Política económica y social para España: hay alternativa
En 2017, por tercer año consecutivo, la economía española crecerá por encima del 3% y creará unos 500.000 nuevos puestos de trabajo. De este modo, recuperará el nivel de PIB previo a la crisis. Se trata de un desempeño notable.
La pregunta es: entonces ¿por qué en la reciente encuesta del CIS el PP baja en casi 3 puntos en intención de voto? ¿Se debe a que sus proclamados éxitos económicos no han podido compensar por la pérdida de legitimidad relacionada con la corrupción porque no son lo suficientemente convincentes a los ojos de millones de ciudadanos? Creo que ése es el caso, por tres razones:
1. En gran parte, la recuperación económica no es mérito del gobierno del PP sino de factores externos y transitorios, y por ello no automáticamente atribuibles al buen hacer del gobierno. Según estimaciones del Banco de España, esos componentes externos explicarían dos terceras partes del crecimiento del PIB del pasado año. Son los siguientes: el abaratamiento del precio petróleo aportó 1,1 puntos al crecimiento del PIB del periodo 2014-2016 (0,6% a la zona euro); la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo y la depreciación consiguiente del euro han impulsado el PIB español en 1,7 puntos (1,5% en la UEM); la rebaja fiscal electoralista del 2015 aportó un 0,8%. Añadamos que los riesgos geopolíticos percibidos respecto a Turquía y Francia, y en parte a Egipto y Túnez, han beneficiado a España con unos excepcionales resultados turísticos en los dos últimos años. Pero, una vez más, se trata de un factor externo y, probablemente, bastante temporal.
2. El crecimiento económico bajo el gobierno del PP, después de tres años de recuperación, no se está filtrando hacia la mayoría, sino que convive con la desigualdad y la pobreza. El empleo que se está creando es de muy baja calidad, revalida un modelo de bajos salarios y actúa como cortafuegos que previene que la mejoría se note en toda la sociedad. Los datos estadísticos en este terreno son abundantes y evidentes: en los últimos diez años, la remuneración de los asalariados se ha incrementado un 5,2%, mientras que los beneficios empresariales distribuidos han crecido un 48,6%; los salarios del 40% de los trabajadores no han experimentado mejoras, y para los más pobres (el 10% de la población con menores sueldos) cayeron un 25% (periodo 2006-2013); el 92% de los contratos que se crean son temporales y la tasa de temporalidad se aproxima ya al 27%; cada vez hay más contratos a tiempo parcial (15%) pero el 60% de los que lo tienen desearían trabajar a tiempo completo. Por otra parte, la pobreza no tiene visos de desaparecer: la pobreza relativa ha aumentado del 20,8% al 22,3% en el periodo 2012-2016. La pobreza amenaza hoy más a los jóvenes de 16 a 29 años: su tasa de exclusión social ha pasado del 22,8% en 2008 al 37,6% en 2016, y la de riesgo de pobreza del 18,1% al 29,6%. Y mientras todo esto ocurre, el 1% de los más ricos en España ha pasado de poseer el 17% de la riqueza total al 20% (2011-2014).
Creo que el gobierno del PP comienza a darse cuenta de que algo hay que hacer. Pero no basta con invocaciones a la conveniencia de salarios más altos si esto no va acompañado de fuertes correcciones políticas, que no será capaz de acometer porque equivaldrían a negar toda su política anterior, como por ejemplo derogar su propia reforma laboral para hacer posible un mayor poder de negociación de los trabajadores- que es la condición crucial para la implantación de un nuevo modelo salarial en España.
3. Incluso desde un punto de vista de estricta racionalidad económica, el gobierno del PP no muestra preocupación ni previsiones razonables frente a las vulnerabilidades que presenta nuestra economía: es un gobierno carente de visión y de capacidad de hacer planes para cimentar sólidamente el presente y el futuro económico y social de España. Los puntos débiles a los que no hace frente son cinco:
– Deuda: en un país cuyo sector público, empresarial y de familias está aun fuertemente endeudado, no se adivina ningún plan de contingencia para hacer frente al horizonte cada día más cierto y cercano del fin de las políticas monetarias expansivas en Europa y las consiguientes subidas de los tipos de interés, que serán particularmente problemáticas para la deuda de las empresas y de las familias, amén de colocar una pesada losa a medio plazo para una deuda pública que no desciende.
– Consumo: el crecimiento del consumo en España se está realizando en parte a costa del ahorro de las familias (tasa de ahorro familiar del 7,2% y descendiendo, frente al 12,29% en la eurozona). Es evidente que si la situación persiste puede ocasionar una debilidad crónica del consumo y, en consecuencia del crecimiento.
– Ingresos y gastos públicos: los problemas de déficit (y más en general presupuestarios) de la economía española cuando se la compara con nuestros socios europeos, no provienen de que haya un gasto excesivo, sino de una insuficiencia manifiesta de ingresos fiscales. Nuestras administraciones públicas recaudan unos 8,3 puntos de PIB menos que el promedio del área euro. Para asegurar los servicios públicos de bienestar y apuntalar sobre bases sólidas el progreso económico en España, necesitamos una reforma fiscal que, sin lesionar los intereses de las clases medias y trabajadoras, ensanche la base tributaria y nos acerque a la realidad fiscal europea.
– Transición ecológica: el cambio climático está ocurriendo ya. La adaptación al mismo y su reversión deberían ocupar un lugar preferente en las políticas económicas, con soluciones al problema de un futuro cierto de escasez de agua en España, a la necesidad de una transición energética acelerada y basada en las energías renovables, al rediseño de la movilidad y del hábitat urbanos. Sin embargo ninguna de estas cuestiones están en el centro de la agenda del gobierno del PP. Muy al contrario, sus políticas se caracterizan, como en el caso del sector energético, por defender los obstáculos a esa transición.
– Competitividad: la capacidad de una economía avanzada para competir no se puede basar en la reducción de costes laborales. La competitividad depende de la inversión en innovación, de la existencia de una política industrial eficaz que consiga diversificar nuestra estructura productiva, y del aumento de la productividad –y en consecuencia del tamaño– de nuestras empresas. Todos estos aspectos marcan políticas centrales que están ausentes en el gobierno del PP.
En resumen, el margen de mejora para el progreso económico de España es enorme. Pero solamente podrá desarrollarse en el marco de una política económica alternativa, que ponga fin a la falta de visión, y a la ausencia de políticas de integración social y de modernización productiva que caracterizan al gobierno del PP.
