Las seis mil denuncias que presagiaban la tragedia del terremoto en Ciudad de México
Muchos de los edificios que se derrumbaron con el terremoto de septiembre en Ciudad de México y provocaron la muerte de cientos de personas habían sido denunciados por los ciudadanos debido a que presentaban fallos de seguridad, de acuerdo con una investigación del periódico the Guardian.
Desde 2012 los habitantes de la capital mexicana han presentado unas 6.000 reclamaciones por violaciones a las normas de construcción. Sin embargo, no hay un registro público para saber cuántas de esas quejas fueron investigadas.
Muchos de los edificios en cuestión se derrumbaron durante el terremoto del 19 de septiembre, notable por la cantidad de construcciones nuevas o recientemente remodeladas que sufrieron daños inesperados.
Sólo en 2016 los habitantes de Ciudad de México presentaron 1.271 denuncias por violaciones a las normas de urbanización o de uso y aprovechamiento del suelo ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), el organismo de control medioambiental y de las edificaciones.
Más de 44 edificios se desplomaron durante el terremoto y otros 3.000 fueron evacuados, pero los habitantes y organizaciones de defensa dicen que el gobierno de la ciudad no hizo caso a la gran mayoría de las denuncias.
“No he visto una sola sanción”, dice Josefina MacGregor, de Suma Urbana, un grupo de organizaciones vecinales de Ciudad de México. “Si los ciudadanos presionan, el gobierno es capaz de decir que va a castigar a las constructoras por violaciones a las normas. Pero no es cierto”.
En el barrio de Narvarte, por ejemplo, María del Rosario Acosta Olivares entró en agosto de 2013 como inquilina a un edificio de cinco pisos situado en la calle Rebsamen 241. Tras el terremoto de magnitud 6,4 de mayo de 2014, Acosta Olivares notó que habían aparecido numerosas grietas en el cemento de su edificio. “Estaban por todos lados, en las columnas y las paredes. Y nos dimos cuenta de que todo el edificio se estaba inclinando”, dice Acosta Olivares a the Guardian.
Entonces decidió escribir una serie de tuits al gobierno de ese barrio de Benito Juárez. Pedía a las autoridades que inspeccionaran el edificio. Como nadie respondió, llamó a las oficinas del Gobierno central. La oficina de Protección Civil accedió a revisar el edificio, pero los inspectores acudieron cuando ella estaba en el trabajo. “No nos dejaron ni un solo documento”.
Sin embargo, en el informe oficial de los inspectores hay constancia de un daño estructural grave y un pedido de reparaciones urgentes. Los inspectores hablaron de “fisuras”, de “aplanado del muro”, y de “separación de juntas” en la escalera, todos elementos que “requieren sustitución”. Pero nadie informó a los residentes del edificio y las reparaciones necesarias nunca se hicieron.
Cuando ocurrió el seísmo de magnitud 7,1, el edificio de Rebsamen 241 se derrumbó. Ana Ramos, una de las vecinas de Acosta Olivares, quedó atrapada. Su cuerpo fue encontrado el domingo 1 de octubre, casi dos semanas después.
Menor intensidad, pero más daños
Muchas otras historias siguen el mismo patrón. Desde Benito Juárez a Cuauhtémoc, los edificios que se vinieron abajo o que quedaron dañados habían sido objeto de reclamaciones por parte de los vecinos. Muchos de ellos fueron construidos después de 1985, cuando otro temblor aún más fuerte sacudió a la Ciudad de México. Tras ese desastre, en el que 100.000 construcciones resultaron gravemente dañadas, la ciudad reglamentó nuevos y más estrictos códigos de edificación.
La potencia del seísmo de septiembre fue apenas una décima parte de la que tuvo el de 1985. El hecho de que aún así haya sido tan destructivo ha puesto el ojo de los activistas locales en lo que consideran prácticas malintencionadas de las constructoras, por eludir las normas; y de las autoridades de la ciudad, por ignorar a menudo las reclamaciones de los ciudadanos.
