Los vecinos de un barrio de EEUU se organizan contra los controles migratorios

Todas las fiestas en casa de Olivia Ponce acaban con la gente hablando sobre qué hacer si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) toca a la puerta.

Puede que para algunos sea un tema oscuro, pero Ponce –que está en situación irregular– se enorgullece de que cuando se reúne con sus amigos inevitablemente hablen de su derecho a permanecer en silencio y la importancia de no abrir la puerta cuando los agentes de Inmigración llegan a sus casas.

“Es divertido porque de pronto todo el mundo presta atención”, le dijo Ponce, de 43 años, a The Guardian. Su hija de 24 años, Olivia Vasquez, suspira con una expresión mezcla de orgullo y exasperación: “Siempre se convierte en una fiesta sobre derechos de los migrantes”.

Madre e hija son parte de los cientos de miles, sino millones, de migrantes en Estados Unidos que ahora saben cómo responder si el ICE llega a su casa, a su lugar de trabajo o a la escuela de los niños.

Hasta ahora, Donald Trump ha deportado a menos personas que las que deportó Obama en 2010 y 2011. Pero la retórica contra la migración del presidente y el fin del criterio del ICE de priorizar a delincuentes a la hora de deportar, para pasar a buscar a todos los migrantes no documentados, ha hecho que estas comunidades y sus aliados luchen con más fuerza que nunca.

El grupo por los derechos de los migrantes coreanos y asiáticos, el Consorcio de Educación y Servicio Nacional Coreano Estadounidense (NAKASEC, por sus siglas en inglés), lanzó el año pasado una aplicación para informar sobre los derechos de los migrantes. El Centro de Recursos Legales para los migrantes tiene una plantilla para imprimir tarjetas con información básica sobre derechos en árabe, chino, inglés, lengua miao, coreano, español y vietnamita. En Mineápolis, los coches de la policía llevan tarjetas con información sobre derechos en español e inglés.

Y aquí en Filadelfia, donde está una de las oficinas del ICE más agresivas del país, el grupo defensor de los migrantes Juntos ha delimitado un área de 11,7 kilómetros cuadrados como “zona de resistencia comunitaria”, en la que los vecinos están entrenados para resistir ante el ICE.

Este barrio al sur de Filadelfia es una mezcolanza de migrantes y burgueses. En uno de los límites de la zona de resistencia encontramos restaurantes vietnamitas, en otro cafeterías italianas y en el medio está lleno de taquerías mexicanas.

En las oficinas principales de Juntos, que están dentro de un centro comercial lleno de comercios montados por migrantes procedentes del sudeste asiático, hay un mapa gigante donde se marcan las redadas más recientes o los sitios donde ICE hace controles de coches.

Para lanzar la zona de resistencia, en noviembre de 2017, voluntarios de Juntos llamaron a la puerta de 2.500 hogares en dos días. En cada puerta, los voluntarios les informaban a los vecinos de sus derechos y les invitaban a participar de los cursos de Juntos, donde se enseña a la gente pautas sobre sus derechos y sobre cómo compartir esa información.

Más de 1.300 personas recibieron entrenamiento ese fin de semana y 500 familias se apuntaron a los cursos.

¿Cómo extender la idea?

Este verano, el programa de Juntos se extendió por todo el estado de Pensilvania, ya que los voluntarios viajaron a otras ciudades, como Harrisburg y Pittsburgh, a enseñar a los vecinos cómo crear más zonas de resistencia comunitaria. Para los activistas por los derechos civiles es esencial extender los programas por fuera de los centros urbanos.

“Eso es lo que nos da esperanzas al hacer este trabajo”, afirmó Marissa Piña Rodríguez, una organizadora comunitaria de Juntos que vive en la zona de resistencia. “Nos damos cuenta de que la gente de todo el estado está intentando luchar. En diferentes ciudades, vemos el deseo y el interés en organizarse”.

