Las grandes empresas censuran las leyes homófobas de Mississipi y Carolina del Norte

Maldito Mississipi, cantó una vez Nina Simone. Sabes realmente cómo señalar a la gente. El Estado del sur ha recorrido un largo camino desde que encabezó la lucha por mantener la segregación racial. Pero esta semana ha escogido otro nuevo punto de mira, la comunidad LGTB. Aquellos que se oponen a los esfuerzos anti-LGTB no se van a dar por vencidos sin luchar y, esta vez, las empresas líderes se han posicionado en primera línea de fuego.

Las empresas tanto grandes como pequeñas, que en el pasado tenían miedo de provocar un escándalo político, están apoyando los derechos LGTB, y los estados que no los apoyan están por tanto perdiendo puestos de trabajo.

Tras la aprobación del proyecto de ley 1523 el pasado martes, Mississippi se convertirá pronto en el Estado que ofrece la menor protección a las personas gays, lesbianas y transgénero. Todo esto ha sucedido justo en el momento en el que 21 Estados, principalmente del sur, han aprobado leyes que ofrecen una clara contraofensiva a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo al permitir a las personas y empresas negar servicios en base a sus propias creencias religiosas.

Este manotazo a la legislación revela la clara separación que existe actualmente entre las legislaciones estatales de tendencia conservadora y las empresas, locales y nacionales, que ahora apoyan las campañas pro derechos civiles y piden la derogación de la ley.

El nuevo proyecto de ley permite a los individuos e instituciones denegar ciertos servicios por motivos religiosos en Mississipi. En Carolina del Norte permite el veto de las protecciones contra la discriminación que tienen que ver con la orientación sexual, exigiendo, por ejemplo, que las personas trans utilicen el baño correspondiente a su género al nacer en edificios públicos y escuelas. Las respuestas no han tardado en aparecer.

En Carolina del Norte, PayPal ha cancelado una inversión de 3,6 millones de dólares para un nuevo centro de operaciones que habría empleado a más de 400 personas. Nissan, la empresa que más empleos genera en Mississipi, reiteró rápidamente su apoyo a la comunidad LGTB y Duke Energy, la compañía eléctrica más grande del estado, ha mostrado su total oposición aunque no ha emitido una opinión clara sobre la ley en sí misma.

Los dueños de los comercios locales y los educadores avisan de que esta legislación podría dañar la competitividad del estado en cuanto a la atracción para los negocios y las inversiones. “Estos gilipollas hablan de mujeres y hombres gays utilizando el mismo lenguaje que utilizaban en los años 50 y 60 para apoyar la segregación”, dice el galardonado chef John Currence, dueño de varios restaurantes en Oxford, Mississipi. Alerta también de que la ley, conocida como la Ley de Servicios de Libertad Religiosa, podría hacer que muchas empresas cambiasen de estado.

“No puede ser más vil y retrógrada”

“Cuando la gente ve este tipo de políticas regresivas, afecta a la calidad de vida”, añade Currence. La nueva ley, apunta, “no puede ser más vil y retrógrada”.

Ivo Kamps, profesor de inglés de la Universidad de Mississipi, advierte de que la ley “afectará negativamente a nuestra capacidad para captar estudiantes y profesores”, aunque el rector de la universidad asegura que nada cambiará.

Pero, ¿en qué medida pueden afectar los líderes empresariales a los responsables políticos, sobre todo cuando los legisladores tratan temas de fe que implican un perjuicio escandaloso para los demás?

Legislaciones como 'el proyecto de ley de baños' de Carolina del Norte y la elaborada en Mississipi se han introducido con más frecuencia desde que el Tribunal Supremo legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo el año pasado. En la mayoría de los casos, las empresas han mostrado públicamente su desaprobación. Algunas veces, como por ejemplo en Georgia o Dakota del Norte, los gobernadores de los estados simplemente se han negado a firmar los estatutos dentro de la legislación.

El problema para Mississipi, dice Eric Fleming, desde la Unión Americana de Libertades Civiles, es que la ley agrava la controvertida imagen del estado. “Todavía tenemos la bandera de la Confederación incrustada en la bandera del Estado. Sumar esta legislación es hacer que Mississipi lo tenga todavía más difícil para vender lo que debería ser”.

Pero la reacción de las empresas, a nivel local y corporativa, apuesta por la vía de la diversidad y la tolerancia ahora que se considera un asunto clave. En 2014, cuando se introdujo por primera vez el proyecto de ley 1523 (que permite dejar sin servicio a las personas LGTB), C. Michell Moore, propietario de una panadería en Jackson, inició una campaña en Facebook: “Si vas a comprar, estaremos vendiendo”.