“Todo el sistema está corrupto”, dice MacGregor, de Suma Urbana. “Y la corrupción es mortal. Hay un gobierno de la ciudad que se dedica a proteger a los constructores y no a la ciudad”.
La PAOT, a cargo de controlar las edificaciones de la ciudad, explicó a The Guardian que carece de autoridad para actuar contra los constructores y que sólo puede transmitir la información a la agencia municipal pertinente. “Advertimos sobre los riesgos para la población”, explica el responsable de comunicaciones de la PAOT, Francisco Calderón Córdova. “Pero nuestras recomendaciones no son legalmente vinculantes y las otras instituciones gubernamentales no siempre siguen nuestros consejos”.
En 2016, la PAOT investigó 1.271 denuncias ciudadanas por violaciones a las normas de zonificación o de uso del suelo. Pero el papel de la PAOT termina una vez que se informa a la agencia correspondiente: la mayor parte de las veces, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi); aunque muchas veces también derivan las quejas al Instituto de Verificación Administrativa (Invea); y a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).
En casos aislados, la Seduvi penaliza a los constructores o exige las reparaciones, pero no hay un registro público de cuántas de esas 1.271 reclamaciones prosperaron. La Seduvi tampoco quiso hacer comentarios al respecto.
Fallos en el desarrollo inmobiliario
La Ciudad de México es propensa a los seísmos, pero la manera en la que ha crecido desde 1985 ha empeorado la situación. Después de aquel temblor, los habitantes y la mayoría de los inversores abandonaron el centro de la ciudad. La respuesta del gobierno de la ciudad fue incentivar los desarrollos inmobiliarios privados y promover proyectos de infraestructura como aeropuertos, autopistas y túneles.
Para el año 2013, el mercado inmobiliario de Ciudad de México estaba al rojo vivo: entre el 2000 y el 2015, la población de la ciudad solo había crecido un 3% mientras que la cantidad de viviendas crecía un 20%. En barrios del centro como Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, el crecimiento de las construcciones se disparó un 37%. Solamente en el 2016, el precio de las casas subió un 7%.
Pero el vertiginoso ritmo de la construcción inmobiliaria ha atentado contra la preparación de la ciudad frente a los seísmos. Las nuevas edificaciones no suelen tener en cuenta que Ciudad de México fue originalmente construida sobre un lago y que el terreno blando puede amplificar la potencia de los terremotos.
Mientras los desarrolladores intentaban hacer dinero con el auge en la construcción de viviendas, los ingenieros civiles alertaban de que los nuevos y cada vez mayores proyectos estaban cambiando el terreno, secándolo y aumentando el riesgo de terremotos. También, que la gran escala de los nuevos proyectos podía debilitar los cimientos en las construcciones colindantes.
En muchos casos, los desarrolladores han sido acusados de incumplir las normas por completo. Un ejemplo es el edificio ubicado en el número 238 de la calle Nuevo León, dentro del barrio Hipódromo Condesa. Los constructores le añadieron un helipuerto a la azotea. Cuando los residentes del barrio se quejaron de que los nueve pisos del edificio sobrepasaban el límite para esa zona y de que los helipuertos no estaban permitidos, los organismos de regulación hicieron oídos sordos a sus reclamaciones. Un portavoz de la empresa constructora, el Grupo JV, insistió en que se habían cumplido las normas de zonificación y dijo que un fallo judicial permitía la construcción del helipuerto, pese a que la empresa no contaba con el permiso de construcción de la Seduvi. El edificio se desmoronó parcialmente durante el temblor del 19 de septiembre.
Irregularidades en las supervisiones
Una de las principales reformas tras el terremoto de 1985 fue la exigencia de un Director Responsable de Obra (DRO) que supervisase y certificase la resistencia a los temblores. Mediante un examen, ingenieros y arquitectos podrían obtener el título de DRO.
