Trump quiere recortar la ayuda legal a millones de estadounidenses pobres
Los recortes propuestos en el primer borrador del presupuesto de Donald Trump a los servicios legales gratuitos podrían dejar a millones de estadounidenses sin la protección legal que tanto necesitan, advierten los activistas por el acceso igualitario a la justicia. Los afectados serían desde víctimas de violencia machista, personas discapacitadas y familias que se enfrentan a un desahucio, hasta veteranos de guerra en situación de vulnerabilidad.
Durante el fin de semana comenzó a circular un borrador del presupuesto de Trump que propone la eliminación de la Corporación de Servicios Legales (LSC, por sus siglas en inglés), que cuenta con un presupuesto anual de 357 millones de euros y ofrece asistencia legal a personas de bajos ingresos y en situación de vulnerabilidad en casos referentes a ayudas por discapacidad, ayudas por desastres naturales, abusos a personas de la tercera edad, salarios justos, acceso a sillas de ruedas, acceso a créditos para personas de bajos ingresos, desahucios ilegales, pensión alimenticia, estafas al consumidor, comidas escolares, prácticas de usura, y muchos otros.
El programa de asistencia legal, que representa una minúscula porción del presupuesto proyectado en 3,8 billones de euros, es uno de los pequeños pero importantes programas que eliminaría Trump, según el borrador del presupuesto. Otros son la Corporación de Radiodifusión Pública, Americorps (programa multifacético de servicio a la comunidad que abarca desde educación pública hasta medio ambiente) y La Dotación Nacional para las Artes y las Humanidades. Los críticos de estos recortes señalan que eliminar estos programas no reduciría el déficit pero sí significaría una amenaza a la calidad de vida de los más vulnerables.
Víctimas de violencia machista, desamparadas
Estos recortes en la asistencia legal llegan al mismo tiempo que el gobierno de Trump supuestamente suavizaría la aplicación de las leyes contra la violencia machista, las que protegen a los discapacitados y las que combaten la discriminación ante el acceso a la vivienda, con lo cual la demanda de estos servicios legales aumentaría, afirmó Rebecca Buckwalter-Poza, socia del Centro por el Progreso Americano, que ha escrito sobre el tema.
“Ya hemos recibido información de que recortarían las ayudas para casos de violencia machista, y esos son la mayoría de los casos que reciben asistencia legal gratuita”, dijo Buckwalter-Poza. “Sería un duro golpe, especialmente para las mujeres. Sería devastador.
“Y los más preocupante de la posibilidad de que el gobierno elimine la LSC es que al mismo tiempo el Ministerio de Justicia seguramente no va a hacer aplicar las leyes que desde el Estado complementan las acciones privadas, como la Ley de Vivienda Justa o la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. O sea, por un lado el gobierno no ejecutará las leyes de protección de los más vulnerables, y por otro habrá menos opciones de asistencia legal gratuita”.
Linda Klein, presidenta del Colegio de Abogados de Estados Unidos, dijo que la Corporación de Servicios Legales aseguraba “el acceso a la justicia para todos, que es la idea fundacional de nuestra independencia”.
“Los valores fundamentales de nuestro país se reflejan en el trabajo de la LSC al promover el acceso a la vivienda para los veteranos de guerra, al proteger a los ancianos contra las estafas, al llevar asistencia legal a zonas rurales donde no la hay, al proteger a las mujeres que sufren violencia machista, al ayudar a los sobrevivientes de desastres naturales a salir adelante, entre otros casos”, afirma Klein en un comunicado. “Treinta estudios de costo-beneficio han concluido que son mucho mayores los beneficios de la asistencia legal a los más vulnerables en comunidades de todo el país, que su coste”.
La Corporación de Servicios Legales fue creada a través de una ley de 1974 firmada por Richard Nixon que reconocía la “necesidad de ofrecer acceso igualitario al sistema de justicia en todo el país”. Se calcula que la LSC ayudó a 1,8 millones de personas en 2013, de las cuales el 70% eran mujeres que vivían cerca o bajo la línea de pobreza. Pero los estudios también indican que las oficinas de asistencia legal gratuita rechazan por falta de recursos al 50% de las personas que requieren estos servicios.
Más dinero a las fronteras
El presupuesto propuesto por Trump no es todo, ni mayormente, recortes. Se supo este martes que el Presidente dio orden al Departamento de Seguridad Interior de contratar a 10.000 nuevos agentes de inmigraciones y aduanas. Trump se ha comprometido a construir un muro en la frontera con México que podría costar miles de millones de euros y además ha prometido aumentar el gasto militar.
El director de presupuesto recién nombrado por Trump, Mick Mulvaney, apoyó en dos ocasiones, mientras era diputado por Carolina del Sur, proyectos de leyes para eliminar la Corporación de Servicios Legales. Mulvaney le dijo esta semana a un periódico del estado donde reside que está a punto de convertirse en “el hombre más odiado de Washington”.
Los republicanos, desde la época de Ronald Reagan, se han opuesto a financiar la Corporación de Servicios Legales y otros servicios similares con el argumento de que no es responsabilidad del Estado pagarle asistencia legal a nadie. Sin embargo, como ilustró un caso judicial de 1973 contra Donald Trump y su empresa inmobiliaria, los procesos judiciales pueden ser esenciales para proteger las libertades de los ciudadanos de las conductas objetables.
“Estas son cuestiones obviamente importantes, relacionadas al sustento y a problemas cotidianos de personas que no pueden pagar un abogado por sus propios medios”, señaló Buckwalter-Poza.
Traducción de Lucía Balducci
