Tom Price: el secretario de Sanidad de Trump que quiere acabar con el Obamacare

La retórica de Trump contra el Obamacare en campaña fue algo más que una mera brabuconada, o al menos eso sugiere su elección del congresista de Georgia Tom Price como secretario de Sanidad.

En sus doce años en el Congreso, Price ha sido un crítico feroz de la legislación sanitaria de Obama. Al mismo tiempo, ha defendido medidas conservadoras, como la venta de seguros más allá de las fronteras estatales (supone eliminar las barreras a las empresas de seguros que quieren vender en varios estados), sustituir el seguro médico para mayores de 65 años (Medicare) por un sistema de cupones y transformar la asistencia médica a las personas sin recursos (Medicaid) en un subsidio. Price es alguien cercano al portavoz de la Cámara, Paul Ryan, y ha votado docenas de veces a favor de tumbar el Obamacare.

Si el Senado confirma su puesto, Price aplicará su mentalidad conservadora (antiabortista, anti LGTB y anti Obamacare) al presupuesto de 1 billón de euros del Departamento de Sanidad.

Sin embargo, incluso si Price es capaz de replantear toda la política sanitaria, algunos expertos creen que se arriesga a debilitar los servicios de los que disfrutan muchos de los fervientes seguidores del presidente electo Donald Trump.

Cálculos recientes muestran que 20 millones de estadounidenses obtuvieron cobertura médica gracias al Obamacare, ya fuera por cambios en situaciones individuales, la ampliación en la asistencia médica a las personas sin recursos o por permitir a los jóvenes permanecer en los planes de seguros de sus padres.

Eso significa que los republicanos están “entre la espada y la pared”, según el profesor Michael Sparer, presidente del departamento de políticas sanitarias de la Universidad de Columbia. “¿Cómo se puede mantener la promesa de revocar y sustituir [la Ley de la Protección de Pacientes y Asistencia Asequible (ACA)] sin empujar a millones de personas fuera de la cobertura médica y sin sufrir las consecuencias políticas ni gastar mucho dinero?”, añade Sparer en referencia a lo que cree que es la posición del Partido Republicano. “Creo que eso no es fácil”.

Algunos expertos creen que las políticas que defiende Price podrían empeorar la cobertura sanitaria de los pobres y de los enfermos, al tiempo que beneficiaría a los más ricos y sanos.

Durante su tiempo en el Congreso, Price ha hecho varias propuestas para sustituir el Obamacare. Entre sus planes se incluye sustituir la la Ley de la Protección de Pacientes y Asistencia Asequible de “obligación individual” por un sistema de crédito fiscal que castigue solicitudes de “cobertura continua”. También quiere permitir a las compañías vender seguros más allá de las fronteras estatales y convertir el programa de asistencia médica a personas sin recursos, el cual fue reforzado por Obama, en un programa de subvenciones, lo que daría mayor discreción a los estados a la hora de determinar a quién y el qué cubrir.

Jonathan Oberlander, profesor de la Universidad de Carolina del Norte especializado en políticas sanitarias, asegura que el plan de Price de revocar la “obligación individual” —el requerimiento de que la gente contrate seguros médicos o sufra en su lugar una multa impositiva— es más duro que el sistema actual. En una propuesta elaborada en 2015, por ejemplo, Price sugirió que si la gente no mantiene una “cobertura continua” el seguro médico pueda rechazarle por un problema de salud que surgiese hasta, al menos, los 18 primeros meses después de haber pagado el seguro médico, según informa la Radio Nacional Pública (NPR).

Los planes públicos cubren a un tercio de la población

Price propuso subsidios menos generosos para los planes de seguros individuales. Actualmente, el subsidio medio es de 3.270 euros al año, de acuerdo con el Centro de Medicaid y Medicare, el órgano federal que gestiona ambos programas. El crédito fiscal más generoso en el plan de Price es de 2.816 euros al año.

Otras propuestas, como la venta de seguros más allá de fronteras estatales, podría beneficiar desproporcionadamente a los que ya gozan de buena salud, según afirman algunos expertos. Eliminar las barreras estatales a compañías que ya venden en otros estados podría permitir a los jóvenes contratar planes sanitarios más baratos y menos completos y abandonar a la población enferma en los estados con más regulación. Los partidarios de la venta más allá de las fronteras estatales argumentan que aumenta la competencia entre las compañías de seguros.

“Si derogas la legislación sanitaria de la administración Obama y pones uno de esos planes en su lugar, vamos a ir para atrás”, explica Oberlander. “Volveremos a ese mundo donde millones de estadounidenses no podían permitirse un seguro médico”.

Los programas públicos, como Medicaid (para las personas sin recursos) y Medicare (para los ancianos y personas con diversidad funcional) cubren a alrededor de un tercio de los estadounidenses. Como congresista, las propuestas de Price han buscado insistentemente cortar el gasto federal en este tipo de programas, que suponen el 86% del departamento.

Por ejemplo, una de las propuestas de Price en 2015 hubiese transformado el programa Medicaid en una subvención estatal, algo similar a lo que ocurrió al estado de bienestar en los 90 con el Programa de Asistencia Temporal para Familias con Necesidades.

La cantidad de dinero que recibían los estados de la reforma de bienestar estaba determinada por lo que se gastaron en 1994, según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, un think tank progresista. Pero en el caso de Medicaid, ese modelo generaría ganadores y perdedores.

Los 19 estados que se negaron a expandir el Medicaid se gastan menos dinero, lo que supone que obtendrían menos dinero del gobierno federal en el cálculo de la subvención. Pero si los legisladores utilizan los niveles de gasto anteriores al Obamacare para calcular las subvenciones, esa propuesta enfadaría a los 32 estados que sí expandieron el Medicaid.

Algunas zonas que han mostrado un apoyo resuelto por Trump son especialmente dependientes de este tipo de programas, como Virginia Occidental, donde el 68% de los electores votó por Trump y aproximadamente la mitad de la población recibe asistencia sanitaria a través de un programa público.

Tan solo el 40% de los estadounidenses de Virginia Occidental están asegurados como empleados, la tercera tasa más baja en el país. Mientras tanto, el 29% de los residentes del estado son parte del Medicaid y el 19% de Medicare, la tasa más alta del país. El número de beneficiarios de Madicaid en Virginia Occidental creció un 62% después de que entrase en vigor el Obamacare, cubriendo a 230.000 personas más, según informa Kaiser Family Foundation, una organización sin ánimo de lucro centrada en asuntos sanitarios.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti