Por un gran acuerdo de país
No, el actual Congreso de los diputados no imposibilita la gobernabilidad. El actual Congreso de los diputados es el que más se parece al país en mucho tiempo (salvo por la inaceptable infrarrepresentación del casi millón de votantes de IU). El actual Congreso de los diputados permite la gobernabilidad con una única condición: que la gobernabilidad deje de ser como hasta ahora.
Estamos, quiérase o no, ante un momento constituyente que va mucho más allá de la mera aritmética procesal. Las bases políticas, sociales, territoriales e institucionales de las últimas cuatro décadas han colapsado. Y la construcción de unas nuevas bases precisarían fuera como fuera un amplio diálogo. Por eso este Congreso de los diputados no sólo permite la gobernabilidad sino que es magnífico para conseguirla con una única condición: que estemos todos a la altura de la Historia y pensemos más en España que en quién ocupe la Moncloa.
La cuestión hoy no es quién sea el presidente o la presidenta del Gobierno. Eso sería cerrar en falso el proceso político del último lustro y garantizarse una quiebra aún mayor a la cual deberían tener más miedo quienes menos quieren cambiar el país. Quién presida el próximo gobierno será muy fácil de resolver si se establecen las líneas sobre las que construir el nuevo país. Ese podrá ser un acuerdo estable no sólo para una legislatura duradera sino para el próximo ciclo histórico.
Un acuerdo de país tiene que resolver nuestras tres grandes crisis: la crisis democrática, la crisis social y la crisis territorial.
La crisis democrática tiene que ver con la representatividad y con la corrupción. La pluralidad política de España es una riqueza a mantener. El país es complejo políticamente y que en esta ocasión tan anómala sólo IU haya sido castigada con dureza por la ley electoral no aminora el déficit democrático ni garantiza que en el futuro no vuelva a haber una distorsión tan fuerte. Desde tiempos de Zapatero hay un dictamen del Consejo de Estado que muestra una reforma de la ley electoral sencilla que sirve, hasta que cambie la Constitución, para que los próximos parlamentos sigan siendo representativos y obliguen al diálogo, al parlamentarismo. La corrupción (que también es causa de la crisis social) exige compromisos contundentes que pasan por el fin de las puertas giratorias, las medidas para controlar la detalle la financiación de los partidos y sus fundaciones, la investigación a fondo del saqueo de estos años y la reforma judicial para democratizar la Justicia evitando que sea apropiada por los partidos políticos pero tampoco por estructuras no representativas de la soberanía popular. Obviamente la lucha contra la corrupción afecta a la investidura pues parece evidente que nadie que aparezca en la contabilidad B de un partido como cobrador de sobresueldos que canalizaban los sobornos de los constructores puede ser presidente del Gobierno.
La crisis social pasa por dar la vuelta a la manera en que se afrontó la crisis. Para ello aparece una medida como supuestamente muy mayoritaria: en las últimas semanas de campaña PSOE y Ciudadanos decían haber hecho suya la propuesta de Podemos de constitucionalizar la garantía de los derechos sociales al nivel de cualquier otro derecho. Si eso no era pura palabrería electoralista seguro que se puede llegar a un acuerdo. Esa garantía supondría dar la vuelta a la política económica para que “cuadrar las cuentas” sea no dejar a nadie en la cuneta. Si PSOE y Ciudadanos siguen defendiendo lo que dijeron en el tramo final de campaña, no habrá dificultad.
La crisis territorial no es tampoco sencilla de resolver, pero no hay solución al país que no resuelva la crisis territorial. Obviamente toda solución pasa por un acomodo de las poblaciones de las naciones históricas: seguir dando la espalda sólo acrecentará la brecha hasta hacerla irreversible. Es muy significativo que tanto en Cataluña como en Euskadi los partidos más votados no hayan sido nacionalistas de ningún signo ni independentistas ni inmovilistas sino Podemos (En Comú Podem en Cataluña) que ha defendido la unidad mediante la libertad y la democracia, mediante un referendo en el que pediría que no haya independencia. Es el primer signo en muchos años de que hay una salida al conflicto territorial que no pase por la ruptura sino por la convivencia democrática y libre y los españoles que no quieran darse cuenta de que en esas condiciones es más que probable que la construcción de país se haga sin dificultad de la mano de catalanes y vascos no sólo niegan la realidad sino que favorecen la irreversibilidad del proceso independentista unilateral. Acaso estemos ante una última posibilidad, pero en todo caso no hay reformas territoriales que no pasen por nuevos estatutos (en el más conservador de los imaginarios) que en todo caso conllevarían referendos. Por tanto,el desbloqueo (en cualquier escenario que pueda imaginar nadie) pasa por diálogo y consulta con las máximas garantías democráticas.
Si se cuaja un gran acuerdo de país que resuelva estas tres cuestiones lo de menos será la guinda de la investidura. Quien no quiera abordar estas tres crisis tendrá que decir por qué y estará negándose a resolver la crisis de su país. En cambio, haciéndoles frente habrá sólidos cimientos para emprender la gran tarea histórica de construir el nuevo país que las urnas comunican. Para eso no sólo tenemos un Congreso gobernable sino que es probablemente uno de los mejores posibles para garantizar ese proceso. Si lo que nos preocupa es simplemente quien se siente en Moncloa a continuar las políticas generales que nos trajeron hasta aquí, entonces sí que el Congreso es imposible, porque es un Congreso como el país y el país no está en este momento de su Historia para esas pequeñeces.