Ese mismo deseo hizo que Witness, un grupo internacional por los derechos humanos, se involucrara en el entrenamiento de migrantes en todo Estados Unidos.

Antes de que fuera elegido Trump, Witness ayudaba a activistas y a ciudadanos de todo el mundo a utilizar la tecnología para proteger sus derechos, principalmente a través del registro de incidentes en vídeo o en fotos. Tras las elecciones de 2016, comunidades de migrantes le pidieron ayuda a la oficina estadounidense de Witness para defenderse del ICE, lo cual llevó a que la organización ofreciera sesiones de formación de su programa Ojos sobre el ICE por todo el país.

Palika Makam, coordinadora del programa estadounidense de Witness, aseguró que es importante que estos recursos sean accesibles porque el registro de imágenes puede ser muy importante en los casos migratorios.

“Una de mejores formas de enfrentarse a un juicio de deportación, de solicitar asilo o de poder quedarse en el país es saber qué es lo que sucede cuando el ICE toca a tu puerta o cuando el ICE intenta arrestarte”, dijo Makam. “La mayoría de las veces el ICE viola su propio reglamento o alguna ley constitucional”.

Grupos de activistas locales utilizan los vídeos que Witness le enseña a la gente a grabar para mostrar cómo es realmente una operación del ICE, porque los operativos son secretos y los agentes llevan uniformes que ocultan su pertenencia a la agencia. “Gente con la que hemos hablado nos dice que ni siquiera sabían que les estaba arrestando el ICE hasta que llegaron al centro de procesamiento”, explica Makam.

Makam afirma que los cursos para aprender a registrar operaciones del ICE son populares en muchas comunidades de migrantes, de diferentes generaciones y género. Este verano, ella llevó el curso a tres pequeñas comunidades de la frontera de Texas. “La mayoría de las personas que hicieron el curso tenía más de 60 años, eran 'tías' y 'abuelas' (en el texto original escrito en castellano)”, dijo Makam.

En Juntos, Piña Rodriguez también asegura que los cursos los realizan principalmente mujeres. Este verano, el entrenamiento de Ponce se puso a prueba cuando recibió una llamada telefónica mientras cenaba con su hija y unos amigos. La llamada era de una amiga de Ponce, que le dijo que acababa de ser detenida por un coche de la policía estatal al salir de un sitio de acampada. La policía estaba interrogando a los pasajeros del coche sobre su situación legal.

La amiga de Ponce puso la llamada en altavoz para que madre e hija pudieran oír al agente preguntar “¿De dónde sois? ¿Dónde están vuestros documentos?”. Juntas, madre e hija le explicaron a la mujer sus derechos. Luego, la persona que hablaba mejor inglés en el coche, una joven de 16 años, se los repitió al agente.

“Es esos momentos, te da miedo, pero sabes qué hacer y puedes pasar a la acción”, dijo Ponce. Una persona del coche fue detenida, pero el resto quedaron en libertad.

Hace diez años, Ponce nunca habría formado parte de un movimiento de resistencia. Ella llegó a Estados Unidos en 2001 desde Puebla (México), después de pasar un mes cruzando el desierto a pie. Durante cuatro años, Ponce ahorró dinero para que su hija también pudiera cruzar.

Su hija Olivia era una adolescente que no sabía cómo ir al instituto sin documentos y encontró a Juntos cuando buscaba desesperadamente información. Vasquez ahora está protegida por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que ampara a migrantes en situación irregular que llegaron al país siendo niños, y también trabaja en Juntos.

Luego, Vasquez llevó a su madre a las reuniones.

Al principio, Ponce no estaba segura de asistir, pero Vasquez afirma que ahora su madre es la más comprometida de las dos, y no se pierde ninguna reunión, manifestación o mitin. Ponce dijo: “Es muy importante que todas las comunidades estemos unidas, especialmente con este gobierno que nos ataca”.

Traducido por Lucía Balducci