Denuncian la falta de ayuda de la ONU ante los embarazos provocados por cascos azules en Haití
La ONU ha sido acusada de negarse a cooperar con una organización de derechos humanos que busca conseguir ayudas económicas para las mujeres que quedaron embarazadas de soldados de las fuerzas de mantenimiento de paz de la ONU.
Los abogados que representan a 10 mujeres en Haití planean iniciar acciones civiles para obtener manutención infantil para los hijos, pero afirman que necesitan la ayuda de la ONU porque la mayoría de los hombres involucrados ya no está en el país.
Bureau des Avocats Internationaux (BAI), un bufete de abogados en Haití, solicitó a la ONU en agosto los resultados de las pruebas de ADN practicadas a algunas de las mujeres. Mario Joseph, abogado director de BAI, explica que la carta enviada a la ONU, enviada a través del Ministerio de Exteriores de Haití, no ha recibido respuesta.
“[La vida de las mujeres] es terrible”, cuenta Joseph. “Hay más de seis que viven en el sur de Haití, la zona arrasada por el huracán Matthew. Algunas de ellas no tienen casa e intentan acudir a familiares para mendigar comida para el bebé”, añade.
La misión de estabilización de la ONU en Haití (Minustah) afirmó en un comunicado que está en contacto con el Ministerio de Exteriores en relación a estos casos y que está esperando más detalles en relación a una de las mujeres.
“Minustah, a través de su unidad de conducta y disciplina, continúa en contacto regular con las víctimas y atiende sus solicitudes. Por ejemplo, la misión está trabajando actualmente junto a varias agencias, fondos y programas de la ONU para encontrar un refugio a una de las víctimas representadas por el abogado”, señala el comunicado. “Donde haya nacido un bebé como resultado de la explotación sexual y abusos por parte del personal de Naciones Unidas, la ONU trabajará para facilitar la búsqueda de pruebas de paternidad y manutención infantil”, añade.
Inmensa desigualdad de poder
Entre el grupo de madres hay una mujer que tenía 16 años en el momento del embarazo, dos años por debajo de la edad mínima de consentimiento sexual en Haití. El soldado responsable, que fue repatriado a Uruguay, envió inicialmente 330 euros cuando la madre dio a luz, pero desde entonces no ha vuelto a enviar ayuda. La ONU llevó a cabo una prueba de ADN en febrero de 2014, pero no ha pasado los resultados a la madre, según informan los abogados.
“Estas relaciones ocurrieron a menudo sobre una base transaccional desde una posición de inmensa desigualdad de poder en la que las mujeres estaban desesperadas por conseguir algún tipo de asistencia financiera para ellas y sus familias”, señala Sienna Merope-Synge, abogada en el Instituto por la Justicia y la Democracia en Haití, una organización de derechos humanos hermana de BAI.
Una de las mujeres se quedó embarazada tras una supuesta violación, denunciada ante la unidad de conducta y disciplina de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Haití.
La cooperación de la ONU es fundamental si se pretende que los casos tengan algún impacto sobre las mujeres afectadas, señala Merope-Synge. “Dado que los padres ya no están en Haití, habría una necesidad de entregarles los resultados... y también, en los casos necesarios, implementar la sentencia en otro tribunal o que el gobierno o la ONU asuman de algún modo esa responsabilidad. Es un escenario desconocido”.
Estos casos son probablemente solo la punta del iceberg, explica Merope-Synge, aunque muchas mujeres no querrán denunciar su situación. La ONU anunció la semana pasada que pondría fin a su polémica misión en Haití en octubre de este año, sustituyéndola por una fuerza policial menor.
La misión, de 13 años, ha estado acosada por la controversia, incluidas las acusaciones de abuso sexual y la introducción del cólera en la isla. En diciembre de 2016 la ONU admitió finalmente que sus fuerzas de mantenimiento de la paz son las responsables de introducir la enfermedad, que se estima que ha matado a 10.000 personas.
Transparencia en los últimos casos
La semana pasada salieron a la luz más denuncias de abusos sexuales por parte de al menos 134 cascos azules de Sri Lanka que explotaron a nueve menores en una trama sexual en Haití desde 2004 a 2007. Según las informaciones, la ONU envió a su casa a 114 cascos azules, pero ninguno fue encarcelado.
Madeleine Ress, secretaria general de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, señala que, sin una política decidida, las resoluciones de la ONU prometiendo proteger a las mujeres son poco más que una lista de deseos.
“¿Acaso es mejor mantener ahí a cascos azules que están involucrados en este tipo de abusos?”, denuncia Rees. “¿Qué tipo de paz están manteniendo? No están protegiendo a las personas que en teoría deberían proteger”, añade.
“Abogamos por que haya tribunales en los países donde hay misiones de mantenimiento de la paz, no solo para los casos de explotación sexual, sino para otras cosas que siguen ocurriendo”.
Akshaya Kumar, subdirectora del programa de la ONU de Human Rights Waths, explica que, aunque la ONU ha progresado en su forma de abordar nuevas denuncias de abusos sexuales, existe el peligro de que se olviden casos históricos como el de Haití.
“La transparencia de la ONU en el seguimiento de nuevos casos ha mejorado mucho, pero esa transparencia no retrocede lo suficiente como para abarcar a todas las víctimas de Haití”, señala Kumar. “La ONU necesita investigar más su pasado y asegurarse de que aquellos que se enfrentan al amargo legado de esta misión sean tratados con justicia”, añade.
“Aunque cierres ciertas misiones, tus obligaciones con la gente afectada negativamente por ellas permanece”, explica Kumar. Cualquier presencia futura de la ONU en Haití debería incluir un defensor de los derechos de las víctimas, añade la especialista. En febrero, el secretario general de la ONU, António Guterres, propuso nombrar un defensor de los derechos de las víctimas.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti
