Guaridas de piratas
Al igual que desde el siglo XVI en muchas islas del Pacífico y Caribe se establecieron puertos seguros para piratas, gracias a las investigaciones de un consorcio de periodistas y personas implicadas en la justicia fiscal, hace un año que tenemos constancia de una nueva guarida para los nuevos piratas del siglo XXI: Panamá. Un puerto seguro en el que tras una compleja red de empresas ficticias creadas para la evasión tributaria empresas y personas de relevancia del ámbito internacional ponen a buen recaudo el dinero que esquilman al resto.
Pese a las promesas de los líderes europeos para acabar con los paraísos fiscales y con el secreto fiscal de las grandes corporaciones, poco o nada se ha hecho para acabar con estas prácticas que permiten la transferencia legal de activos a santuarios en los que sus fortunas no pagan lo que justamente les corresponde a las autoridades tributarias nacionales. Y mientras las personas que manejan esas corporaciones y esas grandes fortunas siguen evitando pagar, los trabajadores y trabajadoras de Europa siguen sufriendo los rigores de las políticas de recorte, tanto en forma de subidas de los impuestos menos progresivos (como el IVA), como en forma de recortes de servicios. Y todo ello bajo el argumento de la falta de dinero con que costearlos o la necesidad de recortar derechos para favorecer el crecimiento económico.
La codicia corporativa sigue pasando desapercibida a ojos de los que pueden y deben regular y exigir cumplir la ley. Entre otras cosas –tal vez– porque hemos visto que alguno de estos políticos utilizan cuando menos inmoralmente estos paraísos.
Desde hace mucho organizaciones sindicales y sociales vienen denunciando lo falaz del argumento de que vivimos por encima de nuestras posibilidades (y de que la mayoría de estos evasores viven muy por encima de las suyas y de las nuestras). Falso también el argumento de que no hay dinero: jamás fue el mundo tan rico. Jamás los ricos acumularon tanto. Sencillamente la riqueza sigue mal repartida. Y esto se debe en gran medida a que hay muchos que no pagan lo que deben, que abusan y deshonran las sociedades en las que viven y se enriquecen, escaqueando con absoluta deslealtad su contribución al sostenimiento y desarrollo de las mismas.
Así, mientras que los responsables políticos de la derecha española dicen que no nos podemos permitir crear una prestación de ingresos mínimos para personas en desempleo que no tengan recursos (como propone UGT y CCOO) porque no podemos pagarla o porque puede fomentar el fraude, se muestran mucho más tibios y menos preocupados del crimen cuando la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), creada en 2013 para perseguir la evasión fiscal de las grandes corporaciones, afloró con sus inspecciones 2.600 millones en 2015 y 3.700 millones en 2016.
La Unión General de Trabajadores, como la Confederación Europea de Sindicatos (CES), considera que el paquete de lucha contra la evasión fiscal puesto en marcha por la Comisión Europea el año pasado camina con lentitud y tiene carencias muy relevantes. El Parlamento Europeo considera que la UE pierde anualmente alrededor de 70.000 millones de euros en ingresos fiscales debido a las prácticas de evasión fiscal, lo que representa algo más del 16% de la inversión pública de la Unión. Una cifra a la que, si se le suma la elusión fiscal, daría para políticas muy necesarias. Por ejemplo, dotar a las autoridades tributarias de las herramientas y personal necesario para luchar contra ellas. Varios estudios de nuestras organizaciones sindicales ponen de manifiesto la vergonzante relación existente entre la disminución de las plantillas en las agencias tributarias y el aumento del gran fraude.
Necesitamos también mucha más transparencia sobre la realidad fiscal de las grandes corporaciones y las grandes fortunas. Bienvenidas son las nuevas exigencias europeas sobre la contabilidad fiscal de las empresas. No siendo suficientes, son un buen paso. Como también lo sería el que los y las consumidoras tomásemos conciencia de las actuaciones fiscales de algunas de nuestras empresas más significativas que, según un reciente informe de Oxfam, han aumentado significativamente sus operaciones en paraísos fiscales (al tiempo que prevarican el empleo).
Es una cuestión de justicia el que todas y todos combatamos la condescendencia con las que se consienten las prácticas desleales y antisociales de quienes tienen dinero. Ninguna actividad empresarial o financiera es posible sin personas, sin sociedades; por tanto, ninguna actividad empresarial o financiera puede considerarse ajena, exenta, por encima de esas sociedades que permiten su existencia. Cualquier práctica en ese sentido tiene que pasar a ser reprobada, ilegalizada, y combatida con toda contundencia.
Con ese objetivo, el Foro Social Mundial de 2016 decidió convocar un día de acción global contra los paraísos fiscales el 3 de abril de 2017, coincidiendo con el primer aniversario de los Papeles de Panamá. UGT, como miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal, se une a otras muchas organizaciones y convoca movilizaciones en varios lugares de España, y anima a la participación de todas y todos. ¡Basta ya de codicia corporativa! ¡Acabemos con los paraísos fiscales!
