverlos, Hungría estaría obligada a aceptarlos. Pero con esta política de detención absoluta, todos aquellos Estados europeos dirán probablemente que enviarlos a Hungría sería una grave violación de los derechos humanos.

“Esto anula los fundamentos de la política de asilo europea. Es un gran dolor de cabeza para las instituciones europeas y para los políticos”. Pero también es un dolor de cabeza para los solicitantes de asilo, y una agobiante vuelta a las temerosas condiciones que les obligaron a salir de su tierra.

“Tenía miedo del Gobierno en Irán”, señala John, un iraní de 33 años convertido al cristianismo y activista por la democracia. John abandonó su país en 2014 tras enterarse de que las autoridades estaban intentando detenerle. “Podrían acabar con mi vida, mi familia y mi trabajo. Pero puedo decir en nombre de todos los refugiados y solicitantes de asilo que están aquí que tenemos miedo del Gobierno húngaro.

“Tememos por nuestro futuro y por los documentos que el Gobierno nos ha dado. Creemos que Hungría no tiene un buen futuro en Europa y me sorprendió mucho ver hace poco en Hungría a Vladimir Putin. Lo vi como un asesino. Este es un momento peligroso para nosotros y Hungría se mueve hacia un camino peligroso. La gente este asustada, eso es así”.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti