El gobierno británico ignoró las advertencias internas sobre la venta de armas a Arabia Saudí
El año pasado, el entonces Secretario de Estado de Comercio, Sajid Javid, se negó a detener la exportación de armas a Arabia Saudí a pesar de que un alto cargo de la administración le advirtió de que las armas podrían ser usadas para matar civiles en Yemen. Así lo demuestra la correspondencia ministerial que ha salido a la luz el primer día de las audiencias judiciales por una investigación en relación a la venta de armas británicas a Arabia Saudí.
Edward Bell, director de la Organización de Control de Exportaciones, escribió un correo electrónico sobre la decisión: “Para ser sincero, fui muy directo y honesto con el secretario de Estado. Mi instinto me decía que había que suspender [las exportaciones de armas a ese país]”.
Bell aseguró que la cuestión también se había hablado con el primer ministro. En un correo electrónico del 11 de febrero de 2016 para el secretario permanente del Departamento de Comercio, escribió: “El secretario de Estado decidió anoche no resolver este tema y la cuestión ha pasado a manos de gobierno”.
Bell advertía que, aunque había “muchos intereses políticos”, no se podía jugar con esee tema ya que se corría el riesgo de violar leyes internacionales de Derechos Humanos.
Sin embargo, Javid ratificó los permisos de las armas, aunque le confesó a algunos colegas del gabinete que “hay incertidumbre y desconocimiento” respecto a cómo se iban a utilizar esas armas, según se informó al tribunal londinense.
El secretario de Estado de Comercio le escribió a Philip Hammond, que era en ese momento el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, y a Michael Fallon, secretario de Defensa, diciéndoles que no estaba “decidido” a suspender los permisos y les pedía su apoyo. “Si salen a la luz nuevas pruebas de que el ‘riesgo evidente’ se ha materializado, entonces suspenderé los permisos,” escribió Javid.
“Como esta decisión seguramente será revisada por un tribunal y el gobierno se verá expuesto a las críticas públicas de algunos sectores, me gustaría que estuvierais de acuerdo conmigo en que este es el camino correcto que debemos seguir en este momento”, añadió el ministro.
De los tres días que durarán las audiencias judiciales, un día y medio será secreto para que el gobierno pueda mostrar pruebas confidenciales.
La denuncia inicial fue presentada por Campaña contra el Comercio de Armas (CAAT, por sus siglas en inglés), que argumenta que las exportaciones se deben detener si existe “riesgo evidente” de que serán utilizadas en violación de leyes internacionales de Derechos Humanos o para cometer abusos.
Arabia Saudí es el mayor comprador de armas a Reino Unido: desde el inicio de su campaña con otros países de Oriente Medio en Yemen en marzo de 2015, el gobierno británico ha emitido permisos para la venta de armas, aviones y diferente material militar por unos 3.900 millones de euros. Pero Arabia Saudí está acusada de muchas muertes civiles y de destruir uno de los países más pobres de la región.
Un informe confidencial de la ONU publicado por the Guardian en enero de 2016 registraba 119 ataques que habían presuntamente violado leyes de guerra, incluidos ataques a bodas, a edificios sanitarios, a escuelas, a mercados y a infraestructura civil. El informe aseguraba que esas violaciones se llevaron a cabo “de forma sistemática y generalizada”. En algunas ocasiones, los oficiales saudíes han puesto como objetivo a ciudades enteras, según información que llegó al tribunal.
Javid estaba evaluando suspender los permisos de exportación a Arabia Saudí en febrero de 2016, según se le comunicó al tribunal. Había recibido advertencias del director de la Organización de Control de las Exportaciones, luego de parte del Departamento de Comercio, Innovación y Talento: “Realmente nos preocupa la falta de información sobre el proceso de elección de objetivos saudíes y sobre los objetivos militares de algunos de los ataques”.
El tribunal sacó a la luz un correo electrónico en el que Bell escribió que sería “prudente y cauteloso” suspender los permisos “dada la falta de información sobre las operaciones saudíes”. Y añadió: “Esto se lo he comunicado directamente al secretario de Estado en estos mismos términos”.
Los argumentos del Gobierno
James Eadie QC, abogado principal de la defensa del gobierno británico, señaló al tribunal que el proceso de los permisos de exportación de armas tiene “supervisión parlamentaria”. Añadió que analizar cómo se han utilizado previamente las armas no podía necesariamente ayudar a los ministros a decidir si se debía seguir con los permisos. “Datos del pasado pueden aportar información, pero no pueden determinar la cuestión”, dijo. Está previsto que el miércoles siga exponiendo sus argumentos.
El gobierno ha alegado que su régimen de permisos de exportación de armas es uno de los más sólidos del mundo, aunque ha recibido muchas críticas de activistas, parlamentarios y ONGs internacionales por su rechazo a suspender los permisos cuando los conflictos se recrudecen. El gobierno ha sido cuestionado específicamente sobre hasta qué punto investiga cómo se utilizan las armas británicas en este conflicto.
El argumento de Eadie es que el gobierno no debería tener que “hacer el papel de auditor de conflictos armados en los que participan gobiernos aliados” al decidir si existe el riesgo de que esos gobiernos puedan usar armas británicas para romper las leyes de la guerra en el futuro.
Además, se refirió a las consecuencias que podría tener la decisión de parar unas ventas ya acordadas. “Si usted se niega a permitir las exportaciones, interfiere con los intereses –y con los derechos– de aquellos que desean exportar sus productos”. Una decisión así, concluyó, “podría afectar a nuestras relaciones diplomáticas”.
Traducido por Lucía Balducci
