Por una gestión de la inmigración regular que respete los Derechos Humanos
La inmigración del siglo XXI ha de considerase una realidad social estructural y no coyuntural, y con los flujos migratorios tan creciente en tan poco tiempo podría ser comparable a la revolución de las nuevas tecnologías.
Con las desigualdades sociales, económicas y políticas de desarrollo existentes entre los países llamados ricos del Norte y los empobrecidos del Sur, la actual inmigración que conocen Estados Unidos y los países europeos irá en aumento. La fallida primavera árabe en Libia, las guerras en Mali, República Democrática del Congo, Eritrea y la caótica y alarmante situación de Siria hacen que los movimientos migratorios se hayan incrementado y afecten de lleno a Grecia, Italia y con pocas llegadas de inmigrantes a España.
Nuestro país, que en 2006 vivió las llegadas continuadas de cayucos y pateras con más de 32.000 inmigrantes, y con ciertas dificultades iniciales en la gestión, supo controlar el desafío mientras media Europa miraba para otro lado. El gobierno del Partido Socialista, en concierto con las comunidades autónomas más afectadas (Canarias, Andalucía, Extremadura) y con los agentes sociales, la guardia civil y las ONG puso en marcha unos protocolos de actuación con salvamento marítimo, la atención a pie de playa y activó una verdadera política de cooperación al desarrollo con los países de África occidental, incluida la creación de un centro de atención e información a inmigrantes en Mali, la instalación de embajada en Mali, acuerdos con Gambia, Senegal, Mauritania...
Aquellas políticas paliaron el efecto huida y efecto hambre y, paulatinamente, fueron decreciendo las llegadas de cayucos y pateras y las muertes en el Atlántico. Sin embargo, el partido popular se apresuró a denominar y calificarlo de efecto llamada, haciendo de las personas inmigrantes que huían de las guerras y el hambre su chivo expiatorio.
España, con su pasado de país emigrante de los 60 y las drásticas políticas de recortes y nefasta ley laboral del Gobierno del PP que tanta precariedad, desempleo y falta de expectativas de toda una generación bien formada ha generado, vuelve a convertirse en un país emisor de inmigrantes con más de 2.000.000 de españoles en el extranjero.
El PP no sólo reformó y endureció la Ley de extranjería, sino que también en lo que respeta a las políticas de participación ciudadana (integración) -que los socialistas entendemos como un proceso bidireccional de adaptación mutua que requiere la participación activa de toda la ciudadanía- su desarrollo sigue siendo insignificantes para los inmigrantes, incluso en situación administrativa regular.
En algunas comunidades, con la excusa de crisis económica y con fines partidistas, han carecido de políticas de participación ciudadana en materia de vivienda, educación, sanidad… llegando a veces a ser inexistentes.
La única alternativa al gobierno del Partido Popular es el Partido Socialista Obrero Español; por su capacidad de gobierno ya demostrada, por su compromiso con las personas más desfavorecidas y por su voluntad de volver a la senda de la Ley de extranjería 4/2000, la ley más social que nos permitió a las personas migrantes disfrutar de la aplicación de los derechos básicos, entre ellos la sanidad pública universal.
Nuestro gobierno impulsará la política común europea de asilo e inmigración y elaborará un informe marco sobre inmigración, protección internacional y cooperación que nos permita analizar y orientar la política migratoria exterior española y presentar iniciativas dirigidas a la Unión Europea. El reto es común y se ha demostrado imprescindible para un tratamiento adecuado a la dimensión global del fenómeno.
Recuperar la estrategia de cooperación migratoria bilateral con los países de origen y tránsito de los flujos migratorios abandonada en la última legislatura. Ese es nuestro reto y nuestro compromiso.
