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Nadie sabía nada en el PP de Madrid

Miguel Ongil

Diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid —

En la reciente comparecencia de Esperanza Aguirre ante la comisión de investigación de la corrupción en la Asamblea de Madrid hemos vuelto a escuchar con estupor, “que no le consta” la financiación ilegal del PP. Tras las evidencias sobre el caso caso Fundescam que mostró Ramón Espinar en su intervención, siguió negando cualquier tipo de responsabilidad política. Más bien al contrario, ya que como veremos más adelante han proseguido una exitosa carrera política.

El caso Fundescam se encuentra integrado dentro del sumario de la Gürtel y como se dio a conocer es muy representativa de las formas que hemos visto en películas de mafiosos. Pablo Crespo, uno de los cabecillas de la Gürtel, harto de reclamar las deudas que el PP tenía pendientes, comenzó interponiendo una demanda judicial y posteriormente envió un documento muy esclarecedor que se encontró dentro del pendrive del contable de trama. A modo de chantaje, les recordaba el total de la deuda de facturas con un doble concepto, el facturado y el real, correspondiente este último a facturas de actos electorales no incluidos en la contabilidad electoral del PP.

Posiblemente Fundescam sea el ejemplo más claro de campañas electorales financiadas ilegalmente por prominentes empresarios y contratistas de la Administración pública. Estas donaciones estaban firmadas por Beltrán Gutiérrez Moliner, gerente del PP de Madrid, que ha vuelto a saltar a la actualidad implicado también en la presunta financiación ilegal del PP de Madrid a través de aportaciones de 1,8 millones de euros de Javier López Madrid, yerno de Villar Mir y directivo de OHL. Gutiérrez Moliner acabó dimitiendo por estar implicado en las tarjetas black, aunque eso sí, fue reincorporado al día siguiente en el PP de Madrid de Esperanza Aguirre. También Cristina Cifuentes mantiene a Gutiérrez Moliner en su puesto, pese a las promesas de limpieza tras haber asumido la gestora del PP de Madrid.

Todos estos hechos y documentos han sido confirmados tanto por un informe de la Guardia Civil (UCO) y otro de Anticorrupción que probaban la financiación ilegal de las campañas autonómicas de 2003 (las dos: las autonómicas y la repetición que provocó el 'Tamayazo') y las elecciones europeas de 2004. ¿Cómo puede ser entonces que este caso haya pasado desapercibido, cuando supone una de las mayores irregularidades democráticas? En realidad, es fácil de entender por qué no se quiere hablar de este tema; entre las personas que firmaron las cuentas de 2003 y 2004 señaladas por Correa se encuentran:

Pio García- Escudero: presidente del Senado y a la sazón presidente del PP de Madrid

Esperanza Aguirre: expresidenta de la Comunidad de Madrid y actual concejala de Madrid

Ignacio González: expresidente de la Comunidad de Madrid

Francisco Granados: exvicepresidente de la Comunidad de Madrid en prisión preventiva por el 'caso Púnica'

Cristina Cifuentes: la actual presidenta de la Comunidad de Madrid

Beltrán Gutiérrez Moliner: el gerente del PP era apoderado de Fundescam y firmó los recibís de las donaciones. Tuvo que dimitir por el escándalo de las tarjetas black y que fue reincorporado en el PP de Madrid al día siguiente por Esperanza Aguirre e implicado por presunta financiación ilegal dentro del 'caso Púnica'

Juan José Güemes: exconsejero de Sanidad imputado por lucrarse en la privatización de la Sanidad madrileña

Ana Botella: exalcaldesa de Madrid y mujer de José María Aznar

Antonio Bateta: secretario de Estado de Administraciones Públicas

Ana Isabel Mariño: senadora por designación autonómica de Madrid y exconsejera de la Comunidad de Madrid

José María Cepeda: exalcalde de Aranjuez, condenado a 6 años de inhabilitación

Bartolomé González, Gádor Ongil: diputados de la Asamblea de Madrid

Fermín Santiago Lucas: director General de IFEMA

Miguel Ángel Villanueva: concejal que tuvo que dimitir por el Madrid Arena y fichó por Cofely

Parte del descrédito de las instituciones se debe a la percepción de impunidad de la corrupción política. A la vista de la lista de personalidades, parece que se promociona a aquellos que saben guardar silencio, antes que exigirles responsabilidades. Es precisamente por este motivo que, aunque el resto de grupos de la Asamblea de Madrid no nos estén apoyando, estamos luchando en la comisión de investigación de la corrupción por abordar la trama 'Gürtel', pues estas comisiones deben servir para depurar responsabilidades políticas y proponer mejoras legislativas que impidan que este tipo de hechos se repitan, acabando con la impunidad. De hecho, las propuestas legislativas que ha impulsado en la última legislatura han ido en la dirección contraria, implementado la prescripción por infracciones en la financiación y eliminando el límite de donaciones a fundaciones de partidos políticos.

Podemos entender que el PP obstaculice con todos sus medios la comisión de investigación, pero la ciudadanía no podría entender que Ciudadanos y PSOE no muestren interés en investigar este caso. Más grave es el caso de Ciudadanos, si con su única exigencia de dimisiones en caso de que haya imputados legitima la teoría popular de que son “casos aislados”, mientras sigue sosteniendo un gobierno corrupto que ha llegado al poder en Madrid con campañas financiadas ilegalmente, gobierno de un partido que está en sí mismo imputado.

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