El objetivo de la medida era aumentar las instancias de control, pero abundan los casos de DRO deshonestos. Entre el año 2012 y el 2016, 51 de estos supervisores fueron sancionados por irregularidades: en una construcción donde siete trabajadores perdieron la vida en un accidente había un DRO encargado del control; otros habían autorizado la edificación de estructuras que sobrepasaban la altura permitida; y otro supuesto DRO había sido atrapado usando credenciales falsas.
Pese a todo eso, en 2016 la oficina del alcalde Ángel Mancera suspendió la legislación que permitía a los ministerios municipales sancionar a los DRO. Para sus críticos, esa suspensión demostró que su gobierno priorizaba el desarrollo antes que la seguridad. “Hemos construido esta ciudad según el capricho de los poderosos”, afirma MacGregor.
Nuevas construcciones sin medidas de seguridad
Que el edificio sea nuevo no garantiza que sea seguro. En el barrio de Portales, la empresa Canada Building Systems inauguró este año una torre “de última generación”, en el número 56 de la calle Zapata, con jardín en la terraza y paneles solares. El 19 de septiembre, la cuarta parte del edificio se derrumbó. Retorcidos, los paneles solares ahora cuelgan del techo de la estructura y unas escaleras exteriores se han desplomado. Dos mujeres perdieron la vida.
De acuerdo con los medios locales, el gobierno municipal de Benito Juárez dio luz verde al proyecto, pero el DRO que firmó el proyecto ya tenía una sanción encima y su permiso para trabajar caducado.
En Zacahuitzco, otro barrio de Benito Juárez, también se derrumbó el edificio de apartamentos ubicado en el número 90 de la calle Bretaña. Alitzy Judith Carrillo Quintero, de 19 años, murió en él. Más tarde, los vecinos dijeron que los seis pisos de la edificación habían sido construidos sobre una vivienda de dos plantas sin reforzar la cimentación. También, que la constructora no había utilizado los materiales adecuados.
En los dos casos el gobierno de Benito Juárez dijo que aplicaría todo el peso de la ley sobre las constructoras. Pero lo que no explicó fue por qué se le había concedido el certificado de habitabilidad al edificio de la calle Zapata en primer lugar. Las autoridades de Benito Juárez no quisieron hacer ningún comentario sobre esto.
Varios edificios de Cuauhtémoc tienen una historia similar. En el barrio Tránsito, un edificio de apartamentos de 11 pisos ubicado en el número 66 de la calle San Antonio Abad sufrió daños graves. Cada uno de sus 55 apartamentos había sido vendido por unos 72.000 euros. Los primeros residentes se habían mudado allí hacía menos de un año.
El jefe de la delegación de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, dijo a the Guardian que el edificio carecía del permiso para ser habitado y que la delegación entregaría toda la documentación necesaria a la fiscalía.
El edificio ya tiene el visto bueno para volver a ser habitado, pero muchos residentes se resisten a regresar a su hogar. La confianza en las inspecciones de seguridad ha caído ahora que se sabe que muchas de las reclamaciones anteriores al terremoto fueron ignoradas.
Una iniciativa ciudadana
Cuatro residentes de Ciudad de México han creado la plataforma online Salva Tu Casa para poner en contacto a residentes preocupados por la integridad estructural de sus viviendas con arquitectos e ingenieros.
El cofundador Alex Rojas dice que Salva Tu Casa tiene ya más de 12.000 edificios registrados. Para él, la escasa respuesta del gobierno es frustrante. “Construimos la plataforma de la noche a la mañana, entre un grupo de voluntarios”, dice Rojas. “Parece que ya está siendo más efectiva que los sistemas del gobierno”.
“Nos quitaron nuestro derecho a ser informados, a entender los riesgos y a tomar nuestras propias decisiones”, dice Acosta Olivares. “La gente no solo perdió su sustento. También perdimos vidas”.
Traducido por Francisco de Zárate