“No nos dieron elección. El gobernador dijo que lo hacía en nombre de los panaderos y los floristas para que no tuviéramos que formar parte en los matrimonios del mismo sexo”, explica. “Pero nunca preguntaron a la gente antes de actuar de esa forma. Así que lo primero que hicimos fue decir: No, usted no habla por nosotros”, añade. “Usted no tendrá éxito en un negocio si discrimina la sexualidad, de la misma manera que no tendrá éxito si discrimina a las personas por su color, su edad o su discapacidad”.

Las empresas, encargadas de contener los extremismos

Los académicos dicen que la legislación vigente, combinada con el proyecto de ley Ciudadanos Unidos de 2010, que otorgó a las empresas parte de los derechos ciudadanos, ha colocado a las corporaciones en la vanguardia de los esfuerzos para contener la propagación de la legislación de ideología extrema.

En Carolina del Norte, más de 130 empresas, incluyendo Bank of America, firmaron una carta instando a los legisladores a derogar en la próxima sesión legislativa la ley trans. “Las empresas tienden a ser seguidoras, pero una vez que hay consenso, van a dar el primer paso”, explica Peter Henning, profesor de derecho en la Universidad del estado de Wayne.

“Las corporaciones preferirían estar en silencio, pero no puede ser. El público, particularmente el público comprador, quiere saber dónde se posicionan las empresas. Los consumidores están politizados y prestan atención hasta tal punto que el posicionamiento de las empresas genera muchas expectativas”.

En líneas generales, continua Henning, las empresas preferirían no ver esto como parte de su campaña de marketing, pero lo es después de todo. “Las firmas preferirían ir por el cauce único del dinero, pero no pueden. Están en la mirilla de lo público y el público espera esto. Así que ahora tienen el derecho -o el pesar- de hablar sobre temas de interés público”.

Cada vez más, esta situación implica hablar antes de que se apruebe la legislación. La semana pasada, Dow Chemical, HP y Alcoa se unieron a los grupos pro derechos civiles para urgir a los legisladores de Tennessee a que abandonasen una legislación muy parecida a la de Carolina del Norte que, según algunas estimaciones, afecta a 10.000 estudiantes transgénero.

“Los empresarios saben que la discriminación es mala para los negocios y mala para Tennessee”, dice Chad Griffin, presidente de The Human Rights Campaign (HRC), una de las mayores asociaciones en defensa del colectivo LGTB de todo el país.

La ley permite las 'terapias de reconversión'

El proyecto de ley de Mississipi, que no entrará en vigor hasta el 31 de julio, va más allá de las reglas sobre los aseos. Además de permitir a las personas y a las organizaciones utilizar la religión para ejercer discriminación, la ley permite a los padres de niños LGTB someterlos a 'terapias de reconversión'. El estado también está autorizado a negar viviendas en base a creencias religiosas.

En el caso de que las empresas estén preparadas para actuar de manera política, todavía hay una división entre actuar de forma proactiva, como en Tennessee, o después de lo que suceda, como en Carolina del Norte, donde Bank of America se ha unido a HRC para intentar forzar la derogación de la ley que se conoce como HB2.

A medida que aumenta la presión sobre los legisladores -la semana pasada Hillary Clinton y Bernard Sanders se sumaron a las protestas- las empresas buscan subrayar su posición a favor de la diversidad.

Nissan, que emplea a 6.000 personas en su planta de Canton, presumió una puntuación perfecta en el índice de Igualdad Corporativa de HRC, una lista que verifica las normas de no discriminación. El portavoz de la compañía hizo hincapié en su patrocinio de los campeonatos de sóftbol homosexuales en Columbus -Ohio- y su creación de una alianza entre personas homosexules y heterosexuales dentro de la organización para sensibilizar a sus empleados en temas LGTB.

“Lo primero que sentimos es que necesitábamos ordenar nuestra propia casa”, explica Richard Ash, responsable de planificación de medios y estrategia de Nissan. Ash recuerda también la importancia de la autenticidad: “¿Estás aquí solo para vender un coche o tienes algo que decir de verdad? Cuando hablamos directamente de estas comunidades, que responden bien, tenemos que decir que son clientes fieles y les tenemos aprecio.

Esta idea tampoco se ha perdido en los competidores regionales. Los Estados están intentando robar negocios de sus rivales con legislaciones anti-LGTB. La semana pasada, Nueva York y Vermont prohibieron los viajes financiados por el Estado hacia Mississipi si no eran esenciales. En Connecticut, los legisladores se lanzaron sobre Bank of America para que mude su oficina central de Carolina del Norte a un Estado que sí que comparte valores. Hay dinero en los valores progresistas, y algunos de los estados del sur empiezan a darse cuenta.

Traducido por Cristina Armunia Berges