Una investigación culpa a las élites hondureñas de los asesinatos de activistas
Importantes figuras políticas y magnates comerciales están implicados en la ola de violencia contra activistas medioambientales en Honduras. Así lo confirma una investigación llevada a cabo por la organización Global Witness, que asegura que las élites del país están utilizando métodos criminales para aterrorizar a las comunidades con total impunidad.
Al menos 123 activistas medioambientales han sido asesinados en Honduras desde que un golpe de Estado expulsó del poder al presidente Manuel Zelaya. Muchas de las víctimas han sido miembros de comunidades indígenas y rurales que se oponen a grandes proyectos en sus territorios.
El asesinato el año pasado de la activista indígena Berta Cáceres, que ganó el prestigioso galardón medioambiental Goldman en 2015, desencadenó una condena internacional, pero Honduras ha fracasado a la hora de poner fin al derramamiento de sangre.
A Cáceres la mataron a tiros después de años de amenazas de muerte y de persecución por parte del Estado. Las amenazas y la persecución fueron consecuencia de su campaña contra la presa hidroeléctrica Agua Zarca (que recibe financiación internacional) en el río Gualcarque, un lugar sagrado para el pueblo Lenca. Dos de sus compañeros han sido asesinados desde entonces.
La empresa privada Desarrollo Energéticos SA (Desa) recibió el proyecto de la presa sin que se consultase con ninguna comunidad. Los registros de la compañía que ha conseguido Global Witness sacan a la luz, por primera vez, que el consejo de administración de la compañía incluye importantes figuras de la política, militares y grandes empresarios.
El presidente de la compañía, Roberto David Castillo Mejía, es un antiguo oficial de inteligencia militar y empleado de la empresa energética estatal de Honduras. El informe asegura que Cáceres, antes de su muerte, dijo a Global Witness que Castillo le había ofrecido un soborno para que dejase de hacer campaña contra la presa.
El secretario de la compañía, Roberto Pacheco Reyes, es un antiguo ministro de Justicia; mientras que su vicepresidente, Jacobo Nicolás Atala Zablah, es presidente del banco hondureño BAC y miembro de una poderosa familia del mundo de los negocios.
Hasta el momento, siete personas fueron detenidas por su relación con el asesinato de Cáceres, incluidos dos empleados de Desa y también militares retirados o que siguen en activo. Pero la familia de la activista ha pedido en repetidas ocasiones que se busque a los autores intelectuales del asesinato.
El año pasado, una investigación realizada por the Guardian reveló que el nombre de Cáceres aparecía junto al de docenas de activistas en una lista militar que manejaban fuerzas especiales entrenadas por EEUU. Un portavoz de Desa aseguró que la compañía no estaba involucrada a ningún nivel en el asesinato de Cáceres.
Desde el golpe de 2009, la violencia ha aumentado de manera dramática, mientras que sucesivos gobiernos derechistas han hecho que proyectos nocivos para el medio ambiente (de minería, agroindustria y turismo) se hayan convertido en la piedra angular de la estrategia económica de crecimiento del país.
No se respetan los estudios medioambientales
Los controles medioambientales se han diluido o han sido directamente ignorados y se han otorgado cientos de concesiones. A pesar de esto, muchos de estos proyectos están siendo respaldados por importantes empresas financieras internacionales e instituciones como the International Finance Corporation y el Inter-American Development Bank.
Un informe titulado 'Honduras: el lugar más mortífero para defender el planeta' investigó cinco polémicos proyectos a los que se oponían las comunidades locales. Una de las denuncias más importantes es el conflicto de intereses que encarna Gladis Aurora López, líder del Partido Nacional de Honduras (ahora en el poder) y vicepresidenta del Congreso.
El marido de López controla el proyecto hidroeléctrico de Los Encinos en el oeste de Honduras, donde tres activistas indígenas fueron torturados y asesinados, y dos mujeres embarazadas fueron agredidas por un grupo de civiles y fuerzas estatales, provocando el aborto de una de ellas.
La licencias para Los Encinos y otras presas fueron otorgadas en 2010 cuando López era vicepresidenta del Congreso, a pesar de que es ilegal tanto para los miembros del Congreso como para sus cónyuges obtener contratos o concesiones del Estado. López y su marido han negado cualquier irregularidad. Arnold Castro dijo que, por respeto a la Constitución, su mujer “no participó en la sesión cuando se aprobó el contrato”.
El informe también destaca otro proyecto importante. Se trata de un proyecto de lujo, el hotel cinco estrellas Indura Beach y Golf Resort en el norte de la costa del Caribe. El informe detalla intentos de tomas ilegales de tierras y acusaciones penales falsas contra las familias indígenas Garifuna que viven al lado del resort.
Hoteles de lujo pagados por el Estado
La compañía que está detrás del resort, Desarrollo Turístico Bahía Tela (con inversores privados y estatales), también está implicada en uno de los mayores escándalos recientes del país: el robo de 350 millones de dólares (324 millones de euros) del Instituto Hondureño de Seguridad Social a través de una red de empresas fantasma que dejó a pacientes enfermos sin medicinas. Algunos de esos fondos corruptos fueron blanqueados a través del proyecto del hotel, según los documentos de la investigación penal oficial obtenidos por Global Witness.
Además, el proyecto del hotel recibió 20 millones de dólares (18,5 millones de euros) más procedentes de un consorcio regional de bancos liderado por el Banco Ficohsa, cuya división panameña está siendo investigada por blanqueo de capitales. El banco es propiedad del multimillonario Camilo Atala, un antiguo parlamentario y primo de Jacobo Atala (Desa).
El complejo hotelero se convirtió en parte de la Colección Curio de hoteles de lujo de Hilton en noviembre de 2016 después de presuntas irregularidades. No hay ningún indicio de que Hilton tuviera que ver con los hechos. Desarrollo Turístico Bahía de Tela no respondió a las acusaciones hechas por Global Witness.
“Los garifunas estamos siendo perseguidos por el gobierno para expulsarnos de nuestras tierras y para poder llevar a cabo su desarrollo turístico, que no beneficia a nuestras comunidades”, cuenta José Guzmán Niri, de la comunidad garifuna de Barra Vieja.
El informe señala que rara vez se realizan arrestos. La impunidad impera. Esto ha hecho que Honduras sea el país más peligroso del mundo para los defensores de la tierra y del medio ambiente.
“Nuestra investigación revela cómo las élites políticas y empresariales del país están utilizando la corrupción y actos criminales para sacar provecho económico de la riqueza natural del país. Para ello están consiguiendo el apoyo de las fuerzas estatales para aterrorizar y asesinar a las comunidades que se atreven a interponerse en su camino”, asegura Billy Kyte, de Global Witness.
A pesar de la indignación internacional creciente por la violencia, Honduras sigue recibiendo ayudas millonarias procedentes de EEUU. “Como el mayor donante, EEUU debería ayudar a poner fin a la sangrienta represión que vive la población rural. En su lugar, está financiando a las fuerzas estatales hondureñas, que son las que están detrás de los peores ataques”, concluye Kyte.
Traducido por Cristina Armunia Berges
